El juzgado de instrucción nº 31 de Madrid mantiene como investigado al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en el presunto fraude en el cobro de unas conferencias a través de la empresa BCC, aunque ha archivado la causa en relación con los administradores de la sociedad, Francisca Buján y Pedro Díaz.
En noviembre de 2015, siete meses después de la detención televisada que destapó el caso, el Instituto Armado solicitó que se investigara la relación con BCC dado el "complejo entramado empresarial a través del cual (Rato) hace circular fondos provenientes de actividades profesionales".
El pasado 5 de abril, Rato declaró ante el juez por este motivo, y defendió que el cobro fue legal, al igual que "muchas otras personas", ya que desde 2002 es "plenamente legítimo facturar a través de empresas".
No obstante, según la Guardia Civil, entre 2007 y 2012 y durante el ejercicio 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su exmujer, facturó a la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) 1,7 millones de euros, siendo 2008, meses después de su salida del Fondo Monetario Internacional (FMI), aquel de mayor volumen.
En su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción atribuye al exministro responsabilidades por el ejercicio 2012, año en el que se habrían defraudado, a falta de cifras definitivas, al menos 672.329 euros. Esta cuantía "superaría los 120.000 euros" establecidos por el Código Penal como delito, y no podría considerarse prescrita.
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