La titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, ha dejado en libertad al expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ocho meses después de su ingreso en prisión por su implicación en el caso 'Erial' al considerar que ha disminuido drásticamente el riesgo de fuga, según explican fuentes del caso a La Información. No obstante, le impone medidas cautelares tales como prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y comparecencias semanales ante el juzgado.
La instructora atiende de esta forma a la última petición planteada por la defensa del exministro de Trabajo, el cual se encuentra desde finales de diciembre ingresado en el Hospital La Fe de Valencia para recibir tratamiento debido a la leucemia que padece. Sin embargo, en su auto explica que no acuerda esta diligencia por cuestiones médicas sino tras el hallazgo en dos cuentas de Suiza de 6,3 millones de euros, las cuáles ha bloqueado con la orden de que el dinero se ingrese en la cuenta de su juzgado.
Sobre esta cuantía la juez explica que "presunta e indiciariamente" pertenece al expresidente valenciano y a los también investigados Joaquín Miguel Barceló -constructor y amigo íntimo de Zaplana- y su asesor Francisco Grau. Al respecto razona que, "dado la imposibilidad de disposición del dinero" por parte de los tres investigados, el riesgo de fuga queda reducido. Por ese motivo les deja en libertad provisional aunque matiza que se hará efectiva una vez se entreguen los pasaportes.
"Nunca participé en las adjudicaciones de contratos"
Zaplana, por su parte, ha emitido un comunicado al que ha tenido acceso este diario en el que rechaza tener cuentas en el país suizo ni a su nombre ni al de terceros así como haber cobrado "un euro" en comisiones ilegales o sobornos. "Probablemente cometí errores, pero puedo asegurar que nunca cobre ni un euro en sobornos o comisiones ilegales, ni me apropié ni distraje fondos o activos relacionados con la Administración Pública", ha defendido. También ha negado "con rotundidad" su participación en las adjudicaciones de contratos de los que se le acusa haber cobrado comisiones ilícitas.
Ante los requerimientos de su defensa de que le dejaran en libertad o se acordaran medidas tales como arresto domiciliario o la imposición de un medio de control telemático, la juez pidió de oficio a principios de enero al hospital valenciano que remitiera toda la información médica sobre el paciente; una diligencia respaldada por Zaplana quien solicitó que se incorporara más documentación sobre su historial clínico. La misma fue remitida a la Clínica Médico Forense de Valencia para su análisis.
Respecto a su situación médica, la juez explica en el auto que no se acuerda la libertad por este asunto; es más, de hecho expone que "su enfermedad no le vincula de forma perpetua La Fe" por habérsele hecho allí el trasplante, sino que "podría recibir el mismo tratamiento y control en otros países muy avanzados" y en los que es difícil conseguir extradiciones, por la legislación y convenios suscritos; es decir, en paraísos fiscales.
La decisión de la instructora de manternerle preso en el centro penitenciario de Piccasent desde su detención el pasado mes de mayo por riesgo de fuga incendió a la opinión pública y provocó enérgicas reacciones por parte de miembros del Partido Popular y otros sectores de la sociedad que instaron al juzgado a que revocara su decisión debido a la enfermedad que padece y por la cual fue sometido a un trasplante de médula en 2015. Tanto es así que el expresidente de Nuevas Generaciones del PP en la Comunidad Valenciana José Luis Bayo entregó 10.000 firmas al CGPJ pidiendo la libertad del expresidente de la Generalitat "por razones humanitarias".
Consciente de ello, la magistrada responde de manera indirecta en su auto, que lleva por fecha este siete de febrero, y asegura que el exministro del Gobierno de Aznar se encuentra en la actualidad "más que cuidado" y que no depende de ella si Zaplana recibe tratamiento en la enfermería de la cárcel o en La Fe ya que, según expone, es "competencia exclusiva de los médicos". También argumenta que la habitación donde ha estado ingresado desde diciembre es una "extensión" de la cárcel y, por tanto, está sujeta a la legislación penitenciaria, de la misma manera que se ha desvinculado del control de régimen de visitas a pacientes que sean presos preventivos.
El también exedil de Benidorm denunció que no se le daba traslado directo en lo que respecta al cambio de condiciones al que fue sometido desde su ingreso en La Fe por orden del juzgado. Por ese motivo, remitió un escrito al mismo en el que pidió que se le informara directamente de cuál era su situación concreta durante su estancia en el hospital. Esto es así porque, aunque luego cambió de parecer, la juez determinó en un primer momento que la única persona que podía acceder a su módulo era su letrado directo. Más tarde amplió el abanico a su mujer Rosa Barceló y sus hijas.
Zaplana está investigado en esta causa por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación, fraude, falsedad documental y tráfico de influencias, entre otros. Se le acusa de haber cobrado comisiones irregulares por proyectos que vieron la luz durante su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002. Destaca el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV), puesto en marcha en 2001, o la privatización de las concesiones de la ITV en 1997.
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