Con el 'conseguidor' Alejandro de Pedro

El juez implica en una red de Púnica en el extranjero a López Madrid y Granados

Apunta que trasladaron a Sudamérica trabajos de mejora de reputación 'online' costeados con fondos públicos. Imputa además a cinco exalcaldes del PP.

Francisco Granados llega a la Audiencia Nacional para declarar
Francisco Granados llega a la Audiencia Nacional para declarar
Europa Press - Archivo

El magistrado del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha reordenado la pieza décima de la macrocausa relativa a los trabajos de mejora de reputación online que ofrecía Alejandro de Pedro. El 'conseguidor' de la red, acusado en las pesquisas de cobrar de fondos públicos por estos trabajos de índole privada, habría extrapolado el sistema aplicado en la trama a países de Sudamérica con ayuda de otros implicados en la causa como Francisco Granados, Javier López Madrid o el constructor confeso David Marjaliza. Así lo plasma en un auto al que ha tenido acceso La Información y en el que explica que el plan puesto en marcha en países como Panamá, Costa Rica, Guatemala y México consistía en ofrecer los trabajos de reputación a "autoridades y cargos públicos en el extranjero" costeados de manera encubierta por los fondos públicos de cada Administración. 

En el marco de este plan, en el que se incorporó Granados ofreciendo su experiencia como "asesor de campaña", se constituyó a principios de 2014 una nueva sociedad bautizada como 'Yanga'. En la misma participaron los arriba nombrados además del también imputado en Púnica José Antonio Conesa y de Donato Álvarez (director de Société Générale en España y Portugal). El juez menciona la existencia de un correo remitido por De Pedro a López Madrid (al cual le atribuye el papel de mediador con las autoridades de cada país) en el que se haría alusión a la participación encubierta de Granados en esta parte de la trama desarrollada en el extranjero. El auto recoge que la propuesta siempre incluía el pago de comisiones a los que intermediarían con los funcionarios públicos de cada país.  

El instructor pone como ejemplo el resultado de una comisión rogatoria a Panamá. De la misma se desprende que se realizaron estos trabajos para la alcaldesa del Distrito de Panamá y, a cambio, se habrían beneficiado de adjudicaciones de contratos públicos. El magistrado explica que se desconoce si los hechos están siendo investigados en dicho país y añade que Anticorrupción podría interponer querella de resultar acreditada la comisión de un delito de corrupción en las transacciones internacionales aunque él apunta en una línea contraria. "Quien suscribe esta resolución entiende que son hechos que podrían no estar sujetos a la jurisdicción española", expone.  

Imputado un alto cargo de Ayuso

Al margen de esta vía en el extranjero, los investigadores siguen el rastro de los trabajos de De Pedro en España y apuntan a localidades como Gandía, Castellón, Denia, Majadahonda o Valdemoro. Como resultado de estas nuevas pesquisas, el instructor imputa en la causa a un total de 17 personas, entre las que se encuentran cinco exalcaldes del PP y un alto cargo del Ejecutivo de Isabel Ayuso. Se trata del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid y también exalcalde de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa, el cual ha dimitido de sus funciones tras tener conocimiento de su imputación. Entre la lista de exediles populares también investigados se encuentran Alfonso Bataller (Castellón), Raúl López Vaquero (Coslada), Narciso de Foxa (Majadahonda), y Ana María Kringe (Denia).  

La lista la completan también el exconcejal del Grupo Popular de Castellón Juan José Pérez Macián, y otras figuras cercanas a Ayuso como Pablo Balbín Seco. Ejerció como director general de Medios de la Comunidad de Madrid si bien ahora es jefe de gabinete en la consejería de Cultura de Andrea Levy. Además, el juez pone el foco en las facturas sobre la prestación de estos trabajos de mejora de reputación 'online' y por eso requiere a todos los consistorios salpicados ahora en la trama para que certifiquen las cantidades que pagaron a las sociedades de De Pedro (Eico y Madiva) por estos encargos costeados con fondos públicos. 

La Consejería de Educación en el epicentro

Cabe recordar que por los servicios de De Pedro ya fueron imputados en esta trama los exconsejeros Salvador Victoria (Presidencia) o Lucía Figar (Educación). Ambos han negado irregularidades en la contratación y han solicitado en reiteradas ocasiones los archivos de sus causas, si bien el magistrado los ha denegado hasta el momento. De nuevo en este auto se hace alusión a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. De hecho, cinco de las imputaciones ahora acordadas están vinculadas con estas contrataciones. El auto les implica en el concierto que diseñó que los fondos públicos costeasen de forma encubierta los trabajos que Eico hizo para Figar. "Con su colaboración pudo materializarse el desvío de fondos desde las arcas de la Consejería", reza.  

Las investigaciones practicadas hasta la fecha han permitido constatar que desde Educación se pagó entre los años 2011 y 2014 un total de 59.300 euros a Madiva y 21.777 a Eico. El juex explica que el entonces jefe de prensa de Figar, Pablo Balbín, fue cómplice de este acuerdo que se costeó con fondos de la Comunidad. El trabajo consistía principalmente en mejorar la imagen de los consejeros en las redes sociales mediante la difusión de noticias positivas. La campaña también llegaba a prensa e implicaba igualmente un seguimiento de todas las noticias desfavorables que salían sobre la entonces consejera del Gobierno de Esperanza Aguirre. En aras a posicionar en un primer lugar las noticias positivas, las empresas de De Pedro recurrieron a la creación de usuarios ficticios que gestionaban los propios empleados de Eico o también periodistas contratados a tal efecto.

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