El juez del caso 'Popular', José Luis Calama, escuchará el próximo 28 de octubre a los peritos de la Agencia Tributaria que elaboraron el informe en el que se describían operaciones de financiación indirecta arbitradas por el Banco Popular y que contaron con la intermediación de 'Thesan Capital SL', una sociedad de capital riesgo especializada en la compra de empresas en crisis.
En concreto, ese documento desvela que la financiación iba destinada a sociedades españolas con una frágil situación económica y que eran clientes de la entidad. La misma se canalizaba a través de sociedades que operaban en Luxemburgo, con la mediación de 'Thesan'. Fue en 2018 cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Numero 4 recibió del Juzgado de Instrucción Central número 2 ese informe de la Agencia Tributaria y hasta 110 documentos relacionados con la causa.
Entonces, y atendiendo el informe del Ministerio Fiscal, el juez ordenó que los peritos de la causa analizasen toda esa documentación y la que llegase del Banco Central Europeo (BCE) relacionada con las inspecciones que han realizado sobre la cartera de activos adjudicados y la cartera de crédito reestructurado de la entidad bancaria. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que esta declaración será la siguiente después de que, el pasado jueves, el magistrado escuchase al exdirector de planificación de la resolución de la Junta Única de Resolución Dominique Laboureix.
Unos días antes, el 4 de octubre, el juez tomó declaración al exdirector de Cumplimiento Normativo del Popular Juan José Rubio, que aseguró que sospechaba que la entidad había dado financiación a sus clientes para que pudieran participar en la ampliación de capital del banco, pero que nunca llegó a confirmarlo.
En esta causa, Calama investiga la sucesión de hechos que propiciaron el desmoronamiento del Popular hasta que el Santander lo compró por un euro. En concreto, indaga las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a la prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
Así las cosas, el magistrado también escuchó el pasado 30 de septiembre a la presidenta de la JUR, Elke König, que reconoció que la autoridad tenía indicios desde 2014 sobre la problemática del banco. Eso sí, negó que sus declaraciones en Bloomberg tuvieran relevancia o afectación a la fuga de depósitos de la entidad.
Entonces, el juez preguntó a König por unas declaraciones realizadas en esa cadena el 13 de mayo de 2017, en las que señaló que el Banco Popular era uno de los casos que estaban estudiando. La presidenta de la JUR se escudó en que no se refería en concreto a la entidad española, sino a varios bancos que el organismo estaba monitorizando en ese momento.
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