El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica ha archivado las diligencias abiertas contra el que fuera presidente de Indra Javier Monzón, al no ver acreditado que cometiera delito alguno en su gestión al frente de la entidad. En su auto, al que ha tenido acceso La Información, el instructor explica que "no existe indicio alguno" de que tuviera conocimiento de los hechos en el seno de la empresa "ni de forma directa ni indirecta" teniendo en cuenta que ello escapa de su ámbito competencial.
El instructor, con el criterio contrario de la Fiscalía Anticorrupción, determina que no se le puede atribuir la responsabilidad penal de estos hechos cuando "no tiene el control sobre la fuente de peligro". "Como conclusión, la responsabilidad penal individual y concreta del delito cometido en el seno de la empresa, lo será del directivo o trabajador que haya cometido el concreto delito o participado en su comisión", reza el auto del magistrado en referencia a la actuación de otros investigados en este procedimiento penal. De este modo, el actual presidente de Prisa se desliga del procedimiento en el que fue imputado a principios de septiembre por los delitos de falsificación de documentos, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho y organización criminal.
La implicación de Indra en la trama Púnica (en la que está imputada como persona jurídica) se produce toda vez habría participado en el presunto desvío de fondos de las arcas de la Agencia de Informática y Comunicaciones de Madrid (ICM) a través del presupuesto inflado de alguno de los contratos de los que fue adjudicataria desde el año 2007. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 sostiene que algunos directivos de la empresa sí estarían implicados en el pago de deudas de la Comunidad de Madrid o de sus dirigentes, así como en la financiación de campañas electorales del PP madrileño atendiendo a facturas de empresarios ligados directamente a la red tales como Óscar Sáchez Moyano o Juan Miguel Madoz Echevarría.
Exento de conocimiento
El instructor acuerda esta diligencia tras estudiar la declaración en sede judicial de Monzón del pasado mes de octubre, así como toda la documental remitida a la causa tanto por su defensa como por la propia Indra. Al respecto explica que, acorde a lo estipulado en los Estatutos de la Sociedad y más en concreto en lo que atañe a las funciones del presidente, "no existe acto o norma alguna que determine un deber de supervisión y vigilancia en la figura del presidente". Igualmente el instructor se apoya en el tamaño y nivel de facturación de Indra para exonerar a su expresidente.
Sobre este aspecto determina que Monzón está al frente de una empresa que en el 2007 facturó cuantías superiores a los 2.000 millones de euros y la cifra ascendía a 3.000 millones apenas cinco años después. "Lo cual hace que, desde el punto de vista económico las operaciones examinadas no requieran aprobación o control alguno del cargo u órganos de los que formaba parte el investigado", detalla. De hecho, explica que Indra podría haber desviado dos millones de euros con el sistema de facturas falsas, una cuantía que, en su opinión, escapa de todo control del presidente de la compañía.
Anticorrupción, contrario al archivo
Igualmente, de los interrogatorios practicados hasta el momento tampoco se puede probar la responsabilidad penal de Monzón, el cual expuso que en Indra no hubo pagos en efectivo haciendo alusión al sistema de control interno dentro de la compañía. Pues bien, ahora García Castellón apunta que ninguno de los investigados en esta pieza del macroprocedimiento hicieron referencia alguna en sede judicial a que hubieran hablado con él de este ilícito y tampoco reconocieron que tuviera el deber de conocer si algunos de los empleados estaban implicados en el desvío de fondos. Dice el instructor que es la persona jurídica la que debe responder por el correcto funcionamiento de los mecanismos de control y que estos no se les pueden achacar a la figura del presidente.
"A la vista de las diligencias practicadas, mantener la imputación de Francisco Javier Monzón sería contrario al principio de culpabilidad (no hay prueba alguna de dolo o culpa) y de la presunción de inocencia (no existe indicio alguno tras las diligencias practicadas ni de la posición de dominio del hecho, ni de funciones concretas de supervisión y control de los hechos investigados, ni de conocimiento de los mismos). Por el contrario, validaríamos el principio de culpabilidad del presidente de la empresa por los delitos cometidos en el seno de la sociedad por los trabajos de la misma", reza el auto.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción no mantiene este criterio y considera, de acuerdo con un escrito remitido al juzgado y recogido por este diario, que Monzón presidió el máximo órgano de administración de Indra con funciones de supervisión y control de los órganos ejecutivos, por lo que este presunto desvío de partidas "no puede explicarse como un episodio aislado que escapara de su control". Respecto a las declaraciones prestadas hasta el momento por los imputados en esta pieza, asegura que son "contradictorias" y que es un "objetivo probado" que se han atendido desde Indra pagos en efectivo a solicitud de altos cargos del Gobierno madrileño que presidieron Esperanza Aguirre e Ignacio González en el momento de los hechos.
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