Juez mantiene imputados a mandos de la Policía Nacional por proteger burdeles

Barcelona, 8 mar.- La juez que investiga una red de corrupción policial vinculada a prostíbulos ha acordado mantener la imputación contra un comisario y dos inspectores jefe de la Policía Nacional acusados de dar protección a los prostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels (Barcelona) a cambio de dinero y regalos.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona da por finalizada la investigación de la trama y mantiene imputadas a una veintena de personas, entre ellas los propietarios de Saratoga y Riviera, tres abogados que supuestamente coaccionaban a dueños de burdeles de Barcelona y a un inspector de licencias municipal de esta ciudad.

El auto, en el que la juez prorroga de forma indefinida la clausura de los burdeles Saratoga y Riviera que ordenó en marzo de 2009, pone fin a una compleja investigación que empezó descubriendo una red de corrupción policial y acabó destapando una trama de irregularidades en la tramitación de licencias de locales públicos de Barcelona.

La juez da un plazo de diez días al fiscal y las otras partes personadas para que presenten, en su caso, escritos de acusación contra los veinte imputados, entre los que destacan el comisario jefe de la UCRIF de la Policía Nacional Luis Gómez, el inspector jefe de la sección operativa de Extranjería Abundio N., otros dos mandos del cuerpo ya retirados, un inspector y un agente ahora destinado a Alicante.

Para la magistrada, de la investigación se desprenden indicios de la existencia de una "asociación constante" entre los funcionarios imputados para la protección de los macro-burdeles Saratoga y Riviera, de la que "se beneficiaban todos ellos económicamente".

A los imputados se les atribuyen diez delitos, entre ellos cohecho, revelación de secretos, asociación ilícita, coacciones y favorecimiento de la prostitución, según el auto, que resalta el "férreo control" que los burdeles ejercían sobre sus mujeres, hasta el punto de encargarse de su alimentación y controles médicos.

En opinión de la juez, entre 2002 y 2008 los dueños de los burdeles alcanzaron "ilícitos pactos" con los mandos policiales, con los que se comprometieron a pagarles supuestamente 3.000 euros mensuales a cambio de que les avisaran de redadas para detectar irregularidades, como la presencia de prostitutas menores de edad.

En las entregas de dinero ejercía de intermediario el confidente policial Manuel G.C. -testigo en la causa-, que está siendo investigado por supuesto tráfico de drogas por otro juzgado de Barcelona, en unas diligencias en las que ha sido imputado un subinspector de los Mossos y cinco agentes acusados de protegerlo.

Los mandos de la Policía Nacional imputados no sólo recibían recompensas en metálico: los clubes, según la juez, les regalaron también relojes de lujo y viajes con sus esposas y en dos ocasiones sufragaron intervenciones quirúrgicas de sus hijos, a los que también ayudaron a conseguir empleo.

En opinión de la juez, la investigación que se inició en los burdeles de Castelldefels ha arrojado indicios de que los abogados Alex G., Fernando M. y Carlos C., entre los años 2006 y 2007, coaccionaron ocho locales de prostitución de Barcelona para que entregaran periódicamente dinero al inspector de la Policía Nacional José M. a cambio de cesar en sus inspecciones.

El seguimiento de uno de los propietarios del Club Saratoga llevó en esta causa a la imputación del ingeniero Joaquín Q. que, de acuerdo con el inspector de licencias de Barcelona Manuel M., avisaba presuntamente de inspecciones en prostíbulos y destruía expedientes de cierre de establecimientos a cambio de dinero.

Precisamente, Joaquín Q. fue condenado el año pasado por su implicación en una trama de corrupción en la concesión de licencias ilegales en el Ayuntamiento de Barcelona y está imputado en la causa abierta por las irregularidades en la tramitación de expedientes de apartamentos turísticos del barrio barcelonés de Ciutat Vella.