El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo, Manuel García Castellón, todavía tiene diligencias que practicar en la pieza relativa a la compra de Inassa. Por ese motivo ha solicitado a la Comunidad de Madrid que le remita un listado con todos los secretarios generales del equipo de gobierno del entonces presidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón con el fin de citarles como testigos.
Según informan fuentes jurídicas a La Información, el juez instructor, a instancias de la fiscal Anticorrupción del caso, Ana Cuenca, solicita más información sobre estos altos cargos de las consejerías del ejecutivo regional que en noviembre de 2001 dio el visto bueno a la adquisición por parte del Canal de Isabel II de la mercantil colombiana.
De esta manera, el magistrado continúa con las pesquisas en la pieza número 1 de la trama con el fin de averiguar cual era la verdadera información que disponía el gobierno de Gallardón de la operativa, la cual costó 73 millones de euros a la empresa pública de aguas y estuvo, según denuncia la Fiscalía, plagada de irregularidades.
En el marco de esta investigación, el magistrado ya ha tomado declaración en calidad de investigados a todo los miembros del Consejo de Administración del Canal en el momento de los hechos –incluido el exdirector gerente Arturo Canalda- además del núcleo duro del equipo de gobierno de Gallardón, entre ellos su 'número dos' Luis Cobo y el exconsejero de Medio Ambiente Carlos Mayor Oreja.
En sus declaraciones en sede judicial, el entonces presidente de la empresa pública de aguas, Pedro Calvo, y el resto de consejeros coincidieron en que respaldaron la compra de la colombiana porque se les explicó que era una operación muy beneficiosa para el Canal –de hecho la valoran ahora en 200 millones de euros- y dijeron que contaba además con el criterio favorable de los técnicos.
Un año de interrogatorios
Donde no hubo uniformidad de criterio fue en lo relativo a la participación de la sociedad panameña Aguas de América, radicada, según la Fiscalía, en un paraíso fiscal. Aunque la mayoría de consejeros confesaron no tener conocimiento de este extremo, otros sí reconocieron que en la reunión del 14 de noviembre de ese año se les dijo que la compra e realizaría mediante esta empresa pantalla y que la misma se disolvería una vez efectuada la operación.
Tras escuchar la versión de los miembros del Consejo, el juez se interesó entonces por conocer el criterio de los exmiembros del ejecutivo regional. Gallardón, investigado por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, negó que se produjera ilegalidad alguna con la compra del 75 por ciento de la mercantil de Barranquilla y hasta se mostró ofendido ante el juez cuando le preguntaron si había cobrado comisiones ilícitas.
Cobo fue más allá y apuntó que el informe que elaboró Cuatrecasas contrario a esta operativa estaba manipulado y lo ordenó el presunto cabecilla de esta trama, Ignacio González, para utilizarlo como “arma” contra Gallardón. Además, pidió que no se confundiera esta actuación del Canal con la compra de la brasileña Emissao, doce años después ya bajo la presidencia del propio González. La Fiscalía apunta que con esta adquisición, que se investiga conjuntamente en la pieza número 1 de la trama, se desviaron más de 23 millones de euros del Canal.
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