Nuevas citaciones en el caso Tándem. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha llamado a declarar para el próximo 20 de febrero a los responsables de departamento de investigación forensic en España de la auditora PwC para que aclaren el trabajo realizado sobre los pagos del banco al entramado empresarial de José Manuel Villarejo. Se trata de la primera diligencia que el instructor acuerda una vez levantado el secreto de sumario que se ha mantenido en esta pieza desde su apertura a principios de diciembre de 2018.
Así consta en una providencia de citación a la que ha tenido acceso La Información y en la que, a pesar de su brevedad, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 reprocha a la firma que "ni siquiera" haya identificado a las personas que han llevado a cabo la investigación encargada por el banco en aras a esclarecer las contrataciones con Cenyt. Es por ello que el juez determina que declare en calidad de testigo-perito el socio responsable de forensic en España de PwC, Javier López Andreo; el senior manager de este departamento, Alberto García Martín además de la gerente del forensic en la auditora, Leyre Zayas.
El magistrado quiere escuchar en sede judicial las conclusiones que los expertos plasmaron en sus escritos de investigación de marzo y julio del pasado año. Destaca un primer trabajo del 22 de marzo de 2019 relativo a todos los procesos de selección, adjudicación y contratación de Cenyt por el BBVA y un segundo informe, con fecha de 11 de julio de ese mismo ejercicio, relativo a los procesos de facturación, contabilización y pago de los servicios que prestaron las empresas de Villarejo y Rafael Redondo por un importe total de 10,28 millones de euros.
Facturas al margen del cauce legal
Igualmente, García Castellón le preguntará por el 'informe de situación relativo a las medidas adoptadas para la prevención y detección de delitos por el Grupo BBVA'. Se trata del cómputo de trabajos que Price realizó para el banco y cuyas conclusiones fueron incorporadas recientemente al sumario de esta pieza novena del caso Tándem. De hecho, en el auto por el cual levantó el secreto que pesaba sobre las actuaciones, el instructor expuso que el pasado mes de diciembre se libró un requerimiento a PwC para que aportara a este procedimiento penal toda la documentación que obre en su poder de las contrataciones con Villarejo. Estas diligencias, expuso, requerían la "máxima confidencialidad", con el fin de evitar "intromisiones".
La Fiscalía Anticorrupción se hizo eco del informe de PwC del pasado mes de julio y, al respecto, expuso en su escrito por el cual solicitaba la imputación en el caso del expresidente del banco Francisco González que en las conclusiones plasmadas por la auditora se venía a corroborar la versión mantenida en sede judicial por el que fuera responsable de riesgos, Antonio Béjar. Se refiere el Ministerio Público a las explicaciones que dio el directivo díscolo de la entidad acerca de que las facturas que se abonaron entre los años 2004 y 2017 por los contratos de investigación patrimonial eran "financieras"; es decir, sin un pedido previo y sin que siguieran los cauces normados y automatizados de los sistemas de seguridad.
La cadena de mando
Béjar, que ha declarado hasta en cuatro ocasiones en el marco de su disposición a colaborar con la Justicia, explicó que el banco para el cual trabajó hasta su despido el pasado año era una entidad muy jerarquizada y que las contrataciones se efectuaron bajo la supervisión y dirección de Francisco González y del director de servicios jurídicos, Eduardo Arbizu. Con todo, el entonces presidente de la entidad negó la mayor en sede judicial, expuso que se enteró de todo este asunto en 2018 y que la persona encargada de contratar los servicios del policía fue el también comisario y exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano.
Sobre todos estos asuntos relativos a la contratación y los pagos serán preguntados los responsables de PwC citados por el magistrado para el próximo 20 de febrero además de por las diferentes contrataciones efectuadas con Cenyt. Al respecto, Anticorrupción determinó que los abonos por total de 10,28 millones de euros se efectuaron a una misma cuenta de las empresas del agente encubierto, conceptuando los movimientos de ingreso como 'liquidaciones de factura'. De este modo, concluyeron que el 63% del total de facturas fueron emitidas en calidad de 'financieras' (al margen de los cauces normales del banco) mientras que el 37% restante sí fueron regularizadas por el área de compra. Ello quiere decir que solo este porcentaje figuró como pedido previo del BBVA a Villarejo y se registró, por tanto, en el Global Procurement System (GPS) como facturas logísticas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios