Jueves, 23.05.2019 - 11:42 h
Por apropiación indebida

El juez del Popular se niega a investigar a Ron y Saracho por la venta al Santander

Inadmite una querella contra la cúpula de la entidad porque el objeto de la causa se ciñe a la ampliación de capital de 2016.

Imagen del Banco Popular con mucha gente
La Sala ya se ha pronunciado en dos ocasiones sobre el fondo del asunto/Banco Popular

El procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra la excúpula del Banco Popular no ha investigado ni investigará los pormenores de la venta al Banco Santander en 2017 por un euro porque no es objeto de esta causa penal. Así de claro lo ha expresado el magistrado instructor, José Luis Calama Teixeira, en un auto en el cual rechaza imputar a los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho el delito de apropiación indebida.

En su escrito, con fecha de 4 de marzo y al que ha tenido acceso La Información, el instructor inadmite a trámite una querella interpuesta por la Plataforma Española Stop Clausula Suelo contra todos los miembros del Consejo de Administración del banco extinto entre los años 2012 y 2017 por apropiación indebida. El magistrado sigue el criterio fijado por la Sala de lo Penal en dos resoluciones de 2018 y clarifica que este procedimiento, que arrancó en octubre de 2017, se ciñe exclusivamente a presuntas irregularidades en el proceso de ampliación de capital así como en la difusión de información falsa para hacer caer el valor de la acción.

Además, considera el instructor que la descripción que hace el querellante de los motivos por los que se debería abrir esta nueva línea de investigación no están lo suficientemente fundamentados; razón por la cual opta por mantener las líneas de las pesquisas marcadas hasta el momento. Una decisión que supone un alivio para los principales investigados en el procedimiento y a los que recientemente se les abrió expediente sancionador desde la CNMV -que luego procedió a suspender- por presunta falsedad en las cuentas de 2016.

Precisamente, una de las últimas documentaciones que se han adherido a la causa son las copias de estas sanciones que el regulador entregó en el Juzgado Central de Instrucción número 4 el pasado mes de febrero. Además de toda esta documentación, el organismo remitió un escrito en el que pedía que se adoptaran las medidas necesarias desde la Audiencia Nacional para proteger la confidencialidad de todo este material. No obstante, la difusión en los medios de comunicación de las sanciones en cuestión molestó especialmente al que fuera presidente de la entidad Ángel Ron, que remitió sendos escritos al juzgado y a la CNMV mostrando su malestar por el modo de proceder. 

La defensa de Ron denunció que, aunque luego dejaran en suspenso las sanciones precisamente por la existencia de este procedimiento penal, el envío a determinados medios de comunicación produjo el efecto mediático esperado y un grave daño a su honor, según expuso, en tanto no se han podido defender de estos expedientes ni alegar sus respectivas quejas. También denunció que omitiera en sus actas las conclusiones alcanzadas por la auditoría interna de la entidad acerca de que el banco contaba con un superávit de de 184 millones de euros, de acuerdo con las conclusiones de la auditoría interna.

18 meses más de investigación

Con todo, el foco sigue puesto en las conclusiones que se obtengan de la pericial estrella del procedimiento, que no es otra que la encargada a dos expertos del Banco de España para que emitan su propio dictamen sobre las presuntas falsedades que se habrían incluido en los folletos de la ampliación en cuestión por no reflejar la verdadera situación de la entidad. Además, el magistrado que comenzó instruyendo esta causa, Fernando Andreu, decidió investigar en una pieza separada una presunta manipulación de mercado ante la sospecha de que se difundieron noticias falsas con la finalidad de hacer caer el valor de la cotización.

Tras su aterrizaje al frente de la causa, el magistrado Teixeira ha tomado varias decisiones de calado; entre ellas la imputación formal del Banco Santander en la causa que la propia entidad que preside Ana Botín recurrió apelando al a "muerte" de la entidad. De hecho, en su escrito, sacó pecho de la gestión hecha hasta el momento por la inyección de 13.000 millones de euros y recordó en varias ocasiones que resultaba incluso "paradójico" que los poderes públicos busquen responsabilidades penales en la entidad cuando fueron ellos los que promovieron, dirigieron y ejecutaron la operación. Además, el magistrado ha ampliado la investigación de la causa otros 18 meses más atendiendo parcialmente la petición de Anticorrupción, que pedía una prórroga de dos años más. 

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