La investigación que sigue la Audiencia Nacional relativa a los encargos efectuados por Iberdrola al comisario jubilado José Manuel Villarejo se ha visto ralentizada tras la suspensión de los interrogatorios del policía y el abogado Rafael Redondo (socio suyo en Cenyt) previsto para la pasada semana y, en parte también, por la declaración pendiente en sede judicial del todavía jefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, tras su reciente imputación en esta décimoseptima pieza del caso Tándem. De hecho, lo que relate Asenjo ante el juez Manuel García Castellón va a ser clave para el devenir de estas pesquisas por su grado de conocimiento acerca de este asunto.
Tanto los principales gestores del Grupo Cenyt como el policía Asenjo, que pidió su personación en la causa para poder declarar por estos encargos tal y como adelantó La Información, serán preguntados por la relación laboral con la multinacional que preside Ignacio Sánchez Galán y que se prolongó entre los años 2004 y 2017. De hecho, el último trabajo que desempeñó Villarejo data de finales de 2016, de acuerdo con la hoja de contratación que la propia Iberdrola envió al entramado empresarial y a la que ha tenido acceso este diario.
El pedido, que se formalizó el 28 de diciembre de dicho año, llevaba por asunto la investigación patrimonial de la compañía Eolica Dobrogea y su principal accionista Christoph Kapp. La eléctrica quería indagar sobre el patrimonio de este último después de que se declarara insolvente para saldar su deuda adquirida tras un laudo arbitral que falló a favor de Iberdrola. El pronunciamiento se produjo en el marco de un litigio de 11,8 millones que mantuvo con la firma por un proyecto de energía renovable en Rumanía que resultó fallido, tal y como informó El Confidencial.
Etapa post-comisario
A diferencia del resto de acuerdos laborales que pudo haber mantenido Iberdrola con el Grupo Cenyt, este último tiene una particularidad importante puesto que cuando se oficializó Villarejo ya estaba fuera de la Policía Nacional. El comisario se jubiló en los primeros días de agosto de ese mismo año en pleno escándalo por la conocida como 'guerra de comisarios' que se libraba dentro del cuerpo policial y que se investigaba en los juzgados de Plaza de Castilla. Es por ello que este último encargo de los efectuados por Iberdrola podría no ser constitutivo de delito de cohecho que se le atribuye al agente encubierto debido a que realizó todos estos trabajos de espionaje mientras estaba en activo sirviéndose de una presunta "red parapolicial".
El pedido formalizado por Iberdrola a finales de 2016 efectivamente hacía alusión en su asunto a la investigación encargada a Cenyt y lo encuadraba en un trabajo relativo a vigilancia, seguridad y protección personal, de acuerdo con el documento. El mismo recoge que el pago se tendría que efectuar a 60 días de la fecha de inicio. Por este encargo Iberdrola hizo un primer pago de 48.400 euros el 13 de enero del siguiente ejercicio y otro de 36.300 ya el 28 de marzo de ese mismo año. En total, la eléctrica abonó 84.700 euros por este último trabajo que realizó Villarejo antes de su detención por presunta organización criminal en noviembre de 2017.
El mismo consistió en la redacción de un primer informe, fechado a 20 de enero de 2017, un segundo entregado justo un mes después y uno final y definitivo que aglutina las conclusiones alcanzadas por el agente encubierto. Los documentos, a los que ha tenido acceso este diario, recogen las conclusiones de una investigación que se dirigió contra Christoph Kapp, su mujer Nikola (sus dos hijos quedaron al margen por ser menores), sus padres Hans Kapp y Nelly Kapp así como sus hermanas y las parejas sentimentales de éstas. Igualmente hicieron seguimiento de un conjunto de sociedades suizas, rumanas, de Liechtenstein, de Ghana además de cuatro en España junto con sus filiales en Kosovo. El objetivo era contrastar si Kapp era incapaz de hacer frente a su deuda.
Patrimonio oculto
Entre el foco del agente encubierto también estuvieron todas las personas que gestionaron de alguna forma estas empresas y que están vinculadas a Christoph Kapp. El empresario figura desde finales de 2004 como administrador único de Nek Umwelttechnik, de la que es filial la empresa con la que Iberdrola cerró el proyecto de Rumanía. De acuerdo con los trabajos de Villarejo, el principal objetivo de la eléctrica tan solo figuraba como titular junto con sus dos hermanas de dos vivienda en la localidades suizas de San Galo y Berna. Esto es así porque la casa familiar (de 400 m2 y repartida en dos plantas) está a nombre de su mujer desde el 21 de noviembre de 2016; esto es, apenas dos semanas después de que Eolica Dobrogea se declarara insolvente.
Además, la esposa de Kapp también figura como titular de una cabaña y otro inmueble ubicado también en la localidad de Küsnacht, el cual había sido indicado por el propio Christoph como domicilio a efectos de comunicaciones en los acuerdos de inversión firmados en representación de Eolica Dobrogea. Villarejo concluye en su informe que Eolica Dobrogea "debía encargarse de todo el procedimiento de aprobación hasta la autorización de construcción. Debido a la situación política y regulatoria en Rumanía, la realización del proyecto se aplazó".
De este modo, el informe que encargó la segunda mayor empresa del Ibex a los servicios del agente encubierto es uno de los trabajos que están bajo la lupa de los investigadores, los cuáles esperan poder avanzar en las pesquisas tras escuchar en sede judicial a dos de los principales investigados en el caso Tándem (Villarejo y Redondo) además del propio Asenjo. El magistrado Manuel García Castellón le imputó en esta pieza por los delitos de cohecho pasivo y revelación de secretos después de que el todavía jefe de seguridad anunciara al juzgado su intención de declarar por estos asuntos que se remontan al año 2004, cuando Iberdrola recurrió al policía jubilado ante los problemas que tenía para construir su central de Arcos de la Frontera (Cádiz) debido a las protestas vecinales.
Cinco años después de aquello se volvió a recurrir a Cenyt para que averiguara todo tipo de información acerca de un pequeño inversor que criticó con dureza la gestión de Galán en la Junta de Accionistas que acogió Iberdrola el 30 de marzo de 2009. La eléctrica sospechó de que este minorista podría suponer una amenaza real en un momento de plena tensión con nuevos actores como la ACS de Florentino Pérez. Precisamente, el presidente del Real Madrid declaró ante el juez el pasado 14 de noviembre en relación a estos hechos, anunciando que se personaría como perjudicado.
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