Golpe de efecto en 'Tándem'. El magistrado al frente de este macroprocedimiento, Manuel García Castellón, ha decidido levantar el secreto de sumario que pesa sobre la investigación al BBVA por sus encargos a José Manuel Villarejo tras más de un año de diligencias secretas, según confirman fuentes jurídicas. Con esta decisión, la quincena de imputados en esta pieza novena de la causa podrán tener acceso al importante volumen de material que la integra, entre el que se encuentra el famoso 'forensic' elaborado por el banco en aras a esclarecer los pormenores de esta relación laboral que se mantuvo entre los años 2004 y 2016.
El instructor ha decidido de este modo dar luz verde a que las partes puedan acceder al contenido de las pesquisas practicadas por los investigadores en esta pieza, que se abrió en noviembre de 2018. Se trata de una decisión que acuerda tras una de las últimas diligencias practicadas desde el Juzgado Central de Instrucción número 6 relativa al requerimiento al auditor PwC de toda la documentación que tenga en su poder sobre el 'forensic' que le encargó la entidad que preside Carlos Torres. El banquero, por su parte, ha asegurado recientemente que no teme al contenido de estas pesquisas que ahora se abren para las partes personadas.
Con esta decisión de García Castellón, todos ellos tendrán acceso ahora a las investigaciones realizadas, al contenido de los interrogatorios practicados hasta la fecha, a la investigación interna de la entidad y a todas las diligencias de investigación realizadas hasta la fecha que han llegado a ser requeridas a la Audiencia Nacional incluso por el Banco Central Europeo. (BCE). Igualmente, el levantamiento del secreto también se produce para los personados en esta pieza en calidad de perjudicados por ser objetivo de los presuntos espionajes. Entre ellos se encuentran el exministro de Industria Miguel Sebastián, el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero y el líder de Ausbanc Luis Pineda.
Corrochano, en el centro de los encargos
Aunque el caso Villarejo lo componen 25 piezas (hasta la fecha), lo cierto es que la investigación relativa a los encargos del banco al entramado empresarial de Villarejo ha sido de las más mediáticas y significativas, especialmente después de que tras más de medio año de investigación por contratos que sumarían 10 millones de euros, el magistrado instructor solicitara a instancias de Anticorrupción una batería de citaciones. Entre los primeros imputados en la pieza novena se encontraban el exconsejero delegado Ángel Cano, el exjefe de seguridad Julio Corrochano, y otros seis directivos más de la entidad relacionados todos ellos con departamentos desde donde salieron los pagos a las empresas del agente encubierto.
Su 'desfile' por la Audiencia Nacional dio poco de sí porque todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar a excepción del entonces todavía presidente de Distrito Castellana Norte y directivo de riesgos de la entidad, José Antonio Béjar. El empresario, que primero fue destituido de DCN y más tarde despedido de la entidad, tal y como avanzó este diario, ha mostrado desde entonces su disposición a colaborar con la investigación y ha declarado al menos hasta en cuatro ocasiones entre los meses de julio y octubre, siendo la última de ellas la más determinante por detallar el contenido de los pagos que salieron de su departamento y por cargarlos a órdenes de sus superiores.
Tras estas primeras citaciones, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la imputación del BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios al considerar que las contrataciones tenían un carácter "ilícito" y, además, expusieron que algunas de las personas implicadas en este asunto podrían haber recibido dádivas del entorno de Cenyt. El banco recurrió a los servicios del agente encubierto por primera vez en el año 2003 ante el temor de que Sacyr, respaldada por el Gobierno de entonces, intentara asaltar al banco. A este encargo, bautizado como 'operación Trampa', siguieron otros tales como la presunta investigación a Luis del Rivero o el líder de Ausbanc Luis Pineda por el conflicto mantenido con la cuestión relativa a las cláusulas suelo. Con todo, el banco solo tendría que responder penalmente por los hechos acontecidos desde el año 2010, tras la introducción de una reforma penal ese mismo ejercicio que introdujo la imputación de las personas jurídicas.
La validez del 'compliance'
Tanto el BBVA como su expresidente Francisco González –investigado también en esta pieza novena- declinaron tener responsabilidad penal alguna en este asunto y se desligaron de estos hechos. Así, mientras la entidad que preside Carlos Torres se acogió a su sistema de compliance y deslizó responsabilidades en la anterior cúpula, Francisco González por su parte, defendió en sede judicial la gestión del banco durante su presidencia y dejó el asunto en manos también de su exjefe de seguridad, Julio Corrochano, y de Antonio Béjar.
El banco, que siempre ha defendido que colabora con estas pesquisas aunque la entrega de material se ha producido ante los continuos requerimientos de los investigadores, fue sometido al interrogatorio más intenso de todos cuantos los practicados en esta pieza. De hecho, el representante legal de la entidad compareció junto con un séquito de abogados de los prestigiosos despachos de Uría Menéndez y Garrigues hasta 14 horas ante el juez y los fiscales del caso repartidas en tres sesiones en las que se les preguntó por todos estos asuntos y se les expuso igualmente todas las comunicaciones internas que se intercambiaron los empleados de la entidad sobre las relaciones con Villarejo.
A todas estas citaciones hay que sumar las acordadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en noviembre. Además del expresidente del banco, el instructor llamó en calidad de investigados al asesor de cabecera en el BBVA, Juan Asúa; el que fuera responsable del área de servicios jurídicos Eduardo Arbizu y los también exdirectivos Manuel Castro (Riesgos), Eduardo Ortega y José Manuel García Crespo (servicios jurídicos) además del inspector de Policía retirado Antonio Bonilla, el cual ya está siendo investigado en otras piezas del caso.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios