Después de escuchar la opinión de todas las acusaciones que forman parte de la macrocausa del Banco Popular, el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido reducir el número de las mismas a un total de diez. La intención de acometer este movimiento la adelantó el pasado mes de abril, cuando les ofreció la oportunidad de agruparse voluntariamente antes de que se procediera desde el juzgado para evitar dilaciones de una causa que suma, a día de hoy, 103 acusaciones. De este modo ha priorizado a los principales fondos de inversión que litigan en la causa, a las asociaciones que más víctimas aglutinan y a los inversores que superaron el millón de euros, de acuerdo con un auto del juez al que ha tenido acceso La Información.
El titular del juzgado central de Instrucción número 4 razona en su escrito que los criterios seguidos hacen que se anteponga en primer lugar a los fondos Pimco, Algebris, Anchorage Capital y Cairn Capital por la importante inversión en bonos del Banco Popular y por los "miles" de perjudicados que representan. El instructor también prioriza a la Mutualidad General de la Abogacía, habida cuenta que suma más de 200.000 mutualistas y a otras asociaciones que también incluyen un gran número de perjudicados por la debacle de la entidad, como son Adicae y Aemec.
El instructor también mantiene la representación individual de Aeris Invest SL (Grupo Luksic), cuya inversión en el Popular supera los 100 millones de euros. De hecho, la familia Luksic ha llegado a llevar a la Junta Única de Resolución (JUR) ante la Justicia europea por no atender su petición de que acometa un informe definitivo sobre la resolución del Popular, proceso tras el cual fue vendido al Banco Santander. Mismo estatus gozan la representación individual de Cerquia Gestión, cuya inversión está cercana a los tres millones de euros, y la representación de Ali Taefi, con una inversión de 2,4 millones.
Prioridad a los querellantes
Finalmente, el magistrado instructor tiene en cuenta no solo el volumen de representación sino también la premura con la que se adhirieron a la causa. De este modo mantiene como acusación a los primeros querellantes que se personaron en el procedimiento, el cual arrancó en la Audiencia Nacional en octubre de 2017 contra los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho por los delitos de falsedad societaria, administración desleal y falsedad documental. Tanto el primer magistrado instructor, Fernando Andreu, como su sucesor al frente del caso se centraron, por un lado, en la ampliación de capital de 2.505 millones de euros y, por otro, en las filtraciones ya en la última etapa de vida de la entidad que propiciaron una caída del valor de la cotización.
En su auto, de este mismo martes, el magistrado razona que ha tomado esta decisión tras estudiar los "numerosísimos" escritos presentados por el centenar de acusaciones y en los que la mayoría reivindicó su potestad para litigar por separado. Los hay incluso que solicitaron una vista oral para resolver este asunto, si bien el instructor responde que con este trámite de audiencia se da por satisfecha la consulta a todas las partes de la macrocausa. Además, defiende que sea en este momento de la investigación cuando se acometa la agrupación de perjudicados puesto que en todo este tiempo previo se han seguido admitiendo personaciones de afectados.
Fuga masiva de depósitos
De hecho, el instructor explica que las futuras víctimas en el caso tendrán que agruparse en una de las diez personaciones designadas, aunque eso sí, el magistrado asegura que se mantendrá la tutela judicial efectiva de todas y cada una de ellas en lo que respecta al acceso de información del procedimiento en el que todavía no se ha citado a declarar a ningún investigado hasta el momento. El magistrado estaba a la espera de conocer las conclusiones alcanzadas por los dos expertos del Banco de España a los que se encomendó el peritaje para aclarar los motivos de la quiebra de la entidad.
Los mismos reportaron que el motivo del final de la entidad fue la masiva fuga de depósitos -cifrada en 16.000 millones de euros- que se produjo en los últimos tres meses de vida del Popular y que sentenció de muerte un banco que, de acuerdo con el criterio plasmado en su informe, se podría haber salvado con una nueva ampliación de capital. Con todo, también pusieron tacha al folleto sobre la ampliación de capital, del cual dijeron que incluía unas previsiones "demasiado optimistas" y criticaron el relevo de la cúpula de la entidad por producirse en un momento especialmente delicado.
La incorporación al procedimiento de este exhaustivo informe se produjo apenas semanas antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitiera el recurso interpuesto por el Banco Santander contra su imputación en la causa y le archivara las actuaciones. Los magistrados aceptaron los argumentos expuestos por la defensa letrada de la entidad que preside Ana Botín y corrigieron la decisión del magistrado instructor, que con el informe favorable de Anticorrupción, imputó al Santander en calidad de heredero del negocio del banco extinto.
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