El juez amplía el informe sobre Pegasus a los teléfonos de Marlaska y Planas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido una ampliación de la denuncia solicitada por la Abogacía del Estado en relación con la infección con la herramienta Pegasus de los dispositivos móviles utilizados por los ministros del Interior y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. Calama toma esta decisión una vez recibido el escrito de la Abogacía del Estado en el que se informa de que los dos teléfonos móviles sufrieron la infección en el mes de junio de 2021, según se desprende de los dos informes elaborados por el Centro Criptológico Nacional.

La pasada semana, Calama decretó el secreto de esta investigación a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras admitir a trámite la inicial denuncia de la Abogacía del Estado sobre la infección de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Según dos informes del Centro Criptológico Nacional, se sabe que, en el caso del presidente, la infección del móvil tuvo lugar el 19 y el 31 de mayo de 2021; y en el mes de junio en el caso de Robles, y que actualmente ninguno de los móviles analizados "presenta indicadores de infección en curso de Pegasus". 

Las denuncias y querellas de los independentistas por los espionajes a través de Pegasus están repartidas por varios tribunales, incluso esparcidas por varios países. Una de ellas fue interpuesta en los juzgados de Madrid por Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que directamente se ha dirigido contra NSO Group, la empresa israelí creadora del 'software' informático. El decanato de los juzgados de situados en la madrileña Plaza de Castilla ya ha repartido esta iniciativa judicial, recayendo finalmente en el Juzgado de Instrucción número 29, dirigido por la magistrada Cristina Díaz Márquez. Una magistrada que ha desarrollado su carrera profesional entre la justicia y puestos técnicos en el ámbito político, entre los que destaca la Dirección General de Política Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy.

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Según han informado fuentes jurídicas a La Información, la magistrada ha recibido la querella que Boye presentó el pasado 3 de mayo por los 18 ataques con Pegasus que recibió, según el informe de The Citizen Lab, entre enero y mayo de 2020 y el 30 de octubre de ese mismo año, "a través de mensajes SMS que contenían un enlace 'malicioso' ('malware') , disfrazado de notificaciones de Twitter". Por el momento, la magistrada no ha tomado ninguna decisión sobre si admite a trámite esta denuncia o la rechaza de plano, por lo que se espera que en los próximos días pregunte a la Fiscalía si debe abrir una investigación y practicar todas las pruebas que solicita el denunciante para averiguar quien estaría detrás del presunto espionaje.

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Según explica la querella, las fechas en la que se produjeron los sucesivos ataques a los dispositivos móviles de Boye "no resultan casuales". Con respecto al último ataque, recalca que "tan solo 48 horas antes" tuvo lugar la detención de uno de sus clientes, Josep Lluís Alay, uno de los colaboradores más cercanos a Puigdemont, en el marco del 'caso Vóljov', que investiga la relación de altos cargos independentistas y representantes del Gobierno de Vladimir Putin. En cuanto a las otras infecciones, el abogado destaca que mantuvo diversas videoconferencias, debido a las restricciones sanitarias como consecuencia de la pandemia, con líderes independentistas y sus abogados. A todo ello añade que el 28 de mayo de ese mismo año tuvo lugar en Francia la audiencia de extradición del exdirigente de ETA Josu Urrutikoetxea, más conocido como Josu Ternera, a quien también defiende, por lo que en fechas previas y posteriores mantuvo importantes reuniones con

Estos hechos deberán ser analizados por la juez Cristina Díaz, exportavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Madrid, y que ha ocupado varios puestos políticos bajo gobiernos 'populares'. Según se puede comprobar en su currículum, publicado por el Ministerio del Interior, inició su andadura como juez en marzo de 2001, logrando casi dos años más tarde el ascenso a la categoría de magistrada. No obstante, en septiembre de 2003, dejó aparcada la carrera judicial durante unos meses para colaborar con el Ministerio de Justicia de José María Michavila en los estudios para la Modernización de la Administración de Justicia que desarrollaba la Secretaría de Estado de Justicia, que entonces dirigía el también exministro de esta cartera Rafael Catalá. En 2004 desempeño funciones de magistrado-asesora de dicho departamento.