Juez española impone una fianza civil de 29 millones a vicepresidenta del BEI

Sevilla (España), 12 mar.- La juez española Mercedes Alaya impuso hoy una fianza civil de 29,5 millones de euros a la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, por un caso de presunto fraude con fondos públicos para desempleados en la región de Andalucía (sur).

Ante esta decisión judicial, Álvarez, exministra de Fomento y exconsejera Economía y Hacienda del Gobierno autónomo de Andalucía (sur), manifestó su "absoluta inocencia" con respecto a los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos de los que está imputada.

Álvarez recordó que su imputación no es firme, por estar pendiente de un recurso de apelación que ha presentado ante el tribunal y cuya fecha de deliberación está fijada para el próximo 23 de abril.

En un auto difundido hoy, la juez Alaya considera a Álvarez como artífice, "en connivencia con otros", de un "procedimiento ilegal de concesión de subvenciones" que se prolongó entre 2000 y 2011.

Magdalena Álvarez está siendo investigada por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación como consejera de Economía y Hacienda del gobierno socialista de Andalucía (sur), en el periodo de 1994 a 2004.

En un auto, la juez Mercedes Alaya señala que calculó la fianza civil impuesta a "grosso modo", teniendo en cuenta las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2003, ya que Álvarez dejó el cargo en febrero de 2004.

En un comunicado, la exministra y vicepresidenta del BEI considera "totalmente fuera de lugar la imposición de fianza civil justo antes de que se resuelva" el recurso que ha presentado y recordó que un primer auto de imputación, con fecha del 28 de junio de 2013, fue "declarado nulo de pleno derecho por este mismo órgano jurisdiccional"

La juez también estableció una fianza de 22,17 millones de euros para el que fue viceconsejero de Hacienda mientras Álvarez estuvo al frente de ese departamento, José Salgueiro, y otra fianza de 8,87 millones de euros para el que fue secretario general técnico de la Consejería de Hacienda durante el mismo periodo, Antonio Estepa Giménez.

El auto señala que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, y que las fianzas se han calculado siguiendo el principio de proporcionalidad en su triple vertiente de "gravedad, necesariedad e idoneidad".

Las medidas cautelares tienen como finalidad, según la juez, la devolución "en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario" de la Administración andaluza.

Según el auto, los tres inculpados "serían promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la Administración Autonómica andaluza desde el año 2000 y que perdurarían hasta el año 2011".

"Dicho procedimiento consistía en dotar a la Consejería de Empleo de un crédito presupuestario, las denominadas 'transferencias de financiación', legalmente inadecuado para el otorgamiento de tales subvenciones", según el auto.

Ese sistema suponía la "vulneración flagrante" del procedimiento legalmente establecido, eludiendo los requisitos legales de tramitación y fiscalización propios de las subvenciones públicas, según el auto de la juez del tribunal de Sevilla (sur).