Francisco González se sometió este lunes a un intenso interrogatorio de cerca de tres horas de duración en el que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el magistrado instructor tenían un claro objetivo: averiguar de donde salieron las órdenes dentro de la entidad para contratar con el entramado empresarial de José Manuel Villarejo. Es por ello que, en aras a esclarecer este asunto concreto, enseñaron al máximo responsable de la entidad en el momento de los hechos algunos contratos firmados con el Grupo Cenyt, según ha podido saber este diario.
Las fuentes consultadas explican que los representantes del Ministerio Fiscal mostraron durante la declaración celebrada a puerta cerrada algunos de los acuerdos suscritos con las empresas del agente encubierto, bajo las cuáles se cometieron trabajos que van desde la identificación de clientes morosos a investigaciones patrimoniales. Aunque lo que realmente interesa a los investigadores es esclarecer si desde el banco se contrató a Villarejo para otros servicios que sí serían constitutivos de delito por tratarse de espionaje a empresarios como Luis del Rivero (expresidente de Sacyr), periodistas y políticos al corriente de una presunta operación de toma de control del BBVA por la constructora.
De todos estos asuntos fue preguntado FG en su primera declaración como investigado en esta novena pieza del caso Tándem. Las mismas fuentes explican que el banquero descartó tener conocimiento de irregularidad alguna (Villarejo estaba en activo en la Policía Nacional en el momento de los hechos) y delegó la responsabilidad de contratar con estas empresas en la figura de Julio Corrochano, entonces jefe de seguridad de la entidad. De este modo, el que fuera presidente del BBVA durante más de 18 años estrechó el cerco en la figura del también comisario jubilado, al que ya le señaló en su declaración el pasado verano el propio Villarejo asegurando que fue con quien despachó los contratos firmados entre las partes.
Desconocimiento de irregularidades
González, que respondió a las preguntas tanto de su letrado Jesús Santos, como de los investigadores, mantuvo la misma tesis defendida desde que estalló el escándalo por los presuntos pagos de la entidad a Cenyt por cerca de 250.000 euros y apuntó ante los periodistas que los directivos del banco han trabajado siempre "de manera íntegra y ejemplar". Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó su declaración en calidad de investigado por los delitos de cohecho y revelación de secretos en esta pieza que sigue bajo secreto de sumario al considerar que contaban con pruebas más que suficientes que le incriminaban en la contratación con el agente encubierto.
Y todo ello pese a que todavía no se ha escuchado en sede judicial al representante legal del banco, que está citado para este miércoles. Los investigadores actuaron así tras incorporar a la causa la documentación requerida a la entidad (la cual comunicó la apertura de una investigación interna tras conocerse estos hechos) y, muy principalmente, tras tomar declaración hasta en cuatro ocasiones al exresponsable del departamento de operaciones y riesgos, Antonio Béjar. En sus cuatro comparecencias jurídicas -que se han producido entre los meses de julio y octubre- el empresario aportó abundante documentación sobre facturas giradas al Grupo Cenyt (en concreto a V & V Development) por investigaciones patrimoniales efectuadas de la entidad.
Béjar, que primero fue destituido como presidente de Distrito Castellana Norte y posteriormente despedido del banco, especificó en su último interrogatorio que las órdenes de contratar con Villarejo venían de la cúpula. Sin embargo, FG rebatió este argumento en sede judicial y aseguró que el encargado de este asunto era Corrochano en calidad de jefe de seguridad de la entidad. Cabe recordar que de todas las personas imputadas en esta pieza, únicamente se impuso fianza al comisario jubilado, el cual abonó una caución de 300.000 euros a las cuentas de la Audiencia Nacional para mantener su condición de libertad provisional.
Ronda de interrogatorios
Su nombre volvió a salir a relucir en el interrogatorio del lunes y sobre él descargó FG la responsabilidad de este asunto. De hecho, en sendos comunicados a la prensa hechos público en los últimos meses, el banquero apeló a su inocencia y expuso que se enteró de los contratos del banco con Cenyt en mayo de 2018. No obstante, y según sostienen los investigadores, la relación laboral arrancó 14 años antes y se prolongó hasta bien entrado 2017, cuando se produjo el estallido de la operación Tándem y la detención de Villarejo junto con otros agentes como Carlos Salamanca o el abogado Rafael Redondo por delitos tales como pertenencia a organización criminal, cohecho o blanqueo de capitales.
Dos años después de aquello, el procedimiento se ha convertido en una macrocausa que suma cerca de una veintena de piezas siendo esta novena una de las más densas tanto por su volumen como por la trascendencia de los hechos que en ella se investigan. El magistrado García Castellón ha dado impulso a la misma acordando la citación de Francisco González y otras seis personas más que se suman a los ocho directivos que ya figuraban investigados en el caso. Todos ellos, a excepción de Béjar, se acogieron a su derecho a no declarar a la espera de que se levante el secreto de sumario. Mientras tanto, el magistrado continúa con su batería de citaciones y ha llamado a declarar para este mismo martes en sede judicial a Juan Asúa (actual asesor de cabecera del BBVA), Eduardo Arbizu (exresponsable de servicios legales), Manuel Castro (exjefe de riesgos), Eduardo Ortega y José Manuel García Crespo (servicios jurídicos).
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