Una semana después de la comparecencia de Sebastián Albella en la Audiencia Nacional, el magistrado que investiga la resolución del Banco Popular ha movido ficha en aras a esclarecer qué papel concreto jugó el presidente de la CNMV en el asesoramiento de la ampliación de capital que llevó a cabo la entidad en 2016. Es por ello que ha dado de plazo una semana al Santander para que aporte al juzgado toda la documentación contractual relacionada con el encargo al despacho Linklaters y para el que Albella prestó sus servicios antes de aterrizar en la presidencia del regulador.
Se trata de una nueva vía que abre el instructor José Luis Calama Teixeira y que también implica al bufete en cuestión porque le requiere que especifique quienes fueron los profesionales del despacho que asesoraron la operación de 2.505millones así como quienes redactaron el borrador de la nota de valores correspondiente a la misma. Con todo, la petición del magistrado se produce después de que el banco que preside Ana Botín, en calidad de heredero del Popular, entregara una batería de documentos tales como la opinión legal de Linklaters en el proceso y el acta del Consejo de Administración del banco del 25 de mayo. La misma recoge la participación de Albella y de su entonces socio Jorge Alegre para explicar los pormenores de su trabajo.
Con todos estos documentos sobre la mesa acudió a declarar Sebastián Albella el pasado jueves 17 de septiembre. El también abogado del Estado, que fue citado en calidad de testigo, minimizó su papel en este encargo y dijo ante los investigadores que su intervención en el consejo fue de índole "técnica y jurídica". Según expuso en sus más de tres horas de testifical, el despacho contó con toda la documentación para estudiar el asesoramiento pero fue Alegre quien se encargó de analizarla. En su caso compareció ante los consejeros para explicarles que, conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se consideraba que actuaban de buena fe si eran debidamente informados sobre el procedimiento en cuestión y si carecían de intereses personales en el asunto.
Los pormenores de la ampliación
Ahora, el magistrado da un paso más y accede a la petición planteada por la defensa de Ángel Ron que ejercen los abogados José Antonio Choclán y Javier Velasco. Precisamente el banquero gallego fue preguntado por este asunto concreto en su interrogatorio ante el juez. En el mismo confirmó que se invitó a Albella al consejo de aquel 25 de mayo porque le interesaba como presidente tomar decisiones "en base a una información suficiente". Por ese motivo, dijo, se contrató como asesor externo a Linklaters. Por su parte, el exvicepresidente del Popular Roberto Higuera también hizo alusión a esta contratación y dijo que el actual presidente de la CNMV concluyó que los consejeros estaban actuando de un modo informado y diligente.
Entre la documental que ya obra en el sumario de la causa figuran las actas del consejo y la opinión legal en la que los antiguos gestores aseguran que se apoyaron para emitir su resolución. El documento fue redactado en inglés y remitido a la Unión de Bancos Suizos (USB), Goldman Sachs y otras entidades que pudieran adherirse a la operación. En el acta se dejaba patente que Linklaters había actuado como "asesores legales" de la ampliación a través de la cual se emitieron más de 2.000 millones de acciones. También anunciaron que se había actuado en base a la legislación española y que el banco tenía la autoridad para cumplir sus obligaciones bajo los acuerdos de emisión y suscripción de acciones. Este aspecto lo recordó Albella en su declaración en la que dijo que nunca una operación de refuerzo de capital debería suponer responsabilidad de ningún tipo para los consejeros siempre que contaran con la información correcta.
Lo que buscan probar los acusados que participaron en la operación de ampliación de capital es que contó con el visto bueno de los asesores externos contratados para ello y que la caída del banco, por tanto, no puede atribuirse a irregularidades de esta operación sino más bien a un problema de liquidez que acució la entidad en la última etapa del banco. Precisamente Albella apuntó en sede judicial de la misma forma que se pronunció en el Congreso de los Diputados asegurando que la resolución de la JUR no se produjo por problemas de solvencia sino de liquidez. No obstante, también respondió por su papel al frente de la CNMV, organismo desde el cual se ha sancionado a la excúpula de la entidad por presunta falsedad en las cuentas del año 2016 y se ha multado a la cúpula de ese ejercicio con un millón de euros por engaño en las remuneraciones de los exconsejeros.
En su declaración en sede judicial, Albella también se pronunció sobre otro de los episodios de relevancia en la causa: las filtraciones que salieron del consejo. El magistrado indaga si se cometió delito de alteración de precios al filtrarse información presuntamente falsa sobre el estado del banco en sus últimos meses de vida para hacer caer el valor de la acción. Al respecto, el presidente de la CNMV dijo que se abrió un expediente en la Dirección General de Medios para investigar los hechos si bien, tras un debate jurídicos sobre el asunto terminaron cerrando las pesquisas porque no se pudo acreditar indicios de abusos de mercado.
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