La magistrada al frente del caso por el 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, ha descartado imputar en este procedimiento por desobediencia al jefe del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cerrando de esta puerta la posibilidad de implicar en este procedimiento penal al alto cargo de Sanidad. Por contra, ha acordado escuchar en calidad de testigos el día 11 de junio a un total de siete convocantes de marchas previstas para el mes de marzo después de que la Guardia Civil apuntara en su atestado que muchos de ellos rehusaron celebrar las protestas a petición, supuestamente, de la Delegación del Gobierno de Madrid.
La magistrada, que investiga si el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, cometió prevaricación con la autorización del 8-M, explica en su providencia de este mimo viernes que ya existen "al menos" otros dos asuntos en los juzgados de instrucción de Madrid contra Simón, motivo por el cual le emplaza a actuar contra él en esos juzgados. Igualmente también rechaza ampliar las actuaciones a otros funcionarios de la Delegación sin identificar a los que se les atribuía delitos de contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades.
Por contra, sí que considera pertinente escuchar en calidad de testigos a los convocantes de marchas para ese mes de marzo pertenecientes a plataformas como la Asociación de Personas Aptas sin ayuda de alquiler, la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón, el colectivo de afectados de Forum Afinsa, o del sindicato CGT Madrid, CGT Zona Sur y CGT Amazon, entre otros. Todos ellos aparecen en el atestado que la Guardia Civil incorporó al caso la pasada semana y a los que entrevistó para averiguar si los motivos de la suspensión se debió a la alarma sanitaria existente en el momento por el avance de la pandemia del coronavirus.
Las llamadas de la Delegación
El atestado policial, que ha provocado un auténtico cisma en el departamento de Interior, apuntaba la existencia de llamadas desde el órgano que dirige José Manuel Franco a algunos de los convocantes para advertirles de que todos estos actos (en su mayoría posteriores al 8-M) no podían celebrarse debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, y siempre según el informe, las llamadas que realizaba un funcionario del órgano advertían de que tenían que ser ellos mismos los que avisaran a Delegación para anunciar que, voluntariamente, descartaban celebrar los actos. Esta situación se repitió en una docena de casos del total de 130 marchas que había previstas en la capital entre los días 5 y 14 de ese mes.
La instructora celebrará la testifical de todos ellos el 11 de junio, un día después de escuchar en calidad de investigado a Franco por delito de prevaricación. Aunque en un principio acordó citarle el día 5, acabó retrasando la fecha a petición de la Abogacía del Estado. Los servicios jurídicos del Gobierno discrepan de la tesis de la investigadores y consideran que se está intentando hacer una causa general por la gestión de la crisis partiendo de "meras hipótesis y sospechas". Por ese motivo, recurrieron el auto de la magistrada del pasado mes de marzo por el que incoaba diligencias ante la Audiencia Provincial de Madrid, que está pendiente de resolver sobre este asunto.
Peticiones de personación
En otro orden de cosas, admite la personación como acusación popular a la Asociación de Consumidores y Usuarios Jose María Mena (ACU) condicionada a que presente poder especial y entregue 1.000 euros de fianza. Esta misma era la que había pedido la imputación de Simón tal y como ya hiciera el denunciante inicial, Víctor Valladares. El anunciante actúa en nombre de la plataforma Afectados por la Gestión del Coronavirus (AGP), la cual figura en la causa como acusación particular. En su caso, atribuyó a Simón los delitos de desobediencia y denegación de auxilio al asegurar que alentó a participar en la marcha del Día Internacional de la Mujer.
Al respecto, y a tenor de las muchas solicitudes de personación que el juzgado de instrucción número 51 está recibiendo, Rodríguez-Medel recuerda que hasta la fecha solo forman parte de este procedimiento la Fiscalía y la Abogacía General del Estado y que los "únicos hechos investigados" en el mismo hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del coronavirus por el delegado del Gobierno en Madrid en relación a las concentraciones y marchas que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo, día en que se declaró el estado de alarma.
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