El magistrado Juan José Escalonilla ha vuelto a cerrar otra línea de investigación en la causa contra Podemos por financiación irregular. El instructor del bautizado como caso Neurona ha archivado las diligencias abiertas contra la gerente y el tesorero de la formación morada para esclarecer si cometieron administración desleal al autorizarse complementos salariales a su retribución. En su auto concluye que no se aprecia la comisión de delito puesto que el Consejo Ciudadano Estatal aprobó estos complementos implementados por Esther Val.
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 explica en su escrito, al que ha tenido acceso La Información, que ha quedado acreditado que tanto Esther Val como el responsable de finanzas, Daniel de Frutos, cobraron dos complementos en sus nóminas por motivos de coordinación (210,32 euros) y coordinación ejecutiva (400 euros). Ahora bien, concluye el instructor tras estudiar si figuraban o no en las tablas salariales del partido que consta acreditado que se tuvo conocimiento del asunto y que estas subidas fueron trasladadas al Consejo Ciudadano Estatal, órgano que aprobó la rendición de cuentas del ejercicio 2019 en junio de 2020.
En las funciones de la gerente, y en base al propio contenido de las
competencias que se le atribuyen, cabe incluir la facultad de creación de complementos salariales.
De esta forma zanja una línea de investigación abierta a tenor de las denuncias interpuestas por la que fuera responsable de Cumplimiento Normativo Mónica Carmona y el exletrado José Manuel Calvente. Ambos alertaron del aumento de sus nóminas así como del reintegro por gastos de desplazamiento y otros conceptos que consideraron "indebidos, desproporcionados y no autorizados". Al respecto, y antes de zanjar esta línea de investigación, el magistrado recuerda que fue la propia Val en su declaración de noviembre la que confirmó que creó estas subidas salariales en su condición de gerente de la formación morada. En su cita en sede judicial explicó que le facultaba para ello al Reglamento General Interno del partido y el techo de gasto salarial recogido en los presupuestos de ese año.
El magistrado refuta esta tesis y explica que "no cabe apreciar" que este reglamento facilite la posibilidad de implementar su sueldo y el de otros cargos ejecutivos. "Tanto la gerente como el responsable de finanzas y Transparencia son cargos ejecutivos del partido que se rigen por la tabla salarial aplicable al resto de empleados (...). Por lo tanto no resulta de aplicación a dichos dos investigados los límites salariales aplicables a los cargos electos de tres salarios mínimos interprofesionales establecido en el año 2019 por el Código Ético de Podemos citado en la denuncia inicial", reza el magistrado, el cual concluye que la cuestión aquí para saber si se ha cometido delito es dilucidar si Val tenía competencias para subirse el sueldo.
Al respecto explica que este complemento acordado también se apreció en nóminas de otros trabajadores por decisión de la gerente y que la extensa documental aportada por el partido permite concluir que efectivamente este movimiento tuvo luz verde. De acuerdo con los estatutos de Podemos, la gerencia tiene entre sus funciones la de formular las cuentas de la formación. Finalmente concluye que el Consejo de Coordinación tuvo conocimiento del gasto de personal correspondiente al año 2019, incluidas la totalidad de las retribuciones devengadas por Esther Val Val y Daniel de Frutos durante ese año. En lo que respecta al reembolso o reintegro de gastos, Escalonilla explica que se trata de gastos que se aprobaron en sus respectivas áreas y que, por lo tanto, también cuentan con la necesaria autorización.
De esta forma da carpetazo a esta línea de investigación que se ha seguido en la causa abierta el pasado mes de julio. Desde entonces hasta ahora se han ido cerrando otras partes como la relativa a los contratos de ABD Consulting, la reforma de la sede de Podemos o la de la Caja de Solidaridad de la formación, si bien esta última ha tenido que ser reabierta por orden de la Audiencia Provincial de Madrid que quiere indagar más acerca del destino de las donaciones de militantes y miembros del partido que lidera Pablo Iglesias. A todo ello se añade que el juez ha abierto tres nuevas diligencias separadas de la pieza principal relativa a Neurona para indagar las denuncias de Carmona. Se trata de la relativa al cobro de las costas procesales de Iglesias, el supuesto uso que hizo Irene Montero de un cargo del partido a modo de niñera y de los pagos a la Escuela Popular Paulo Freire.
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