Y a otras 14 personas

El juez de Púnica imputa al senador del PP David Erguido por contratos de la red

Forma la pieza séptima relativa a presuntos amaños con las contrataciones de la empresa Waiter Music en una decena de municipios madrileños. 

david erguido
Erguido fue concejal en el Ayuntamientos de Algete.
Gema Huesca

El caso Púnica suma desde este lunes una quincena más de nuevos imputados, entre los que se encuentra el diputado del PP en la Asamblea de Madrid y también senador, David Erguido. El magistrado al frente del macroprocedimiento, Manuel García Castellón, ha dado luz verde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que pide investigar las contrataciones en una decena de consistorios madrileños con la firma Waiter Music, cuyo gerente, José Luis Huerta, ya admitió en la Audiencia Nacional que organizó actos y festejos para el Partido Popular y los cobró en 'b'. 

En su auto, al que ha tenido acceso La Información, el instructor explica que al estar aforado no es posible tomarle declaración en la Audiencia Nacional a no ser que él acceda de manera voluntaria. De no hacerlo, el juez se dirigiría al Senado para que certifique su condición de representante de los populares en la cámara alta y, tras ello, se valoraría elevar exposición razonada al Tribunal Supremo. Sea como fuere, el interrogatorio por su etapa como teniente de alcalde en la localidad de Algete se produciría después de escuchar en sede judicial a la alcaldesa de dicho municipio, Inmaculada Juárez Meléndez, y al actual asesor en la Junta Municipal del Distrito de Chamartín, Lorenzo del Triunfo Calleja. Ambos fueron citados el pasado 23 de julio en el marco de esta pieza séptima del caso Púnica.

Entre la lista de investigados figuran además la exalcaldesa de Chinchón, María Luisa Fernández; los exconcejales del Ayuntamiento de Valdemoro, Isabel Martín Gregorio, José Javier Hernández y Juan Francisco Pérez; la exjefa del gabinete de este consistorio María Carmen Benito Saldaña; el exprimer teniente de alcalde de Ciempozuelos Rafael Marín o el exalcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada Pita. Todos ellos tendrán que responder ante el magistrado por las contrataciones que se hicieron desde estas localidades-a las que se añaden Alcalá de Henares, Villarejo de Salvanés, Getafe, Leganés, Alcorcón o Navalcarnero- con la empresa de Huerta, Waiter Music. 

La mano de Granados

Sin embargo, las denuncias interpuestas en estos últimos municipios por las contrataciones con la firma de José Luis Huerta no serán investigadas en el caso Púnica. Según razona el magistrado, en la causa por una presunta financiación opaca del PP madrileño no se van a indagar todas la contrataciones con Waiter sino "solo aquellas en las que se evidencian "claros indicios de concierto con los representantes políticos". "Hay que tener en cuenta que, principalmente, la actividad objeto de la investigación han sido contrataciones entre el 2007 y el 2010, y ello por cuanto fue cuando la empresa empezaba a trabajar y la necesidad de colaboración de Francisco Granados para darla a conocer era más fuerte", explica el magistrado.  

Y ello pese a que el instructor no descarta que los hechos denunciados en algunos consistorios, como ocurre en Getafe, puedan ser constitutivos de delito. En este último caso se puso de manifiesto que, tras la llegada de Juan Soler a la alcaldía (en junio de 2011) se dio orden para licitar con Waiter siendo el primer contrato el relativo a la gestión de los carnavales del año 2012. Esta adjudicación se hizo sin publicidad y tras una pugna de tres empresas, lo que lleva la instructor a pensar que también podría ser constitutiva de delito. Ahora bien, entiende que estos hechos deben investigarse de manera separada porque son contrataciones que no están ligadas a la etapa de Granados y "se distancian mucho del inicial año 2004".

La Fiscalía Anticorrupción ya alertó de estas contrataciones en su escrito del pasado mes de julio determinando, en lo que respecta a Algete, que la facturación de Waiter Music al consistorio entre los años 2007 y 2014 fue de 1,94 millones de euros. El volumen de adjudicaciones creció tras la llegada a la alcaldía de Inmaculada Juárez Menéndez. El Ministerio Público destaca que no encargó este asunto a la Concejalía de Cultura ("como venía siendo habitual) sino al teniente de alcalde David Erguido. Para dar apariencia de legalidad se aportaba el nombre de otras dos empresas competidoras de la licitación que eran elegidas por el propio dueño de Waiter Music "a efectos de que no hubiese ninguna sorpresa final". 

Concierto de Bertín Osborne

Entre los eventos que gestionó Waiter Music se encuentra la contratación del cantante Bertín Osborne para el concierto que ofreció en la localidad de Navalcarnero en septiembre de 2013, donde también leyó el pregón de las fiestas patronales. Según la denuncia presentada por el portavoz del grupo socialista, Huerta no era el representante legal del artista, de forma que su intermediación en este asunto propició el incremento del precio del contrato. En el Ayuntamiento de Alcorcón también se valieron de los servicio de esta firma ligada a Granados durante el mandato del popular David Pérez García. De hecho, se denunciaron las adjudicaciones concedidas desde el año 2011 por negociarse sin publicidad y a través de una fundación ligada al Ayuntamiento. Fue en el año 2014 cuando, por primera vez, estos asuntos pasaron a dirimirse en la Mesa de Contratación del consistorio, la cual declinó conceder estos servicios a la firma de la red. 

De este modo, las contrataciones -a excepción de las de Chinchón que van a ser estudiadas por la UCO- quedarían fuera del caso Púnica por no guardar relación con los principales investigados y por producirse en un espacio temporal posterior a los hechos que indaga la trama. No obstante, el magistrado se inhibe a los juzgados decanos de todos los pueblos arriba mencionados para que sean ellos los que dictaminen si deben o no indagarse. Con todo, las diligencias practicadas hasta el momento demuestran que desde el año 2004 se giraron facturas falsas a Waiter Music (algunas de ellas a las empresas de David Marjaliza) por organizar actos y festejos del PP y de los ayuntamientos que gobernaban. A cambio, según expuso Huerta, lograron adjudicaciones públicas en estos municipios madrileños. 

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