Choque de trenes en la causa sobre la fortuna de Rodrigo Rato. El magistrado instructor Antonio Serrano-Arnal acaba de abrir juicio oral a un total de trece personas, entre las que se encuentra el exvicepresidente económico del Gobierno por el presunto cobro de dos millones de euros en comisiones de publicidad de Bankia durante los años 2011 y 2012. Entre el listado de acusados, el juez no incluye ni al exresponsable de comunicación externa de Caja Madrid, Miguel Robledo, ni a la también exempleada de la entidad Beatriz Colomer, pese al criterio que mantiene la Fiscalía Anticorrupción que busca que rindan cuentas ante la Justicia por estos hechos.
De acuerdo con el auto de apertura de juicio oral al que ha tenido acceso este diario, el instructor atribuye a todos los acusados delito de corrupción entre particulares por irregularidades en los contratos de publicidad de la entidad que entonces presidía Rodrigo Rato y que fueron a parar a las agencias Publicis y Zenith. En su escrito, el titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid es tajante al recordar que no puede enviar al banquillo a Robledo y Colomer puesto que tampoco les procesó al término de la investigación el pasado mes de febrero. Sin perjuicio eso sí, de lo que resuelva la Audiencia Provincial de Madrid en relación al recurso presentado por el Ministerio Público.
La fiscal Anticorrupción, Elena Lorente, no solo no comparte el criterio del instructor sino que, de acuerdo con su relato de los hechos, tanto Robledo como Colomer formaban parte del "estricto ámbito de confianza" del expresidente de Bankia junto con los acusados José Manuel Fernández Norniella, Teresa Arellano y Miguel Ángel Montero. Todos ellos, según el Ministerio Público, constituyeron un auténtico "grupo de presión" dentro de la Dirección General de Comunicación que permitió al expresidente de la entidad tener un control directo sobre la contratación de publicidad.
La fiscal solicita para ambos tres años de prisión y multa de 2,5 millones de euros por integrar parte de este equipo que habría presionado para que los contratos de publicidad de la entidad con motivo de su salida a bolsa fueran a parar a las dos agencias las cuáles, a su vez, habrían desviado comisiones de un total de 2 millones de euros a los acusados a cambio de ser las adjudicatarias de dichas campañas. Lorente expone que el empresario Alberto Portuondo se sirvió de Beatriz Colomer, la cual "conocedora de los manejos que se estaban llevando a cabo en dicha contratación, actuó como su mano derecha y en sustitución de éste cuando era necesario".
De Miguel Robledo, la fiscal expone que fue introducido en el ámbito de control de contratación de la mano del exsecretario de Estado de Hacienda Fernández Norniella y añade que el exdirectivo de comunicación externa daba cuenta al exconsejero del banco de "cualquier incidencia que pudiera desviar los designios de Rato sobre la contratación en la publicidad". Con todo, Anticorrupción pide la pena más elevada de prisión -cuatro años- para el exdirector gerente del FMI, quien se encuentra en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) desde el pasado mes de octubre tras adquirir firmeza la condena de cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas 'black'.
El magistrado Serrano-Arnal no comparte el criterio de la fiscal y exime tanto a Robledo como a Colomer de cualquier responsabilidad penal por estos hechos por los que impone al resto fianzas de 4,5 millones de euros. Con todo, no es la primera vez que discrepa del criterio de la representante del Ministerio Público. Recientemente, la Fiscalía vio truncado su intento de indagar las cuentas de Rato en el extranjero. La Audiencia Provincial de Madrid, en consonancia con el instructor, denegó la pretensión de la fiscal de cursar comisiones rogatorias a Suiza o Luxemburgo para evitar dilatar una causa que debe estar instruida, a más tardar, en junio de 2020.
51 millones de euros en publicidad
En esta pieza de corrupción entre particulares, el Ministerio Público considera que Bankia abonó 51 millones de euros por estos contratos y dijo de Rato que actuó "con desprecio al principio de lealtad que le obligaba su cargo" sacando provecho económico personal de su situación. En concreto, y según la acusación, él habría percibido 835.024,64 euros (474.416 en 2011 y 360.608 un año después) a través de su sociedad Kradonara. El exvicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar, por su parte, negó tajantemente en numerosas ocasiones en sede judicial los hechos que se le imputan.
Esta será la tercera vista oral para el banquero teniendo en cuenta el juicio que celebra desde el pasado mes de noviembre la Audiencia Nacional por la salida a bolsa de Bankia. Con todo, en lo que respecta a la macrocausa de su fortuna es la primera pieza en juzgarse. El foco principal está puesto en indagar si, tal y como defiende Hacienda, Rato defraudó 6,8 millones de euros en los ejercicios de IRPF entre los años 2004 a 2015 y si cometió blanqueo de capitales.
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