Al Santander 

El juez pide datos para saber si Popular financió a clientes para la ampliación

El magistrado quiere saber si la entidad "ofreció al mercado unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia". 

EFE
El juez pide más datos para conocer si el Popular financió a clientes en la ampliación. 
Agencia EFE | EFE

La investigación continúa. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reclamado diversa documentación al Banco Santander para investigar si el Banco Popular otorgó financiación a clientes de la entidad para la ampliación de capital en el año 2016 y si "de forma deliberada no la restó del capital regulatorio". En un auto que recoge Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 acuerda una investigación pericial para acreditar si "la entidad ofreció al mercado unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo" mediante la financiación a clientes para conseguir liquidez para la ampliación de capital.

La resolución del juzgado recuerda la operativa de la ampliación de capital investigada y subraya que en la causa existe "un documento de enorme trascendencia". Calama explica que, a requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el vicesecretario del consejo de administración del Banco Popular, Heraclio Peña, remitió un informe (con fecha de 2 de octubre de 2017), complementario de otros anteriores, sobre diversos aspectos del hecho relevante de 3 de abril.

"Del documento se deduce que tanto el consejero delegado del Banco Popular, como los directores generales de Banca Minorista y de Negocio de Clientes lideraron dicha financiación, alentando a la red comercial --a través de los directores territoriales y regionales-- para que ofertaran financiación a determinada clientela de BP a fin de participar en la referida ampliación de capital", indica el magistrado.

Uno de los exvicesecretarios del consejo del Popular, Heraclio Peña, declaró en sede judicial que sí que había habido financiación, a lo que se suma lo que el juez considera "un documento de enorme trascendencia", un informe fechado el 2 de octubre de 2017 del que "se deduce" que tanto el consejero delegado del banco como los directores generales de Banca Minorista y de Negocio de Clientes "lideraron dicha financiación".

De este modo, y según recoge Efe, el banco habría alentado a su red comercial -a través de los directores territoriales y regionales- para que ofertaran financiación a determinados clientes para que participaran en la ampliación de capital, supone el juez.

El manual prohibía la financiación 

Pese a que el Manual de Políticas de Riesgo de la entidad prohibía expresamente "la financiación para la compra de acciones y preferentes del Grupo", en línea con la normativa europea, indica el magistrado, "cabe afirmar que los máximos directivos de departamentos estratégicos del banco- Intervención General, Auditoría Interna y Riesgos- conocieron y consintieron dicha financiación".

Tanto las sucursales como las direcciones regionales y territoriales, añade Calama, "conocían la prohibición referida", que "se eludió haciendo constar como destino de los créditos otros distritos a la financiación de acciones". A su entender, el director de Cumplimiento Normativo del banco informó al consejero delegado de que la red comercial estaba financiando la adquisición de acciones de la ampliación de capital, "sin que conste que dicho Consejero adoptara ninguna medida concreta".

Por todo ello, el juez da 30 días al Banco Santander -que se hizo con el Popular a un precio simbólico- para que aporte diversa documentación, entre la que debe incluir detalles sobre la financiación que se otorgó los clientes que suscribieron más de 5.000 acciones de la ampliación. La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización. 

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