'Carpetazo' judicial. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha acordado el sobreseimiento y el archivo de la causa abierta en relación con un ático que compró el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en Marbella, junto con su esposa, en diciembre de 2012. En la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado afirma que no ha quedado acreditada la perpetración de los delitos de que se les acusaba, por lo que procede a decretar el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.
En esta causa se han investigado presuntos delitos de blanqueo y cohecho y las pesquisas estaban dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el inmueble a González y su mujer, quienes primero, en 2008, lo alquilaron a la sociedad Coast Investors -constituida en Delaware (EEUU)- por 2.000 euros mensuales; y ya en diciembre de 2012 lo adquirieron por 770.000 euros. La Fiscalía pidió en diciembre pasado el archivo del caso, según recuerda Europa Press.
Ahora, el juez señala que la instrucción ya está "agotada", por lo que rechaza practicar más diligencias; y señala que no se ha acreditado lo que apuntarían las acusaciones populares de que el arrendamiento era un contrato simulado y lo que supuestamente subyacía era un regalo de Cerezo por favorecerle, bien en la adjudicación de canales de televisión digital o en la venta de derechos audiovisuales por parte del club a la Radio Televisión Madrid.
"Si bien de las diligencias se desprende tanto la compra de los inmuebles radicados en Estepona por parte Coast Investors en 2008, así como el posterior arrendamiento en favor de la mujer de González, lo cierto es que, a pesar de la ardua instrucción llevada a cabo en el presente procedimiento durante más de siete años, no se ha conseguido acreditar la procedencia del dinero utilizado", indica el auto respecto al delito de cohecho.
Así, el juez apunta a "la inexistencia de indicio alguno en la comisión de dicho ilícito respecto de los tres investigados", ya que "ningún vínculo se infiere" entre, por un lado, el contrato de compraventa de 2008 entre Coast Investors y el anterior propietario y los contratos de arrendamiento de esa sociedad con la mujer de González, y, por otro lado, la actuación del expresidente madrileño en los contratos o adjudicaciones en los que interviniera directa o indirectamente Cerezo.
En este sentido, se añade que "no existen indicios que permitan sostener que el origen del dinero utilizado por la sociedad estadounidense reseñada provenga de Cerezo o de cualesquiera de las entidades de las que es -o era- titular, partícipe o presidente", por lo que se procede al sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de dicho delito de cohecho.
En cuanto al blanqueo de capitales, señala la resolución que "no sólo no constan en el procedimiento indicios sobre la existencia de un delito antecedente del cual procedería el dinero utilizado" por González y su mujer para la adquisición de los bienes inmuebles, "sino que tampoco existen indicios de que el dinero utilizado tuviera un origen ilícito".
El juez explica que en los informes policiales de mayo de 2019 "se alude al origen no sospechoso de los fondos empleados", atendiendo, entre otros documentos, a la escritura pública en la que se formaliza la compraventa y al finiquito percibido por la mujer de González en 2011, "de los que se infiere cómo se financió la compra, sin que pueda vislumbrarse que el dinero utilizado en la adquisición no sea lícito". Por esto también archiva respecto al delito de blanqueo.
A lo largo de esta instrucción se han aportado distintos informes policiales y de la Agencia Tributaria, además de enviarse numerosas peticiones de información internacional para conocer la situación patrimonial de las entidades que formaban la sociedad Coast Investors, así como las cuentas bancarias y activos. Asimismo, declararon los investigados y testigos, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Asimismo, respecto a la conexión con el caso 'Lezo', aunque el Juzgado de Estepona acordó en 2018 la inhibición del procedimiento al Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, para que se uniera a dichas diligencias, tras solicitarlo la Fiscalía, la Audiencia de Málaga revocó esa decisión y estimó que el órgano judicial de Estepona continuara con el caso, admitiendo el recurso de los investigados.
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