El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha archivado la causa abierta contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón en el caso Lezo por el visto bueno que dio su entonces Ejecutivo a la compra de la colombiana Inassa en el año 2011 por parte del Canal de Isabel II por 73 millones de dólares. Igualmente decreta el archivo de las actuaciones para un total de 15 personas, entre ellas el también exmandatario regional Ignacio González y el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo.
De esta forma, el instructor adopta el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que pidió que se sobreseyera la investigación para todos ellos, en su mayoría miembros del Ejecutivo que dieron el visto bueno a la compra en 2001, al considerar que, al emitir su voto, no conocían los detalles de esta operación y, por tanto, tampoco "el menoscabo económico que para la Administración autonómica generaría con la compra de Inassa" en el año 2001. Anticorrupción apunta que se pagó un "sobreprecio injustificado" de al menos, una cantidad comprendida entre los 23 y los 35 millones de dólares.
No obstante, el el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 sí que ve indicios de delito de malversación de caudales públicos agravado en la actuación de un total de 22 personas personas por irregularidades en la compra de la colombiana. Entre los investigados que propone juzgar se encuentran el exconsejero de Hacienda del Gobierno madrileño Juan Bravo, el expresidente del Canal Pedro Calvo y los también exdirectivos José Antonio de Cachavera, Juan Pablo López Heras y Arturo Canalda. Este último dimitió de su cargo como presidente de la Cámara de Cuentras tras su imputación en esta causa.
Operativa plagada de irregularidades
El magistrado imputó a los hasta ahora investigados por la autorización que dio el Consejo del Gobierno de Gallardón en noviembre de 2001 para adquirir el 75 por ciento de Inassa en una reunión en la que participaron Pedro Calvo y Juan Bravo. Todos ellos explicaron en su declaración en sede judicial que la operativa se enmarcaba dentro del proyecto de expansión del Canal en el extranjero y que se fiaron del criterio de los técnicos de la empresa madrileña de aguas así como de la explicación que les ofrecieron Cachavera y López Heras. Precisamente la Fiscalía atribuyó a estos dos acusados el diseño de una "operativa paralela" plagada de irregularidades.
Sin embargo, hay que remontarse a principios del año 2000 para entender cómo comenzó la operación. En ese momento, cinco empleados de la empresa Triple A (para los que siguen las actuaciones) llegaron a un acuerdo con los socios de Inassa para conseguir que Aguas de Barcelona -vinculada a Triple A- les vendiera toda su participación en Inassa. El objetivo era convertirse en los socios únicos de la misma y venderla por un precio "muy superior a su valor real". A cambio, los trabajadores recibirían un porcentaje de Inassa, como así ocurrió.
A partir de ese momento se produjeron una serie de operaciones de compra-venta entre ellos hasta que abrieron ya en 2002 un proceso de licitación que culminó con la venta del 75 por ciento de la colombiana al Canal. La adquisición, según explica el magistrado instructor, se hizo mediante la interposición de una sociedad panameña, Aguas de América, y se pagó por la misma "un precio muy superior a su valor real". De esta manera, obtuvieron a costa del erario público "cuantiosas plusvalías" de las que se beneficiaron los miembros de Triple A y sus socios colombianos.
Los investigadores atribuyen un papel relevante a Cachavera y López Heras ya que les acusan de "dejarse convencer" para que la operación se hiciera mediante la sociedad pantalla y por tanto de manera distinta a como se había aprobado inicialmente. Con el fin de conseguir el visto bueno del resto de consejeros del Canal, elaboraron un dossier en el que advirtieron de estos aspectos aunque "obviaron deliberadamente valorar" los riesgos de la operativa, de acuerdo con la tesis del instructor que explica que este movimiento contó con el beneplácito del también procesado Arturo Canalda, entonces director gerente del Canal.
Por este motivo, propone juzgar a un total de 22 personas vinculadas con estos hechos investigados en esta primera pieza del caso Lezo al tiempo que desgaja la investigación que se seguía en la misma por la compra de Emissao doce años después. García Castellón adopta el criterio de Anticorrupción sobre este asunto y determina que, al tratarse de hechos diferentes, deben seguir sus cauces de investigación por separado. Del mismo modo archiva las actuaciones para un total de quince personas, entre las que se encuentran, además de los arriba mencionados, Edmundo Rodríguez Sobrino (que sigue imputado en la causa principal junto con Ignacio González), Gaspar Cienfuegos, y Carlos Mayor Oreja, entre otros.
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