El juez desoye al exconsejero 'díscolo' de Aguirre y le mantiene en Púnica por el 1%

Pese a encontrarse prácticamente al término de la instrucción, el caso Púnica todavía se mantiene abierto y las diligencias siguen su curso, especialmente en la parte relativa a la presunta financiación irregular del PP madrileño. Por ese motivo, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha declinado archivar la causa para el exconsejero Manuel Lamela, a quien se le vincula con la presunta trama del 1% con la que el entonces Gobierno regional habría desviado cerca de 4 millones de euros. 

En un auto al que ha tenido acceso este diario, el instructor del procedimiento declina acceder a la petición del exconsejero de Sanidad al que Anticorrupción le atribuye la autoría de esta cláusula que se habría aplicado en las licitaciones de todos los hospitales y centros médicos de la comunidad en aquel entonces. El magistrado sostiene que los hechos que se investigan en esta pieza novena de la macrocausa "son graves" y están relacionados con una trama de corrupción que tiene "múltiples ramificaciones" y que sigue bajo la lupa de los investigadores pese a que debería estar terminada el próximo 6 de junio. 

Precisamente, la imputación de Lamela se produjo ya en la última fase del caso, el pasado mes de septiembre, coincidiendo con la de su exjefa Esperanza Aguirre o la de Cristina Cifuentes, entre otros. Su interrogatorio, que se celebró en octubre del año pasado, era uno de los más esperados puesto que de lo que él dijera en sede judicial iba a depender en gran medida el futuro judicial de la exmandataria regional. Tal y como estaba previsto, el político no esquivó el asunto y situó a Aguirre en una reunión de 2004 en la que habría nacido esta presunta red de corrupción, aunque no le atribuyó el peso de la trama que sí descargó sobre el exconsejero Alberto López Viejo, condenado por su implicación en Gürtel. 

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Lamela respaldó en cierto modo la postura de Anticorrupción, la cual basó gran parte de su actuación contra Aguirre en el famoso encuentro mantenido en 2004 en el que se habría dado órdenes concretas para que las diversas consejerías contrataran con el entramado de Daniel Horario Mercado. Acerca de este asunto, Lamela expuso que efectivamente se le invitó a presenciar este encuentro celebrado en la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol en el que participaron además los políticos más cercanos de la expresidenta, como son Francisco Granados e Ignacio González, ambos imputados en el caso. 

Según dijo entonces Lamela, nunca se les impuso ninguna contratación sino que "se les invitó" a adjudicar los asuntos sobre publicidad y comunicación a Over Marketing, de Mercado. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción sostiene una versión muy diferente de los hechos ocurridos en aquel encuentro de principios de 2004 y lo sitúa como el origen del entramado que investiga la Audiencia Nacional desde hace seis años. El Ministerio Público pidió la imputación de Lamela asegurando que se dieron "instrucciones" concretas de adjudicación y que además ese movimiento fue un "ardid" para que las consejerías dejaran de ser independientes en lo que respecta a las licitaciones y las mismas pasaran a ser supervisadas por el entonces vicepresidente Ignacio González. 

El exconsejero popular también se desliga de la cláusula del 1% que se habría aplicado a los contratos a los que licitaron más de una treintena de empresas. Todos los protagonistas de esta historia han negado la existencia de dicho porcentaje vinculado a la publicidad, aunque Anticorrupción ha mantenido abierta esta nueva línea de investigación los últimos meses a tenor de toda la documental aportada por la Comunidad de Madrid. Según sostienen las fiscales al frente del caso, esta dinámica está ligada a la puesta en marcha del 'Plan Infraestructuras Sanitarias 2004-2007' que financió la construcción de hospitales en la Comunidad los años en que Lamela fue consejero de Sanidad. 

Las fiscales alegan que estos contratos estaban firmados por el popular si bien Lamela vuelve a insistir en su escrito al juzgado que no guarda relación alguna con ese asunto. En respuesta, el magistrado razona que "en este momento, vista la documentación intervenida y las declaraciones practicadas, concurren elementos objetivos y subjetivos suficientes que permiten mantener la investigación" en su contra. Además, el instructor responde a una de las pretensiones a la que van a apelar muchas defensas por la duración de la causa. Según recalca, y pese a que la Sala ordenó que este caso estuviera instruido a más tardar el 6 de junio, los plazos de prescripción "aún no han sido agotados".

Ello se justifica en el parón que acordó el CGPJ tras declararse el estado de alarma el 14 de marzo por la crisis del coronavirus. La suspensión de los plazos procesales implica que las semanas en las que la actividad judicial ha quedado reducida a los servicios esenciales, no computarán en el plazo de instrucción. Ello implica que la causa, pese a ser una de las más viejas de la Audiencia Nacional tras su estallido en octubre de 2014, se alargará previsiblemente el mismo tiempo que ha estado parada. Un hecho que podría llevar a confrontación puesto que mientras algunas defensas aluden a delitos prescritos y a dilaciones indebidas, la Fiscalía podría pedir más margen de instrucción si mantiene el criterio de poner los contadores a cero.