El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no tiene intención alguna de tomar declaración a los responsables de la auditora KPMG que elaboraron el informe sobre la compra de la brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II en 2013.
El instructor del caso Lezo considera que la petición de esta diligencia es “innecesaria e inútil”, según expone en un auto al que ha tenido acceso este diario, y deja abierta la posibilidad de que se les tome declaración ya en juicio oral, una vez terminada la investigación de esta parte de la causa.
Se trata de una decisión recurrida por los principales acusados que quieren que Miguel Ángel Faura y Borja Guinea,responsables de esta auditoría, expliquen en sede judicial las valoraciones que hicieron en 2014 y 2015 sobre la compra de la brasileña, que supuso un desembolso de 21,4 millones de euros.
Los dos expertos ya apuntaron, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid en octubre de 2017, que detectaron un deterioro patrimonial en el ejercicio de 2014 de cinco millones de euros; una pérdida de valor que llevó a Eloy Velasco, el juez que comenzó instruyendo la causa, a sospechar que la operativa estuvo repleta de irregularidades. De hecho, apuntó que se realizó a través de una sociedad interpuesta y que supuso un desfalco para el Canal de 23 millones de euros.
Con su decisión, compartida por la Fiscalía Anticorrupción, el juez pretende agilizar la instrucción de esta pieza lo máximo posible a fin de cerrar la investigación y enviarla a la Sala para que fije fecha de juicio. Sin embargo, los exaltos cargos de la empresa de aguas madrileña exponen en su recurso que se trata de una diligencia crucial para su defensa y considerarla “inútil” es una decisión precipitada, no fundamentada y contraria al principio de neutralidad.
Igualmente, rechazan de plano el cobro de comisiones irregulares en la adquisición de la constructora, pese a que el primer juez instructor consideró responsables de los hechos a la exdirectora financiera del Canal María Fernanda Richmond y el exgerente Adrián Martín, y les envió a prisión eludible bajo el pago de fianza de 4 millones de euros y 100.000, respectivamente.
Fin de la instrucción
Cabe destacar que desde que comenzaron las pesquisas en mayo de 2017, el juez ha requerido al Canal abundante documentación relacionada con la adquisición de Emissao, como son los informes sobre las cuentas anuales consolidadas de los últimos años de la empresa madrileña además de Canal Gestión y Canal Extensia.
La de Emissao no es la única parte de la investigación que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tiene previsto concluir en un periodo breve de tiempo, ya que la pieza I, relativa a la compra de la colombiana Inassa en el año 2001, también está terminándose de instruir.
En el marco de la misma, el juez ha ido interrogando a lo largo del año a todos los consejeros del Canal que respaldaron la compra, además de algunos miembros del Gobierno madrileño que dio luz verde a la operativa, como es el caso de Alberto Ruiz-Gallardón, el cual descartó que se cometieran irregularidades en la misma. Para terminar con la ronda de interrogatorios, el juez escuchará la próxima semana al resto de consejeros que integraron ese ejecutivo y, con toda probabilidad pondrá fin a las diligencias en esta pieza.
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