La causa abierta en los juzgados de Plaza Castilla contra Podemos avanza hasta poner el foco en las contrataciones a la sociedad Neurona. El magistrado Juan José Escalonilla ha decidido centrarse en el desglose de los 1.471 'productos' que el propio partido entregó al juzgado en verano relativos todos ellos a pruebas, grabaciones o producción de datos que vendrían a demostrar que los pagos de 363.000 euros correspondían a trabajos reales. Pese a contar con este anexo desde hace meses, el juez decide estudiarlo ahora tras escuchar en sede judicial el testimonio de la cúpula de la formación sobre su relación laboral con la consultora política.
Según confirman fuentes jurídicas a este diario, se trata de uno de los aspectos troncales sobre los que pivota esta causa penal contra la formación que lidera Pablo Iglesias. De hecho, en su cita ante el juez el pasado viernes, el responsable de comunicación, Juanma del Olmo, y los otros tres cargos del partido fueron preguntados específicamente por las fechas de los contratos, los abonos de las facturas y los trabajos realizados. El titular del juzgado de instrucción 42 de Madrid trata de indagar si las transferencias que se realizaron desde las cuentas bancarias de la coalición de Unidas Podemos respondían a encargos reales a Neurona, registrada en Sevilla tres meses antes de los comicios del 28 de abril del año pasado.
El ejemplo de Colombia y México
Al respecto y según las fuentes consultadas, Del Olmo explicó que le contactó en 2018 César Hernández, uno de los responsables de la consultora mexicana. En ese momento le presentó los trabajos que esta empresa de comunicación había hecho en países como Colombia o México y, tras un análisis de la propuesta, decidió que el partido contratara sus servicios de cara a los comicios de ese año. Del Olmo, que fue director de la campaña de esas elecciones, explicó a los investigadores que apostaron por esta contratación porque habían diseñado una campaña especialmente ambiciosa para Iglesias y necesitaban más recursos de lo habitual.
Del Olmo se apoyó para ello en los cerca de 1.500 'productos' que la defensa legal del partido entregó al juzgado hace ya unos meses. Entre esa maraña de documentación se incluye también los servicios que la filial española de Neurona habría prestado en el análisis del 'Big Data' relativo a las posibilidades de voto que tenía Podemos en cada territorio del país. Sobre este punto también se pronunció la mano derecha del vicepresidente segundo del Gobierno a preguntas expresas del juez. Cabe destacar que, según las fuentes consultadas, la Fiscalía no preguntó en ninguno de los cuatro interrogatorios por irregularidades en las facturas entregadas. Y ello pese a que el juez está especialmente interesado en analizar al detalle los servicios de Neurona así como los pagos que de la misma salieron a terceros.
Las citaciones, que se acordaron a finales de julio, se producen en una semana especialmente relevante para el avance de la causa después de toda la documental entregada por el gestor de Neurona, Elías Castejón. Tras declarar en sede judicial entregó una relación de pagos que se efectuaron desde las cuentas de Neurona a una mercantil con sede en México. Se trata de cuatro transferencias por importe total de 270.000 euros que se giraron a Creative Advice Interactive Group y que, según informó El Confidencial, guarda relación directa con el proveedor electoral del presidente de México, Andrés López Obrador. El objetivo ahora es esclarecer el destino final de los fondos y la labor social de esta empresa, radicada en el estado de Michoacán.
El pago de 75.000 euros
Preguntado por este asunto concreto Del Olmo se desentendió del recorrido del dinero y dijo que no podía rendir cuentas por los pagos a terceros que hiciera su proveedora. Sin embargo la acusación popular, que ejerce el partido Vox, ya ha adelantado que solicitará la declaración de César Hernández para que explique más detalles sobre este asunto. La causa, que nació a raíz de una denuncia presentada en Barcelona por el exabogado del partido José Manuel Calvente, ha ido acotando las líneas de investigación abiertas hasta centrarse en dos aspectos concretos: los trabajos por la campaña electoral y la reforma de la sede de Podemos. El instructor ampara sus pesquisas en el dictamen que remitió el Tribunal de Cuentas y que apuntaba a la posibilidad de que se hubiera simulado el contrato de Neurona.
Igualmente también ha puesto el foco en una transferencia de 75.000 euros que se hizo desde la cuenta bancaria de Unidas Podemos a Neurona Comunidad dos meses antes de su registro oficial en Sevilla. De hecho, ha librado oficio a la a UCDE (Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción) para que indague este pago que Daniel de Frutos achacó a un error. El tesorero del partido, que también declaró este viernes junto con la gerente Rocío Esther Val y la responsable de compras Andrea Deodato, fue preguntando en primer lugar por este tema respondiendo que fue una equivocación que se subsanó.
En lo que respecta a la reforma de la sede, el magistrado ha pedido al arquitecto Manuel Campos García que entregue las actas de recepción de la obra y el certificado final para esclarecer si hubo sobrecoste con el proyecto, que se licitó inicialmente en 650.000 euros si bien luego se pagó por ella 1,3 millones. Igualmente da un plazo de cinco días a Podemos para que aporte la liquidación de la licencia de obra que presentó en el Consistorio de Madrid en relación con la obra. Fuentes del partido explican que no hay irregularidad alguna con esta diferencia de precio y la achacan a que en un primer momento se consignó una estimación de los costes en base a una tabla de tasación fija establecida por la Comunidad de Madrid.
Por contra, las otras líneas de investigación que se abrieron con la denuncia de Calvente han ido decayendo. En un primer momento el magistrado sobreseyó la parte relativa a la contratación con la consultora portuguesa ABD y luego hizo lo propio en relación al delito de administración desleal por una presunta caja 'b' del partido. Escalonilla siguió el criterio de la Fiscalía y determinó que no se podía probar irregularidades en los pagos de 50.000 euros desde la Caja de Solidaridad a la firma #404 Comunicación Popular. Las diligencias probaron que se efectuaron los pagos y que la mayoría de trabajadores de la sociedad son miembros de Podemos pero también sentenció que no hay indicios que prueben que los trabajos no se realizaron.
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