El juez del 'caso Abengoa' está analizando una nueva querella presentada por más de 500 afectados. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si debe abrir una causa nueva, o ampliar el procedimiento ya abierto por la presunta manipulación de las cuentas del grupo industrial, para esclarecer si la cúpula liderada por Gonzalo Urquijo maniobró para descapitalizar la empresa, lo que habría generado pérdidas a los accionistas minoritarios superiores a 31 millones de euros. Así, en caso de que el Ministerio Fiscal apoye indagar también en estos hechos, el magistrado solicita que señale qué diligencias considera pertinentes realizar para iniciar la investigación, según han informado fuentes jurídicas a La Información.
Así lo ha hecho el magistrado tras recibir una nueva querella presentada por pequeños ahorradores e inversionistas, representados por el despacho Iuris&Factor, que se dirige contra el expresidente de la compañía Gonzalo Urquijo y los miembros del entonces consejo de administración, compuesto por José Luis del Valle Doblado, Manuel Castro Aladro, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jauregui, Pilar Cavero, Josep Piqué y Josep Borell, entre otros. Se les atribuye una docena de delitos, como el de falsificación de documento mercantil, estafa, varios delitos societarios, administración desleal, alzamiento de bienes, insolvencia punible y corrupción entre particulares.
El juez de la Audiencia Nacional investiga desde hace seis años a la compañía sevillana, ya disuelta y en fase de liquidación, a raíz de una primera querella presentada por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, que denunció la presunta ocultación de la realidad contable a través de las filiales Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía, entre 2014 y 2016. La causa, conocida como 'Abengoa II', ha tenido varias idas y venidas. El instructor sospecha que se escondió de manera sistemática las pérdidas de activos y que se habrían incluido certificaciones de obras no suficientemente acreditadas -por valor de al menos 4.514 millones de euros- para provocar una "notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad".
Por este motivo, en febrero de 2020, a petición del mismo grupo de acreedores que presentó la denuncia inicial contra el expresidente de la empresa andaluza Felipe Benjumea -hijo del fundador- y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega, el juez Moreno acordó ampliar el caso apuntando hacia la propia Abengoa y Deloitte, auditora que analizó las cuentas anteriores al "colapso" de 2015. La investigación tuvo un fuerte impulso en abril de 2021, cuando la Guardia Civil irrumpió en la sede central de la compañía en el complejo Campus Palmas Altas de Sevilla en busca de documentación relevante sobre la época del que fuera máximo responsable del grupo de ingeniería.
De forma paralela, la Audiencia Nacional rechazó, en marzo de 2021, investigar la querella que un centenar de accionistas de Abengoa junto a Inversión Corporativa -liderada precisamente por Benjumea- interpusieron contra la gestión de Gonzalo Urquijo y su Consejo por presuntamente diseñar un plan para dejar que la empresa se hundiera. Así, se devolvió la causa al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Sevilla, dirigido por la juez Reyes Flores, quien, tras tratar de inhibirse en favor del órgano central localizado en Madrid hasta en dos ocasiones, ha puesto en manos del Tribunal Supremo el conflicto de competencia, según informó el Diario de Sevilla, al entender que el procedimiento tiene alcance a nivel nacional, debido a que los accionistas querellantes son de varias provincias españolas.
Más de 1.000 páginas
Tras todo ello, el magistrado instructor ha recibido recientemente otra querella de más de 530 afectados, de los cuales la mayoría provienen de la sindicatura de accionistas AbengoaShares -liderada por Clemente Fernández, que ha preferido mantenerse al margen de esta actuación judicial-, que está examinando antes de decidir si se abre una nueva línea de investigación. Los querellantes acusan a Urquijo y su equipo de haber organizado un "entramado", cuyo objetivo habría sido "enriquecerse con la destrucción de Abengoa".
Según explicó en un comunicado el despacho de abogados que defiende los intereses de accionistas, "todo comenzó tras las reestructuraciones financieras de la empresa, que supusieron la asunción de pérdida de valor del capital flotante del 95%". A lo largo de 1.200 páginas, y apoyado en documental de más de 50.000 folios, la querella refleja hechos que, a juicio de sus impulsores, tienen importante "relevancia penal", como es la de discordancia de las actas de las votaciones que aprobaron las reestructuraciones, la entrega de activos a acreedores y su reventa en poco tiempo con "impúdicas plusvalías", el "pago de favores" a ciertos consejeros o el intento de venta del patrimonio de Abengoa a sociedades insolventes.
Asimismo, para justificar todo ello, los querellantes presentan hechos que, en su opinión, servirían como prueba de lo denunciado. Así, destacan la solicitud de concurso y las sanciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la excotizada por no presentar las cuentas anuales, al tiempo que recalca el uso de "información privilegia" por parte de algunos consejeros para realizar concretas actuaciones como la venta de acciones.
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