La Audiencia Nacional ha acordado mantener embargado el patrimonio del que fuera presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa. El juez, que ha culminado la investigación por la quiebra de la pesquera, mantiene el bloqueo preventivo de gran parte de la fortuna del principal acusado, entre la que se encuentra más de 50 fincas, ante la responsabilidad civil que pudiera asumir en caso de ser condenado, y que el instructor ha fijado en 348 millones de euros.
El Juzgado Central de Instrucción número 5 razona en un auto al que ha tenido acceso este diario, que decreta esta medida teniendo en cuenta que está a punto de vencer el plazo máximo de cuatro años que establece la Ley Hipotecaria para las anotaciones preventivas y que las circunstancias que justificaron su decisión no han cambiado; máxime teniendo en cuenta que, una vez culminada la instrucción que se ha prolongado más de cinco años, solo queda que la Sala de lo Penal fije fecha de arranque de juicio. En el banquillo de los acusados se sentarán un total de 19 personas, entre ellos la excúpula de la multinacional, y 12 sociedades, incluida Pescanova.
En lo que respecta a Fernández de Sousa, el juzgado se fue haciendo por fases desde el año 2015 con el control de gran parte de su inmensa fortuna. Al comienzo de ese ejercicio se bloquearon cuatro fincas en Mérida y dos vehículos Mercedes si bien a eso hay que añadir el embargo de otras 50 fincas más sitas en las localidades gallegas de Salceda de Calesas, Tomiño, Tuy y Porriño que son titularidad de la sociedad Kiwi España, perteneciente al clan del expresidente de Pescanova. Ante la magnitud de las pérdidas en las que incurrió la pesquera viguesa, en julio de ese año se amplió el bloqueo a acciones y participaciones en una docena de mercantiles así como de cuatro embarcaciones y nuevas fincas en Pontevedra y en la localidad de San Lorenzo del Escorial (Madrid).
A falta de conocer el desenlace del procedimiento, la larga instrucción del mismo ha puesto de manifiesto que la vieja Pescanova incurrió en pérdidas multimillonarias, cercanas a los 800 millones de euros, de acuerdo con el saldo real que dejó el ejercicio de 2012. De la Mata les acusa de maquillar los estados financieros que presentaban al mercado entre los años 2009 y 2011 con el fin de ocultar la verdadera situación de insolvencia que presentaba el grupo, que cuenta con más de 40 sociedades participadas. Para ello se valieron de "prácticas irregulares contables", tales como la formalización de créditos sin que existieran transacciones reales o el uso de empresas pantalla.
Estas 'argucias' permitieron a la cúpula aparentar resultados positivos en la presentación de las cuentas al mercado ocultando la verdadera situación, según concluyó De la Mata, el cual expuso que los acusados del procedimiento -entre los que se encuentran además Pablo Fernández Andrade (hijo del expresidente), el exconsejero delegado Alfonso Paz Andrade y otros exaltos cargos del holding- eran conscientes de que se estaban endeudando hasta límites de riesgo muy elevados y, aún así, ocultaron la verdadera situación a inversores, accionistas, acreedores y la CNMV.
La causa de las fianzas imposibles
De la Mata justificó la imputación de todos y cada uno de los 19 procesados, entre los que también se encuentra el exdirector financiero Antonio Taboas o el que fuera jefe de auditoría interna Joaquín Viña, asegurando que estos hechos "no fueron fortuitos" sino consecuencia de una planificación consciente. Por ese motivo vio indicios más que suficientes para juzgarles por los delitos de falseamiento de cuentas anuales y de información económica y financiera, estafa, blanqueo, insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo superior.
Además, también les impuso fianzas estratosféricas próximas a los 1.000 millones de euros, de entre las que destaca la de 348 millones fijada para la vieja Pescanova así como altas penas de prisión como los 31 años de cárcel que se piden para Fernández Andrade. El magistrado recuerda que entre los meses de julio y agosto de 2012 el holding produjo una operación de aumento de capital mediante la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por un importe total de 125 millones de euros. Para ello se valieron de un folleto con información falsa que atrajo a muchísimos inversores llegando a producir un "resultado lesivo" para todos ellos.
Cabe recordar que, a la par que daba por terminada la parte troncal de esta instrucción, De la Mata abrió una pieza separada para investigar a la mujer de Fernández de Sousa, María Rosario Andrade, y dos de sus hijos por ocultar presuntamente cerca de 3 millones de euros en cuentas bancarias en Andorra. Recientemente se personó la Abogacía General del Estado en esta pieza en la que se investiga el origen de estos fondos que han permanecido ocultos en todo momento a la Hacienda Pública.
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