Las comisiones millonarias por la compra de mascarillas para el Ayuntamiento de Madrid serán investigadas. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Aldolfo Carretero, ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Luis Medina, hijo del fallecido duque de Feria y Naty Abascal, y su socio Alberto Luceño, a quienes se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por inflar los precios del material sanitario que adquirió en el marco de tres contratos públicos en marzo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de coronavirus.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado tomará declaración como investigados a los dos empresarios que intermediaron en la compra de mascarillas, guantes de nitrilo y test rápidos; así como a los testigos necesarios para esclarecer los hechos, ente otras diligencias que se acordarán en el marco de la instrucción. Asimismo, el magistrado instructor ha ofrecido al Ayuntamiento de Madrid personarse en procedimiento, cuyas diligencias no son secretas. Precisamente, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, anunció este miércoles tras conocerse la querella de Anticorrupción, que se personaría en la causa como perjudicado para "ejercer todas las acciones que correspondan para que en caso de que hubiera habido una estafa, el Ayuntamiento de Madrid pueda recuperar el dinero".
Según se desprende de la querella, el Consistorio, a través de la empresa municipal de servicios funerarios, abonaron 11,9 millones de dólares (unos 10,9 millones de euros) en un total de nueve facturas pagadas, entre el 24 de marzo y el 6 de abril de 2020, a los dos empresarios con motivo de tres contratos públicos que se firmaron para la adquisición de material sanitario en el mercado chino, en un momento donde había mucha escasez y dificultad para conseguirlo. En este contexto, Anticorrupción relata la dinámica empleada por Medina y Luceño para inflar los precios con el fin de ocultar las comisiones irregulares que alcanzaron los 6 millones de dólares. "Actuaron de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico", resalta.
El escrito explica que Luis Medina fue quien se encargó de lograr un acercamiento con el Ayuntamiento, aprovechando su condición de personaje público y su supuesta amistad un primo del alcalde madrileño, algo que el propio Martínez-Almeida ha negado. Según explicó a los medios de comunicación, el contacto llegó a través de una conocida de su familiar que le comentó que el hijo del duque de Feria y Naty Abascal "tenía interés en hacer llegar al Ayuntamiento que tenía capacidad de poder suministrar material sanitario". El familiar del primer edil se limitó "a darle un correo electrónico", indicándole que ese era el "cauce oficial donde se estaban recibiendo la infinidad de ofrecimientos" en aquellos duros días, según la versión del dirigente 'popular'.
Tras entablar los contactos, las negociaciones se hicieron directamente con la consejera Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (participada al 100% por el Ayuntamiento). Así las cosas, según destaca el Ministerio Público en su querella, Luceño fue el encargado de cerrar los detalles de precios y características de los productos, pues se presentó como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático y como agente exclusivo de la empresa malaya que se utilizó para la operación. Sin embargo, para la Fiscalía esta descripción entra dentro de las artimañas del empresario para engañar a la funcionaria pública. "En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya, ni actuaba movido por ninguna intención altruista", asegura el escrito.
Coches, relojes, un piso y un yate
Así, gracias a los contratos públicos, Luceño y Medina consiguieron beneficios de hasta 6 millones de dólares, tocando el primero a cinco millones y su socio a un millón de dólares, que posteriormente gastaron en artículos de lujo, según cuenta Anticorrupción. De este modo, Luceño costeó una estancia de hotel en Marbella (Málaga), del 10 al 16 de agosto de 2020, por la que abonó 60.000 euros. También compró tres relojes de la marca Rolex por el total de 42.450 euros. A la 'lista de la compra' se sumó una vivienda con tres plaza de garaje y trasteros en Pozuelo de Alarcón (Madrid) -municipio con la renta per cápita más elevada- por 1.107.400 euros; y 12 coches de alta gama (Aston Martin, Ferrari, Mercedes, Range Rover, KTM, BMW, Porsche, Lamborghini y McLaren) por el valor total de 2.062.798 euros.
Por su parte, el dinero que obtuvo Medina con la compra de material sanitario lo invirtió en un yate modelo Eagle 44, llamado "Feria", en honor al título nobiliario de su familia y del que se presumió en las revistas del corazón. Lo registró en Gibraltar a nombre de la sociedad que tiene con su hermano Rafael Medina Abascal, actual titular del ducado. El coste del velero fue de 325.515 euros, a lo que se sumó la compra de dos bonos bancarios por 200.000 euros cada uno.
Precios inflados y material defectuoso
Con todo ello, el juez de Madrid Adolfo Carretero investigará si los dos empresarios españoles estafaron al ayuntamiento madrileño, tal y como apunta la Fiscalía Anticorrupción. La querella afirma que los precios de la remesa de un millón de mascarillas tipo KN95 se inflaron hasta un "148% del precio real del producto". En concreto, la empresa municipal de servicios funerarios abonó 6.689.300 millones de dólares, de los cuáles tres millones se transfirieron a la cuenta de Luceño y otro millón a la de Medina. Así, el Ministerio Público concluye que "el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 millones de dólares y que los querellados lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 de dólares".
El segundo contrato estaría relacionado con la compraventa de un lote de 250.000 guantes de nitrilo. Según la Fiscalía éstos eran "ínfima calidad y solo llegaban hasta la muñeca", tanto es así que se quejó y exigió una rebaja del coste. Finalmente, los empresarios decidieron devolver 4.025.000 millones de dólares "para intentar contentar al Ayuntamiento de Madrid". Pero para los investigadores, el 'quid' de la cuestión está en que su valor también fue elevado hasta "un 426%". El coste real del par de guantes era de 0,38 dólares, si bien se vendieron por dos dólares, estimando conseguir así una comisión 4.050.000 millones de dólares. Cabe destacar que el reintegro del monto pagado es menor, ya que Luceño repercutió sobre la empresa madrileña los 25.000 dólares de penalización que la empresa malaya le impuso por el fracaso de la operación.
Por último, sobre la adquisición de 250.000 test rápidos Covid-19, Anticorrupción recalca que eran "defectuosos" e "inservibles". En total se pagaron por ello 4,2 millones de dólares con el objetivo de obtener un cobro neto de tres millones de dólares. En esta operación, Medina participaría solo en el reparto de 915.000 dólares, mientras que Luceño previó llevarse el resto sin que su compañero de negocios tuviera conocimiento de ello, según indica la querella. Sin embargo, como consecuencia de la renuncia a las comisiones en la operación de los guantes, éste decidió que su socio no recibiera su parte pactada. Cabe destacar que en esta parte del contrato también hubo roces con el Ayuntamiento, que pidió devolver un lote debido a que solo 75.000 de ellos tenían un "nivel de sensibilidad aceptable". Luceño se negó a ello, escudándose en que el vendedor no lo aceptaría, y se comprometió a enviar una nueva remesa de reactivos para realizar los test con eficacia, los cuales no constan que hubieran llegado.
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