El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama tiene muy clara la línea de investigación del caso por la quiebra del Banco Popular y, por ese motivo, ha descartado incluir en las pesquisas la parte relativa a los acuerdos extrajudiciales alcanzados por el Banco Santander en calidad de heredero de la entidad extinta. Rechaza de esta forma acceder a la petición formulada por algunas acusaciones del procedimiento que querían ampliar el foco a las cuestiones que se están resolviendo por la vía civil.
El instructor plasma su decisión en un auto del pasado 12 de junio al que ha tenido acceso La Información y lo hace con el criterio favorable de la Fiscalía Anticorrupción, la cual no ve pertinente que la entidad que preside Ana Botín tenga que razonar los motivos por los cuáles ha alcanzado los citados pactos. Según explica el fiscal Antonio Romeral, las transacciones alcanzadas por los accionistas de la entidad son materia de ámbito civil y, por tanto, no forman parte de esta macrocausa.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 va más allá y añade que dicha petición de diligencias excede "de forma palmaria el objeto" de este procedimiento, que arrancó en la Audiencia Nacional en octubre de 2017 contra los expresidentes de la entidad Ángel Ron, Emilio Saracho y los antiguos gestores. La causa nació ante las querellas presentadas por afectados y por el propio Ministerio Público que pidieron investigar por la vía penal presuntas irregularidades en la ampliación de capital de 2016 así como una posible manipulación de mercado ante la difusión de información falsa ya en la última etapa de vida del banco que provocó el desplome del valor de las acciones.
Precisamente, algunos afectados personados en el macroprocedimiento solicitaron al juzgado que pusiera el foco en la información privilegiada que podrían haber tenido grandes inversores del banco y que les llevó a deshacerse de los títulos en un tiempo récord, justo antes de la resolución que llevó a cabo la JUR. Las acusaciones particulares reclamaron al juez en su escrito que requiriera al fondo BlackRock una batería de diligencias de cara a dilucidar si vendió los 115 millones de acciones que poseía al ser plenamente consciente de la situación crítica que atravesaba la entidad.
El papel de la CNMV
"La cuestión que suscita la parte ha sido objeto de análisis por la CNMV y sus conclusiones constan en la causa", responde el instructor al requerimiento añadiendo además que llamará a declarar a los funcionarios del regulador que analizaron este asunto concreto conforme avance la instrucción de la causa. En concreto, las acusaciones buscaban acceder al historial completo y los extractos bancarios de las acciones de las que el fondo de gestión fue titular desde el 1 de enero de 2017. Con esta jugada, reza su escrito, el fondo pasó de ser el titular del 4% de los títulos a reducir su participación a cero.
Con todo, existe un tercer requerimiento que el magistrado tampoco acuerda practicar y está relacionado con la valoración que hizo Deloitte en 2017 y que sirvió de base para la resolución del Popular. La acusación pedía incorporar el documento al procedimiento y que se citara al representante legal de Deloitte Belgium para que aclarara los niveles de solvencia elaborados sobre la entidad desde enero de 2015 hasta la fecha. De nuevo, ni el juez ni el fiscal ven procedente dirigir la investigación en esa línea.
"No se investiga la venta del banco"
"En esta causa no se investiga la venta del Popular. Los hechos objeto del caso son la ampliación de capital realizada por el Banco Popular en mayo de 2016 así como los acontecidos hasta la venta de la entidad en junio de 2017", responde el fiscal Anticorrupción de la causa, en sintonía con el criterio mantenido con el instructor, el cual también descarta ampliar la pericial estrella de la causa elaborada por dos inspectores del Banco de España. La misma concluyó que el hundimiento de la entidad se debió a una intensa fuga de depósitos de hasta 16.000 millones de euros en apenas tres meses.
El juez es especialmente claro en este asunto concreto al responder que hasta que no comparezcan en la Audiencia Nacional para ratificar las conclusiones plasmadas en su trabajo, no se acordará ninguna ampliación del mismo. "La ratificación de los peritos no tiene una significación meramente litúrgica dentro del proceso, sino que es el momento procesal pertinente para que el instructor y los demás protagonistas del procedimiento puedan formular las preguntas y aclaraciones que estimen oportunas. Por tanto, hasta que no se lleve a efecto, se denegarán todas las peticiones de las partes que conlleven pronunciamientos ampliatorios por parte de los peritos", sentencia.
Con estas resoluciones los investigadores marcan el devenir de esta instrucción que ya cuenta con una fecha clave: la primera semana de octubre. En concreto, el día 2 de ese mes es el señalado para interrogar a Emilio Saracho, último presidente de la entidad, por los hechos que se investigan hace casi dos años. Le seguirá Ángel Ron, citado para los días 8 y 9 de ese mes y, tras él, el exconsejero delegado Francisco Gómez Martín y el exvicepresidente de la entidad Roberto Higuera. Se trata de las primeras citaciones que se acuerdan y a las mismas seguirán las que se señalen para el resto de miembros de los consejos de administración investigados en esta causa penal.
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