Todos los Consejos de Ministros han tenido fuego cruzado. De hecho, es habitual que los protagonistas de estos choques sean titulares de carteras económicas. Que se lo digan a Cristóbal Montoro y Luis de Guindos o a Nadia Calviño y Yolanda Díaz durante la negociación de la reforma laboral. La política al más alto nivel genera disfunciones y en épocas de crisis esos problemas brotan y se hacen más evidentes. El Gobierno de Sánchez no es ajeno a estas circunstancias; de hecho, durante esta semana el Ejecutivo de coalición ha cambiado de marcha en el terreno económico, acelerando planes para recuperar la iniciativa política tras el mal resultado de la izquierda en las elecciones de Andalucía, y ha evidenciado aún más estos roces. El ciudadano ha recibido mensajes contradictorios propios de un periodo de incertidumbre donde Moncloa y los ministerios están arriesgando obligados por la galopante inflación.
El lunes Sánchez tomó la decisión: había que activar ya el segundo decreto para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. El escenario que maneja en este momento el Gobierno es de un conflicto largo, posiblemente de una década, indica un miembro del Consejo de Ministros a La Información. Fue prácticamente el tiempo que la antigua URSS estuvo en Afganistán y no se descarta en la sala de máquinas del Ejecutivo un escenario similar en el país presidido por Volodimir Zelenski. Una guerra de distinta intensidad pero larga y con consecuencias económicas impredecibles que obligan a seguir trabajando con un horizonte de práctica economía de guerra.
El Gobierno ha tenido un intenso debate interno para poder concretar el decreto que alumbrará este sábado el Consejo de Ministros. Hasta última hora no han quedado claras las medidas. Ha habido discusión política por, por ejemplo, el cheque directo para los más vulnerables, y discusión política y también legal por el impuesto a las eléctricas y energéticas. En esta figura fiscal se baraja desde un decreto hasta un proyecto de ley tramitado con carácter de urgencia. El problema es que varios ministros han ido dando su visión en público sobre esta tasa, sin haberse cerrado aún una decisión, y eso ha molestado en Presidencia.
Es habitual que en el terreno fiscal sea la ministra de Hacienda quien tome la iniciativa. El departamento de María Jesús Montero se ha limitado a señalar durante esta semana que todas las opciones están abiertas y que los técnicos siguen trabajando en medidas rápidas y eficaces. Pero al ser un asunto tan importante, que marcará la legislatura por la ofensiva que supone contra las eléctricas, otros ministros se han ido posicionando y es ahí donde han surgido contradicciones. Así, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, sugería que la medida se debatiría en los próximos Presupuestos Generales, que ya se están configurando y cuyo debate será a la vuelta del verano. Pero este extremo fue corregido por otros compañeros del Consejo de Ministros, que transmitieron que la medida se iba a acelerar.
La propia máxima responsable de la política económica, Nadia Calviño, llegaba a declarar que ignoraba la subida impositiva a las eléctricas y energéticas. Pero han sido sus propios compañeros de Consejo de Ministros quienes han hablado abiertamente de la misma. Las dudas las despejaba la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, con un contundente "la decisión está tomada y comunicada". En efecto, fue la propia Hacienda quien en una reunión el martes del Foro de Grandes Empresas transmitía al Ibex en general que el Gobierno está pergeñando esta figura fiscal. Horas más tarde la propia Calviño tuvo que admitir que sí se está trabajando en esa tasa.
El impuesto a las eléctricas se ha ido incorporando, por tanto, a los argumentarios del Gobierno a lo largo de la semana como una de las iniciativas más destacadas de cara a la última parte del segundo mandato de Sánchez. Por eso tampoco se terminaron de entender en el seno del Gobierno las declaraciones de la misma Ribera afirmando que la iniciativa no va a resolver el problema de los precios de la luz. La intención del Ejecutivo con este movimiento fiscal no es solucionar la emergencia energética sino conseguir un extra de recaudación para poder sufragar nuevas medidas anticrisis. Moncloa no quiere que haya disfunciones, sino unidad.
Malestar con Yolanda Díaz
La decisión de Moncloa es que Sánchez capitalice todos los anuncios económicos que vienen. Este sábado se encargará él de los anuncios y por eso molestó especialmente en Presidencia el movimiento que protagonizó Yolanda Díaz el mismo lunes, horas después de la cita con las urnas en Andalucía. La vicepresidenta segunda publicó un hilo en Twitter desvelando las medidas que ha negociado la coalición, Moncloa no lo entendió y se lo hizo saber. Era la primera vez que Díaz adoptaba una táctica de presión más propia de Podemos que de ella. Al día siguiente la propia Díaz tuvo que aclarar que se trataba de propuestas ya conocidas y viejas reivindicaciones de Unidas Podemos ante el revuelo que ocasionó.
La reacción del PSOE fue la de mantener distancias durante toda la semana con el equipo negociador de la Vicepresidencia segunda. El miércoles avisó a última hora, apenas unos minutos antes, de que Sánchez iba a desvelar en la sesión de control que el decreto incluiría la rebaja del IVA de la luz al 5%. Presidencia llamó a Josep Vendrell, jefe de gabinete de Díaz, y a Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, sin apenas margen de maniobra. Además, durante toda la semana el área socialista ha ido enfriando el cheque directo a los más vulnerables, propuesta de Unidas Podemos. El mensaje es claro: a Moncloa no le gusta que el socio minoritario de la coalición radie en público las negociaciones.
De Pegasus a la Cumbre de la OTAN
Estos choques no son nuevos. El Gobierno de coalición lleva un segundo trimestre de cierta tensión. No es que la asociación corra peligro, ya que el entorno de Sánchez transmite prácticamente a diario que su intención es llegar a diciembre de 2023 unidos. Pero sí ha habido algún momento incómodo. Especialmente tenso fue el día que Moncloa decidió enviar armas directamente al Gobierno ucraniano, postura apoyada por Yolanda Díaz pero no por Podemos. O la decisión de Ione Belarra de desmarcarse de la Cumbre de la OTAN de la próxima semana. De cara a este importante evento en Madrid, Podemos ha decidido finalmente enviar a dirigentes de segundo nivel a las manifestaciones antimilitaristas, como un gesto hacia sus socios en plena emergencia por la inflación. No es el caso de Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030 y líder del PCE, que no ha querido disimular su disconformidad con el evento de la alianza atlántica en la capital y lidera la oposición al mismo.
En el Gobierno aún colea el enfrentamiento que vivieron dos ministros 'pata negra' de Sánchez a cuenta de la crisis provocada por Pegasus. Fueron Félix Bolaños y Margarita Robles quienes tropezaron en un cruce de reproches tras conocerse que el móvil de Sánchez fue espiado. El presidente ordenó poner orden después de varios días de reproches. A Sánchez, dejan claro en su equipo, le molestan especialmente los pisotones internos en su Gobierno.
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