México, 31 jul.- Un juez federal mexicano ordenó hoy la prisión preventiva contra tres presuntos sicarios involucrados en el asesinato de un vicealmirante y de su escolta el domingo pasado, informó una fuente de la fiscalía de México.
La fuente de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) dijo a Efe que un juez concedió el arraigo por 40 días contra los presuntos miembros del cártel de Los Caballeros Templarios, "acusados de homicidio, porte de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y lo que resulte".
Se trata de Timoteo Vargas Infante, José Trinidad Arroyo Regalado y Ramiro Barajas Alvarado, quienes permanecen a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Según la fuente de la PGR, la concesión de este arraigo para perfeccionar la integración de la averiguación previa es "excepcional" por la importancia del caso.
El vicealmirante Carlos Salazar Ramonet, comandante de la VIII Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, y uno de sus escoltas murieron el domingo en una emboscada perpetrada por sicarios armados en un camino rural del estado occidental de Michoacán.
Horas después del ataque, la identificación de una de las camionetas que participó en la emboscada permitió capturar a los tres presuntos sicarios, quienes portaban cuatro armas largas y una corta, así como munición de diverso calibre.
Los detenidos confesaron su participación en el ataque, que eran miembros de Los Caballeros Templarios y recibían un salario mensual "por robar, extorsionar y generar secuestros, entre otra serie de delitos", reveló el lunes pasado el fiscal general, Jesús Murillo.
Los Caballeros Templarios surgieron hace tres años, están presentes en vastas áreas de Michoacán y son acusados de controlar una red de producción de drogas naturales y sintéticas, así como de secuestros y de extorsiones.
El asesinato del vicealmirante es uno de los golpes más duros que ha recibido en los últimos años la Armada de México, que participa en la lucha contra el crimen organizado, junto con el Ejército y otros cuerpos de seguridad.
El fiscal Murillo ha expresado en varias ocasiones sus reticencias hacia la figura del arraigo, muy criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos que piden su eliminación.
Según Amnistía Internacional, "esta figura de detención preventiva bajo la custodia de una agencia investigadora sin acceso a los derechos propios de un proceso judicial y sin recursos efectivos de impugnación ha resultado en la detención injusta e infundada de miles de personas".
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