"Este órgano jurisdiccional considera prudente dictar el auto de prisión preventiva en contra de la señora Ingrid Roxana Baldetti", indicó el titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez.
El juez explicó que la decisión obedece a que existen probabilidades de obstaculización a la justicia y peligro de fuga, pues la exfuncionaria tiene también ciudadanía italiana y se "podría sustraer de la investigación del Ministerio Público (Fiscalía)".
Gálvez ordenó recluir a la ex vicepresidenta en una cárcel común llamada Santa Teresa, en la periferia norte de la capital, y no en el cuartel militar Matamoros, donde se hallaba preliminarmente.
Argumentó que Matamoros es una cárcel para hombres y, aunque el pasado lunes fue modificado el acuerdo de su creación para que pudiera albergar mujeres, el cambio se da después de que ella fue detenida, por lo cual sería ilegal su reclusión en ese centro.
Sin embargo, el juez aclaró que el encarcelamiento en Santa Teresa no será inmediato, pues emplazó al Sistema Penitenciario para que en tres días habilite los espacios necesarios para garantizar la vida de la exfuncionaria.
"Lo que se busca es que haya una igualdad y no se rompa ese principio de legalidad porque eso nos va a permitir consolidar un estado de derecho", consideró, antes de cerrar la audiencia.
"En el presente caso tenemos que tomar en consideración que (...) se está investigando a personas que estaban involucradas dentro del Estado de Guatemala, especialmente funcionarios públicos a una escala más alta", agregó Gálvez.
Mario Cano, abogado de Baldetti, responsabilizó al juez de lo que pueda ocurrir a la ex vicepresidenta en esa prisión porque "ella no es una persona común".
La Fiscalía tiene tres meses para argumentar la acusación y presentar las pruebas ante otro juzgado, el cual determinará si Baldetti enfrentará un juicio oral y público por los delitos que se le imputan.
El juez recordó que por este caso están pendientes otras 14 órdenes de captura, entre ellas la de Juan Carlos Monzón, el exsecretario privado de Baldetti.
El martes el juez Gálvez abrió un proceso penal contra Baldetti por considerar que hay indicios de su participación en la red de defraudación aduanera, un escándalo que tiene al país en estado de convulsión.
Explicó que los posibles delitos en que incurrió la exfuncionaria son asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.
El juez Gálvez aceptó la pruebas presentadas por la Fiscalía, como escuchas telefónicas, documentos internos de la red delictiva y copia de varios cheques que Baldetti habría recibido como supuestos pagos de sobornos.
La crisis política estalló en abril pasado cuando se reveló la existencia de una organización que cobraba sobornos a empresarios para facilitarles la evasión de impuestos aduaneros.
En la misma trama fue vinculado el presidente guatemalteco, quien ha rechazado dejar el cargo pese al clamor popular por su renuncia.
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