Juez impone primera condena a empresarios colombianos por despojo de tierras

Bogotá, 11 sep.- Un Juzgado Especializado de la ciudad colombiana de Quibdó, capital del departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, profirió la primera condena contra empresarios de cultivos de palma por robo de tierras y daños en una zona de conservación ambiental.

El gerente de la firma Palmar S.A., abogado Iván Patiño Patiño, aceptó cargos por concierto para delinquir, desplazamiento forzado y daño ambiental, por lo que fue condenado a cinco años de prisión.

De acuerdo con la edición impresa del diario El Tiempo" de este domingo, la condena inicial contra Patiño era de 11 años pero como confesó sus delitos, le rebajaron la pena hasta que esta quedó en cinco años.

Esta es la primera condena contra un empresario dentro de los procesos iniciados por el despojo de tierras especialmente en zonas de conflicto y que afectaron principalmente a campesinos, indígenas y afrodescendientes.

Según la nota, "en el expediente, que tiene a otras 20 personas de otras siete empresas respondiendo ante la justicia, la Fiscalía documentó cómo el despojo que se legalizó en la notaría de Carepa, departamento de Antioquia (noroeste), se perfeccionó luego en otra de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico (norte), para recibir millonarias ayudas del Estado a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro, estatal).

Agrega que luis Alberto Flórez, quien actuó en representación de la Asociación de Pequeños Productores de Palma, colaboró con el robo, también se acogió a sentencia anticipada y pagará cuatro años de cárcel.

Según la reconstrucción de los hechos, en 2002, dos muertos fueron "revividos" en una notaría para abrirles las puertas a los megaproyectos palmicultores apoyados por paramilitares asentados en la región del Urabá.

En una oscura maniobra realizada en una notaria del caserío de Carepa, dos campesinos, que habían muerto, supuestamente firmó la cesión de sus derechos sobre un predio de 33 hectáreas, pero que luego apareció como si fuera de 4.241 hectáreas.

Luego, en esa misma notaria, se registró la venta de una finca de 18 hectáreas, "que milagrosamente pasó a ser de 6.000 hectáreas".

"Es el emblemático caso de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, que tiene al país bajo observación de varias instancias internacionales", señala la nota periodística.

El Gobierno colombiano ha reconocido que unos siete millones de hectáreas de tierras han sido usurpadas en el último cuarto de siglo en el país, dentro del conflicto armado interno.

El pasado 10 de junio el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, rubricó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras por la que se espera reparar a más de 4 millones de víctimas del conflicto y devolver, durante el periodo presidencial (2010-2014), más de 2 millones de hectáreas a colombianos a quienes los grupos armados ilegales les usurparon sus predios.