En Guatemala

El juez deja fuera de Villarejo a la firma que Pérez-Maura usó para sus sobornos

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma esta decisión al no ver ningún indicio acerca de que APMT eludiera cualquier signo de corrupción en el país centroamericano antes de comprar la sociedad.

El juez vuelve a la carga para reactivar el caso de los Pérez-Maura en Guatemala
El juez deja fuera de Villarejo a la firma que Pérez-Maura usó para sus sobornos.
L.I.

La Audiencia Nacional ha cerrado un nuevo capítulo del 'caso Villarejo' en el que los hermanos Pérez-Maura se han visto afectados. Los magistrados de la Sala de lo Penal han dado cerrojazo al intento de los navieros de que se impute a la empresa que supuestamente se benefició de los presuntos sobornos que se pagaron a autoridades de Guatemala, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y su 'número dos', Roxana Baldetti, entre 2012 y 2015 con el objetivo de conseguir la adjudicación para la instalación y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ya rechazó el pasado mes de julio la petición realizada por la defensa de Ángel Pérez-Maura y la mercantil que lidera con su hermano Álvaro, Pérez y Cía, al entender que no se aprecian la existencia de indicios de corrupción internacional y fraude fiscal en la conducta de APM Terminals Management Barcelona, anteriormente denominada Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) y gestionada por los navieros españoles.

Los hermanos Pérez-Maura se encuentran imputados en la pieza número 4 de la macrocausa, denominada 'pieza Pit', por presuntamente haber pagado 7,5 millones de euros al comisario jubilado José Manuel Villarejo para evitar la extradición de Ángel Pérez-Maura al país centroamericano por su vinculación con la trama de sobornos de 30 millones de dólares al expresidente de Guatemala y su equipo. Por estos hechos, los empresarios consideran que la empresa dedicada a la gestión de terminales portuarias debe estar imputada. Según expusieron, APMT debe responder por las dádivas que se pagaron para que la filial, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), consiguiera la mencionada adjudicación, ya que fue la "beneficiaria directa" de los contratos que se firmaron, alegando el reflejo de todo ello en  su contabilidad.

APMT Barcelona, contra la que se dirige la sociedad de los Pérez-Maura, pertenece al holding de APMT España, que ejerce la acusación particular en este procedimiento. En 2019, el equipo jurídico de esta compañía denunció ante el juez una estafa por parte de los empresarios cántabros, asegurando que les ocultó, durante el proceso de venta que tuvo lugar en marzo de 2016, que la empresa estaba bajo lupa en Guatemala al verse salpicada por un caso de corrupción. Así, en un escrito en el que solicitó una fianza de más de 700 millones de euros por daños, detalló que cuando Ángel Pérez-Maura acordó el traspaso de más del 60% de participaciones de TCB a APMT Holanda, por el importe de 960 millones de euros, no hizo ninguna mención sobre que ésta no estaba libre de cargas.

"No se desprenden indicios"

La disputa sobre qué empresa debe responder en la Audiencia Nacional por la supuesta trama de sobornos ha llegado hasta la Sala de lo Penal, después de que los Pérez-Maura recurrieran la decisión del instructor de no imputar a APMT. Los magistrados de la Sección Tercera confirman que no hay motivo para dar la condición de investigada a dicha empresa. Según explican en un auto, al que ha tenido acceso La Información, "de lo hasta ahora actuado no se desprenden indicios" de que en el proceso de compraventa de acciones de TCB por parte de APMT Holanda, que habría cedido sus derechos contractuales a la filial de España, "haya habido ningún defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a la compradora". Por ello, concluyen que la compañía portuaria no puede ser llamada al procedimiento como imputada. 

En este sentido, la Sala recuerda que la sociedad en cuestión no solo inició una investigación interna para aclarar cualquier tipo de duda sobre el proceso de adquisición de participaciones, sino que despidieron directivos que podrían estar relacionados con las actuaciones presuntamente ilegales, "cambiando los órganos de dirección de la empresa tratando de evitar cualquier posible actitud continuista del personal de la entidad" y establecieron "programas de cumplimiento normativos y de prevención". A todo ello añade que dos testigos, que participaron en este proceso, señalaron que "no había ninguna evidencia de que APMT hubiera pasado por alto cualquier signo de corrupción que hubiera podido haber en la concesión de la terminal marítima operada en Guatemala por la mercantil Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona". 

Asimismo, la Sección Tercera apunta que en un auto de julio de 2020, en el que se manifestó sobre la imputación de la mercantil Pérez y Cía por supuestos delitos de cohecho internacional, defraudación tributaria, estafa y tráfico de influencias, ya calificó a APMT como perjudicada al afirmar que "había sido víctima de un engaño por parte de las personas físicas investigadas" que actuaron en nombre de la empresa de los navieros y que habrían "ocultado deliberadamente información relevante". 

Delitos contra Hacienda

De hecho, un año después, en junio de 2021, la Sala dio el visto bueno a la decisión del juez Manuel García Castellón de ampliar la investigación de esta cuarta pieza separada del 'caso Villarejo' para indagar si los hermanos Pérez Maura; el que fuera CEO de Grup Maritim Terminal de Contenedores Barcelona, Francisco Javier Soucheiron Marcet, y la mencionada empresa, también cometieron delitos contra la Hacienda Pública en relación con los pagos presuntamente irregulares a las autoridades guatemaltecas para lograr que TCQ se hiciera con la gestión en Puerto Quetzal. 

Todo ello al tener en cuenta que APMT regularizó en diciembre de 2016 la situación de la firma que adquirió con Hacienda. El informe que elaboró la consultora Ernst & Young en el marco de la investigación interna revelaba que TCB no había deducido correctamente del Impuesto de Sociedades de los ejercicios que van desde 2012 a 2015 en relación con las comisiones de unos 8 millones de euros que esta compañía abonó a su filial en Guatemala, TCQ .

Pagos para guardar silencio

La ratificación por parte de la Sala de no imputar a APTM llega unos días después de que el testigo William Anthony Schwank, también reclamado por Guatemala por su implicación en los sobornos, afirmara el pasado 21 de octubre ante el juez instructor que Ángel Pérez-Maura le hacía llegar, a través un colaborador de Villarejo, entre 1.500 euros y 2.000 euros al mes para ayudarle mientras arreglaba su situación en España y evitar que que su entrega al país centroamericano pudiera salpicar al naviero. Este no sería el único pago que el empresario cántabro habría hecho para 'protegerse'. En el sumario de la causa también consta cómo transfirió un millón de euros a José Suárez Messeguer, el apoderado de TCQ que pasó un tiempo en prisión en dicho país por actuar de enlace con el gobierno guatemalteco, para que guardara silencio.

Para terminar de recabar todas las pruebas, el juez García Castellón libró una comisión rogatoria a Guatemala en la que solicitó todos los movimientos que existan sobre esta operativa presuntamente irregular. Dichos datos llegaron hace meses a la Audiencia Nacional, según indicaron fuentes jurídicas a este diario. No obstante, el magistrado instructor pretende ampliar la información, por lo que pidió a la Justicia guatemalteca autorización para que una delegación judicial española viaje hasta allí, petición que no ha recibido respuesta, según informa Europa Press. 

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