El juez del Popular deja para otoño las declaraciones de Ana Botín y Guindos

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira ha decidido retrasar al mes de septiembre las declaraciones de más de una decena de testigos que tuvo que suspender el pasado mes de marzo por la crisis del coronavirus. El juez que investiga la caída del Banco Popular ha decidido dar impulso al procedimiento y señalar nuevas fechas ya después de verano. De este modo, reanudará las testificales a partir del día 17 de septiembre con el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, mientras que el día 30 escuchará al exministro de Economía y vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. 

El magistrado acuerda además tomar declaración a una serie de exdirectivos del Popular y del Pastor y señala para el 8 de octubre la testifical de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. Siete días después está llamado el presidente del Santander España, Rodrigo Echenique, de acuerdo con una providencia de este miércoles en la que adelanta que la intervención de De Guindos se producirá por videoconferencia después de que éste así lo solicitara por motivos de movilidad. De hecho, este capítulo generó controversias puesto que el instructor le denegó la petición en un primer momento dejando abierta la posibilidad de cambiar la fecha si el problema era una cuestión de agenda, pero finalmente cedió a sus pretensiones. 

De este modo, el instructor del caso da impulso al procedimiento después del parón obligado que ha sufrido la causa debido a la crisis del coronavirus. Teixeira fue de los primeros magistrados de la Audiencia Nacional en suspender las citaciones señaladas para marzo y abril, antes incluso de la declaración del estado de alarma, al considerar que suponían un alto riesgo de contagio por la sala en la que tenían previsto celebrarse. Así pues, la causa quedó en 'standby' después de que hubiera dado comienzo la fase de testificales que inauguró la exvicepresidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, y el exgobernador del Banco de España Luis María Linde. 

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Crisis de liquidez

El economista apuntó entonces que la resolución del Popular por parte de la JUR "no tuvo nada que ver ni con la solvencia, ni con las provisiones" sino que se trató de una crisis de liquidez. El exgobernador respaldó de esta forma la tesis plasmada por los inspectores del Banco de España en el peritaje encargado por el magistrado que comenzó instruyendo la causa, Fernando Andreu. Además, dijo en sede judicial que los requerimientos que se efectuaron entonces desde el supervisor al Popular bajo la presidencia de Ángel Ron y de Emilio Saracho, "no suponían ni una irregularidad administrativa ni penal" sino que eran requerimientos comunes que se hacían a todas las entidades.

Mientras tanto, las partes personadas en el caso han movido ficha a la espera de que el juez resuelva sobre todas ellas cuando se reanuden los plazos procesales este 4 de junio. Así, los fondos Pimco, Algebris y Anchorage pidieron al instructor una batería de testificales de altos cargos del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de España, además de la imputación de tre exdirectivos de la entidad para esclarecer los vínculos que el banco tuvo con Thesan Capital. Los grandes fondos personados como perjudicados en esta causa penal buscan probar la responsabilidad penal que tendrían los antiguos gestores del banco en la pérdida de cerca de 280 millones tras quedar reducido a cero el valor de sus bonos con la resolución de la entidad.

Igualmente en este tiempo de 'parón' se ha abierto otro frente que el magistrado tendrá que resolver y es el relativo a las prejubilaciones de la excúpula. Algunas acusaciones han pedido al instructor que reclame al banco por ser el heredero del negocio del Popular los 21 millones que Ron y el exCEO Francisco Gómez devolvieron en concepto de prejubilaciones y bonus. Sin embargo la entidad que preside Botín no solo se opone a ese reclamo sino que también niega que tenga que abonar una fianza de 11.000 millones de euros que se correspondería con los fondos propios de Banco Popular a 31 de diciembre de 2016. Según expuso en su escrito remitido a la Audiencia Nacional, se trata de una cuantía "absolutamente desproporcionada".