El juez alarga dos meses el caso Púnica tras el virus y fija el fin el 27 de agosto

El magistrado del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha reactivado el procedimiento en el que se investiga una presunta caja b en el PP madrileño y ha fijado el próximo 27 de agosto como fecha final de la instrucción. Se trata de una decisión que adopta el juez un día después de que se reanuden los plazos procesales, paralizados tras decretarse el estado de alarma el 14 de marzo. De este modo, da impulso a una de las principales causas de corrupción y determina que prorrogará los plazos 82 días más, que son los mismos que ha estado paralizada la causa por la crisis sanitaria. 

La trama que salpica a exdirigentes del PP madrileño como Francisco Granados, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes, contaba con fecha límite el 6 de junio, es decir, este mismo sábado. La Sala de lo Penal fijó este plazo corrigiendo el criterio del instructor, que en un principio estableció 2022 como tope máximo para terminar de instruir un caso considerado por la Fiscalía Anticorrupción como "extremadamente complejo". Ahora, el magistrado plasma su criterio en una providencia de este mismo viernes recogida por La Información, en la que aclara que alargará la instrucción única y exclusivamente el tiempo que ha estado paralizada. 

Igualmente, da impulso a parte de las pesquisas que se quedaron en el aire, como es el caso de la investigación relativa a los negocios de la trama en Valdemoro, epicentro de la red. El instructor se hace eco de la decisión de la Sala de lo Penal de reabrir esta parte de la macrocausa, tal y como pidió Anticorrupción, y ordena practicar las diligencias que solicitaron las fiscales. Aunque consideró en un principio que esta pieza no tenía más recorrido al estar los hechos prescritos, la Sala dio la razón a Anticorrupción y dijo que la investigación por el PGOU de 2004 en la localidad de la que fue alcalde Granados así como las adjudicaciones del consistorio del que era edil Granados no está prescrita.

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Requerimiento a Fundescam

García Castellón vuelve a requerir a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) para que responda acerca de unas diligencias solicitadas por Cifuentes. Las pesquisas realizadas desde el estallido de esta causa en 2014 demostrarían que este organismo se habría empleado por los acusados para desviar fondos públicos a la caja del PP madrileño. Cifuentes, por su parte, negó en su interrogatorio ante el juez el pasado mes de octubre la existencia de una financiación paralela a la oficial en la formación y rechazó irregularidades de la fundación de la que fue patrona Esperanza Aguirre. De hecho, aportó un listado de nombres que habrían formado parte de la fundación, entre los que incluyó al actual presidente del PP, Pablo Casado, líder entonces de las Nuevas Generaciones (NNGG) de la formación.

Prueba de que el magistrado pisa el acelerador para tener la causa instruida en dos meses, es que libra oficio a expertos del Ministerio de Fomento y de Hacienda para que informen de las pericias acordadas en esta causa "a la mayor brevedad posible". Además, tiene pendiente volver a citar en sede judicial a testigos propuestos por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza que investiga la presunta caja b de la formación. El parón judicial dejó en el aire las declaraciones del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; su homólogo en Boadilla del Monte Arturo González Panero (conocido como 'el Albondiguilla') e Isabel Jordán, esta última exempleada de una de las empresas de Francisco Correa, quienes en un principio fueron llamados a declarar los pasados 14 y 15 de abril.

Durante este tiempo se han ido presentado escritos al juzgado como el aportado recientemente por Manuel Lamela. El exconsejero del Gobierno de Madrid pidió el archivo de su causa desvinculándose de la presunta red del 1% que habrían aplicado los acusados a la licitación de obras de hospitales y centros de salud en la Comunidad de Madrid. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, por su parte, declinó la petición y  apuntó que los hechos que se indagan en esta pieza son "graves" y están relacionados con una trama de corrupción que tiene "múltiples ramificaciones". A diferencia de Lamela, el presidente de Prisa Javier Monzón si obtuvo el archivo definitivo de la Sala de lo Penal, la cual respaldó al instructor y consideró que no pesaba sobre él ningún indicio de delito por presuntas irregularidades en Indra.

Con todo, los investigadores acelerarán para dar por terminado el caso que arrancó en octubre de 2014 con la detención de Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, además de ediles de varias localidades de Madrid. La causa ha ido creciendo estos años hasta desgajarse en un total de 11 piezas que aglutinan más de un centenar de acusados. Algunas de ellas están casi terminadas, como la relativa a Alfedel (sobre presuntos amaños en la adjudicación de construcción de colegios) o Cofely (que salpica a una decena de municipios madrileños por adjudicaciones irregulares a la firma francesa). Otras, como la presunta caja b del PP madrileño siguen todavía su curso y mantienen la lupa en la presunta responsabilidad penal que pudieron tener en estos hechos Esperanza Aguirre y Cifuentes.