El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea tiene previsto prorrogar la instrucción del caso 'Tándem' ante la gran cantidad de material incautado a los principales investigados de la causa, entre ellos el comisario jubilado José Manuel Villarejo, y que está pendiente de análisis, según explican a La Información fuentes jurídicas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 declarará esta causa penal compleja pudiendo así ampliar el plazo máximo de instrucción 18 meses más.
El principal motivo que lleva al juez a prolongar las pesquisas es la gran cantidad de documentación que obra en el sumario –se cuenta por decenas de terabytes- y que todavía no se ha procedido a su estudio. Entre dicho material se encuentran discos duros, pendrives, microcintas y otros soportes de almacenamiento.
Toda esa ingente documentación fue incautada por los investigadores en los registros efectuados en los domicilios de Villarejo en Estepona (Málaga) y Madrid tras su detención el pasado mes de noviembre, así como en el de su abogado Rafael Redondo.
En relación a los mismos, el comisario ya jubilado ha advertido en numerosas ocasiones al juez que se trata de información sensible relativa a asuntos de Estado y que podría comprometer la seguridad nacional. Sin embargo, nunca ha precisado qué riesgo real entraña acceder a dichos dispositivos, pese a los continuos requerimientos del magistrado instructor.
Por ese motivo, el juez le ha abroncado en numerosas ocasiones (la última, el viernes pasado cuando le denegó la libertad) por su falta de colaboración con la instrucción de la causa en la que se investiga una presunta trama orquestada entre el principal investigado y el excomisario jefe de Barajas, Carlos Salamanca, para introducir en España de manera ilegal ciudadanos guineanos a cambio de regalos, tratos de favor y grandes sumas de dinero.
Anticorrupción quiere reabrir tres piezas
Precisamente, el instructor archivó el pasado mes de julio la causa relativa a Salamanca, a quien había dejado en libertad cuatro meses antes, ante la ausencia de indicios racionales para continuar con la causa penal por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. El juez también sustentó su decisión en las “contradicciones y suposiciones”, según dijo en su auto, del investigado Francisco Menéndez Rubio, que fue el que formuló acusación contra él.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este mismo martes al magistrado que reabra la pieza número 1 al haberse cerrado “precipitadamente”, y tras encontrarse “nuevos elementos incriminatorios” contra Salamanca como resultado del análisis de la documentación en soporte papel y digital. Los hechos se encuadran en el tiempo en el que éste ejerció como comisario jefe del Puesto Fronterizo en Barajas entre los años 2006 y 2015.
Y a esta pieza de la causa principal se suman otras dos más que, a juicio de Anticorrupción, deberían seguir instruyéndose ante “nuevos y sólidos” indicios. Se trata de la denominada 'Iron', en la que se investiga a cuatro miembros del despacho de abogados Herrero&Asociados por hacer negocios con el comisario detenido, y de 'Land', relativa a presuntos lazos del comisario con la familia Cedecera, promotora de la urbanización de lujo de La Finca, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.
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