El caso Púnica parece no tener fin. Aunque la Audiencia Nacional tenía previsto su fin para el 27 de agosto, las modificaciones legales sobre los plazos de instrucción han llevado al magistrado Manuel García Castellón a concluir que cada una de las 11 piezas que integran la trama de corrupción madrileña se irá cerrando por separado. No obstante, y pese a este principio del fin de la causa, el instructor ha decidido abrir una nueva pieza, la número 12 del caso, para investigar la red de blanqueo que los cabecillas tejieron fuera de España a través de sociedades cuyo rastro sigue la Fiscalía Anticorrupción.
Así lo concluye en un auto al que ha tenido acceso La Información y en el cual explica que la parte relativa al blanqueo de capitales con los pelotazos que dio la red en Valdemoro y otros municipios madrileños tiene la "suficiente entidad" como para que se indague en una nueva pieza separada que bautiza con el nombre de 'blanqueo y recuperación de activos'. De este modo busca impulsar esta parte concreta de las pesquisas en las que se investiga, entre otros asuntos, el capital acumulado por algunos de los líderes de la red como es el empresario Daniel Horacio Mercado.
De hecho, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ordena que se acumule en esta nueva parte del procedimiento todo lo relativo a la orden europea de investigación librada a Francia en relación con este imputado, que habría sido uno de los mayores beneficiarios de la presunta red de amaños públicos a través de sociedades como Over Marketing. Además, también recuerda las pesquisas llevadas en secreto hasta este momento de cara a recabar información sobre movimientos, titulares y beneficiarios de una cuenta bancaria abierta en el banco galo Crédite Industriel et Commercial desde la sociedad Manila Investments.
Investigación secreta
Explica en su auto que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, abrió una línea de investigación secreta en mayo del pasado año y emitió una orden europea de investigación dirigida a las autoridades francesas en aras a recabar toda la información relacionada con las cuentas de la sociedad Manila, que se disolvió en el año 2011. Esta pieza separada, cuyo secreto se prorrogó por un año, tenía como objetivo que la Justicia española recuperara los activos que cabecillas de este clan habrían desviado al extranjero. Tanto es así que todos los hechos relativos al blanqueo de capitales del caso Púnica siempre se investigaron conjuntamente con el pelotazo en Valdemoro.
En esta pieza cuarta del caso se indaga la venta de parcelas públicas en la localidad de la que fue alcalde Francisco Granados en favor de sus entonces socios, entre ellos el constructor David Marjaliza. Las fiscales al frente del caso sostienen que, del pelotazo urbanístico logrado con la modificación del PGOU de 2004, se obtuvieron ganancias que se ocultaron en el extranjero. En concreto atribuyen al exsecretario general del PP madrileño cuentas bancarias en Suiza en las que habría ocultado 1,67 millones de dólares. El magistrado Manuel García Castellón zanjó estas parte de las pesquisas al considerar que se trataba de hechos prescritos. Sin embargo, tanto Anticorrupción como el PSOE recurrieron su decisión y consiguieron que la Sala de lo Penal les diera la razón y ordenara reabrir la pieza para seguir investigando la modificación de la calificación de terrenos por parte del consistorio toda vez habían sido adquiridos por empresas de la trama.
Así pues, esta investigación seguirá su cauce y lo hará en paralelo a la relativa al blanqueo de capitales de los acusados de la trama debido a los cambios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Precisamente, la prórroga en la investigación de la causa ha sido uno de los aspectos que más ampollas ha levantado a lo largo de la instrucción que arrancó hace seis años. La Fiscalía pidió el pasado año que el plazo máximo no bajara de cinco años debido a la complejidad del asunto y a las comisiones rogatorias libradas al extranjero para seguir la pista de la fortuna de Marjaliza o de su socio José Luis Cápita, el cual llegó a ocultar hasta 750.000 euros en un entramado 'offshore' en Suiza.
El magistrado accedió parcialmente a la petición de las fiscales y prorrogó la investigación hasta marzo de 2022 pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigió a ambos y dijo que todas las piezas tenían que estar instruidas este año. El parón forzoso de la Covid obligó al juez a fijar una nueva fecha límite: el 27 de agosto, sin embargo tampoco se cumplió el objetivo debido a la reciente modificación del artículo 324 de la LECrim que pone coto a los plazos de la instrucción. La alternativa que ha dado ahora el instructor es, pues, que se haga un "estudio pormenorizado" de cada una de las ahora 12 piezas que forman parte del caso Púnica para ir dando alternativas por separado.
Los acusados también se han pronunciado al respecto. Así, algunos de ellos como Esperanza Aguirre se han posicionado a favor de que esta investigación llegue a su fin mientras que las acusaciones piden más margen. Mientras tanto, algunas de las piezas troncales de esta trama de amaño de contratos, como la relativa a la presunta caja 'b' del PP madrileño, continúa con las pesquisas. En el marco de la misma ratificó recientemente Marjaliza los pagos en 'b' de más de dos millones de euros a altos cargos del PP, PSOE e IU en diversos municipios de Madrid a cambio de adjudicaciones públicas. Como resultado de ello, Francisco Granados ha presentado un escrito ante el juzgado en el que reclama que, ante la credibilidad que da a su versión la Fiscalía, se tome declaración a líderes socialistas de entonces como Rafael Simancas o el exalcalde de Parla Tomás Gómez para que den su versión sobre las revelaciones del constructor confeso.
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