La investigación que sigue la Audiencia Nacional contra el pequeño del clan Pujol Ferrusola se alarga, al menos, hasta julio de 2021. El magistrado José de la Mata, ha decidido prorrogar el tiempo de instrucción de la pieza que abrió el pasado mes de julio bajo el nombre de 'Drago' y que se centra en los negocios inmobiliarios de Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias en aras a acreditar el presunto blanqueo de poco más de cinco millones de euros que percibieron por participar en la venta de un millar de sucursales bancarias del Santander en el año 2007.
El auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, al que ha tenido acceso este diario, se conoce después de que los investigadores del caso Villarejo hayan constatado que, entre la abundante documentación encontrada en su domicilio, figura material relativo a la sociedad holandesa Ard Choille. Esta firma aparece en la causa contra los Pujol por ser la que habrían empleado los acusados para esconder en el extranjero las comisiones que cobraron con la operación inmobiliaria gestionada a través de Drago Capital. Se trata de una parte de las pesquisas del caso Pujol que arrancó investigando el magistrado Santiago Pedraz pero que se inhibió en favor de su compañero De la Mata, instructor de las diligencias contra la familia del expresidente catalán.
No obstante, es un capítulo de la historia del que todavía quedan flecos por resolver. Prueba de ello es que el pasado mes de julio el magistrado dio el primer paso para sentar a todo el clan en el banquillo por presunta organización criminal, si bien abrió pieza separada para seguir la pista de los negocios del pequeño de la familia. Esta parte del caso suma un total de ocho investigados entre los que se encuentran Jacob Broers, propietario de Ard Choille. Además, la causa por delito de blanqueo se dirige contra Javier de la Rosa J, su hermana Gabriela de la Rosa y José María Villalonga padre e hijo ante la sospecha del juez de que habrían actuado como comisionistas en esta operación inmobiliaria.
En otros casos de corrupción
La conexión entre la causa general y esta pieza que se investigará durante los próximos diez meses hay que buscarla en las cuentas que empleó el hijo pequeño de Jordi Pujol i Soley. Las pesquisas determinaron que el dinero que invirtió para las operaciones de Drago Capital provenía de una cuenta común que compartía con sus hermanos en Andorra (ahora procesados) y que se nutrió de ingresos en metálico y transferencias entre los años 1992 y 2000 por un total de 116 millones de pesetas. Además del origen de los fondos, los investigadores siguieron el rastro de esta operativa de compra de 1.152 sucursales del Banco Santander descubriendo que los imputados se apoyaron en sociedades pantalla para ocultar a Hacienda las comisiones percibidas.
Y eso es lo que ahora va a indagar el magistrado De la Mata el cual explica en su auto que prorroga doce meses las pesquisas a tenor de la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) sobre los plazos de instrucción, al igual que hizo en la causa sobre la presunta caja 'b' del PP. Sea como fuere, entre los objetivos a investigar por parte del juez se encuentra la sociedad Ard Choille no solo porque canalizó las supuestas mordidas sino también porque su propietario habría cobrado por ocultar el patrimonio amasado, el 2,2% del total de fondos canalizados a través de estas sociedades (253.000 euros).
Con todo, no es la primera vez que esta firma aparece en casos de corrupción. De hecho, salió a relucir en la trama Pretoria que también se siguió en la Audiencia Nacional contra los exhombres de confianza de Jordi Pujol: Lluis Prenafeta y Macià Alavedra. Ambos fueron condenados por su participación en tres pelotazos urbanísticos de Barcelona. La sentencia determinó que algunos de los implicados en la red -como el exdiputado del PSC Luis García- participaron en una operación de compra venta de acciones a esta sociedad en Santa Coloma de Gramenet tras revalorizarse el suelo gracias a los cambios legales que impulsó el consistorio. La sentencia concluye que Ard Choille "carecía de cualquier experiencia en el sector inmobiliario" y que detrás de la misma se encontraban inversores con los que se pactó la venta de los terrenos.
Objetivo de Villarejo
A ello hay que añadirle que la firma holandesa también ha suscitado el interés de Villarejo. Fuentes del caso Tándem consultadas por este diario explican que entre el material incautado al agente tras su detención en noviembre de 2017 se encuentra documental que lleva por nombre Ard Choille. No es la primera vez que aparece el clan Pujol en el caso Tándem. La familia del exmandatario catalán ha pedido en numerosas ocasiones poder figurar en este procedimiento en calidad de perjudicada por los espionajes del comisario jubilado. En uno de los escritos remitidos al magistrado Manuel García Castellón el primogénito de Jordi Pujol y Marta Ferrusola pidió conocer la documentación de este procedimiento al considerar que figuraban en los papeles que ocultaba el agente encubierto.
El propio Villarejo ha aludido en sede judicial en más de una ocasión a su presunta participación en la denominada 'operación Cataluña' que habría puesto en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy para controlar los movimientos de las facciones nacionalistas e independentistas. Tanto es así que ha pedido a la Audiencia Nacional tener acceso al material que guardó en su domicilio sobre la identidad y los pagos de los colaboradores de la Policía que habrían participado en este operativo. El magistrado asegura que toda esta documentación -que escondía en el archivo Taja- nada tiene que ver con la causa penal por sus encargos privados de espionaje y la ha apartado del proceso al tratarse de material clasificado. El archivo incluye además un listado de testigos protegidos y confidentes policiales así como las identidades con las que operó Villarejo mientras estuvo en activo en la Policía y las funciones que tenía asignadas entre 2013 y 2014, años en los que estuvo al frente de la Policía el ExDAO Eugenio Pino.
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