Último trámite antes de tomar una importante decisión. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el último fleco de la caja 'B' del PP, tiene que resolver si los indicios recabados en la causa abierta sobre las donaciones realizadas por empresarios a la formación política son suficientes para llevarla a juicio o, por el contrario, deben ser archivados (otra vez) por no ser constitutivos de delito. Para ello, ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones que se pronuncien sobre si los investigados, y quiénes de ellos, deben sentarse ante un tribunal por estos hechos que tienen su origen en los conocidos 'papeles de Bárcenas'.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha hecho tal petición justo después de recibir el último informe pericial solicitado a los expertos de Hacienda para aclarar si los donativos al PP tenían carácter finalista, es decir, si se dieron con el objetivo de conseguir a cambio una adjudicación pública. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) presentó a finales de la semana pasada el análisis que quedaba pendiente, desde hacía más de un año, relativo a las obras públicas que varios ministerios del último gobierno de José María Aznar concedieron a empresas como Constructora Hispánica o Degremont, cuyos administradores aparecen en la contabilidad paralela que el extesorero del PP Luis Bárcenas controló durante 20 años.
Un informe cuyas conclusiones difieren de lo indicado previamente por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que en 2020 solicitó al juez poder investigar la relación de las licitaciones que habría conseguido Alfonso García Pozuelo-Asins, exdueño de Constructora Hispánica, con sus donaciones. Este constructor es conocido en la causa por haber confesado en varios de los juicios de la trama 'Gürtel' las irregularidades en las adjudicaciones y el pago de mordidas. Según las anotaciones manuscritas de Bárcenas, este empresario 'arrepentido' hizo diversas entregas de dinero, lo que para la Policía podría ser signo de los 23 contratos que consiguió de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, entre los años 2000 y 2004, por casi 600 millones de euros.
Sobrecostes, pero legales
Para la IGAE, los expedientes de contratación examinados desprenden que hubo sobrecostes, pero señala que estos entraban dentro de la legalidad aplicable. De esta manera, los peritos de Hacienda evitan hacer algún tipo de conexión entre las donaciones y las licitaciones, que es el principal objeto de esta investigación. Así, tras tener estos últimos datos que faltaban en la causa, el juez Pedraz dictó una providencia para dar traslado de los mismos al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado y al resto de las partes personadas "a los efectos oportunos", según ha podido saber este diario.
Fuentes jurídicas explican que, debido a que el magistrado ya declaró el fin de la instrucción en julio de 2021 y que solo quedaba por recibir este análisis de Hacienda, lo que se pide a las acusaciones es el repaso de toda la documentación obrante en el sumario para que se pronuncien sobre si ven indicios de delito o no. También las defensas pueden utilizar este mismo trámite para solicitar su archivo, alegando que no hay pruebas suficientes para proceder contra ellos. Será a partir de entonces cuando el juez dicte la resolución por la cual se procesa a los investigados o se da carpetazo al asunto. Es cierto que el instructor puede tomar esta decisión de oficio, pero lo habitual es esperar a que se pronuncien las partes, sobre todo la Fiscalía, ya que suele conocer la causa en profundidad.
Cabe recordar que el anterior juez del 'caso Gürtel', José de la Mata -que ahora desempeña su labor en Eurojust- acordó archivar esta parte de la caja 'b' del PP y mandar solo a juicio lo relativo a la financiación irregular de las obras de la sede nacional del PP, procedimiento en el que Bárcenas fue condenado a dos años de prisión -que se suman a los 29 años y un mes de de cárcel que cumple por la primera época de la trama-, y la formación política al pago de 123.669 euros como responsable civil subsidiario. Una sentencia que aún no ha adquirido firmeza por parte del Tribunal Supremo.
Distintas confesiones
No obstante, el entonces juez instructor se vio obligado a reabrir los hechos que quedaron fuera de la vista oral, después de que el líder la 'Gürtel', Francisco Correa, revelara en 2017, en el juicio por los primeros años de actividades de la red corrupta, que él intermedió ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente para que determinados empresarios lograran adjudicaciones, a cambio de un "dos o tres por ciento" de comisión. Una afirmación que, posteriormente, se negó a repetir ante el juez De la Mata, al considerar que no tenía nada más que añadir.
Quien sí declaró, pero en calidad de testigo, fue el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, que, al igual que confesó durante la vista oral sobre la caja 'b' del partido en la Comunidad Valenciana, aseguró que existía dicha financiación irregular y que todas las secretarías generales regionales asumían las competencias sobre gestión y administración de las finanzas de la formación política, con el conocimiento de los presidentes. Tras esta declaración, el exdirigente 'popular' pidió al juez protección tras denunciar que estaba recibiendo amenazas anónimas desde que desveló el pago de comisiones de empresarios.
Causas entremezcladas
De hecho, la investigación sobre las donaciones al PP ha sido un totum revolutum, al cruzarse diligencias procedentes de otras causas de corrupción que afectan al PP como 'Púnica', en el que se ha investigado la existencia de una financiación irregular en el PP de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre -quien ha sido exonerada-, o el 'caso Lezo', sobre las irregularidades en el Canal Isabel II gestionado por el expresidente madrileño Ignacio González. También se han compartido algunas de las pesquisas practicadas sobre la 'operación Kitchen', que se ha instruido en el marco del 'caso Villarejo', para acreditar que este operativo se urdió para arrebatar al extesorero 'popular' toda la información comprometedora que guardaba sobre el partido y no llegara a la Audiencia Nacional.
Precisamente la declaración de Bárcenas fue una de las últimas que el juez Pedraz tomó antes de acordar el fin de la investigación sobre la caja 'b' hace casi año y medio. Justo antes de que se iniciara el juicio sobre el pago en negro de la reforma de la sede del partido, el extesorero se comprometió a confesarlo todo. Y en este contexto, afirmó que los ministros de Fomento y Medio Ambiente, y sus secretarios de Estado, durante el último mandato de Aznar estaban al tanto de que algunos empresarios hacían donaciones como método de garantizarse obras públicas.
Una práctica que describió como una "suerte de lobby", pero sin poder aportar ninguna prueba de lo manifestado, ya que, según insistió el otrora senador y gerente del PP, el operativo parapolicial que organizó el comisario jubilado José Manuel Villarejo junto a la entonces cúpula policial le robó toda la documentación sobre ello. Así, recordaba que él y su familia fue víctima de dicha operación de espionaje, por la que ha solicitado 41 años de cárcel contra los procesados, entre los que se encuentra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
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