A petición de la Fiscalía Anticorrupción

El juez requiere a PwC todo el material sobre los encargos del BBVA a Villarejo

El responsable de la firma ha sido apercibido de que no le afecta el secreto profesional y que debe aportar todo lo relativo al forensic a la Audiencia Nacional. 

BBVA sede, La Vela
El banco sostiene que se priorizaron unas claves de búsqueda para avanzar en el forensic. 
Europa Press

La investigación interna del BBVA por los encargos del banco a José Manuel Villarejo está centrando buena parte de esta pieza concreta del caso Tándem. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha requerido a PwC que aporte todo el material que tenga en su poder sobre el 'forensic' elaborado para la entidad que preside Carlos Torres. El instructor ha adoptado el criterio de la Fiscalía Anticorrupción en aras a que la firma aporte a la causa toda la documentación que tenga sobre esta investigación después de conocerse que en un primer momento excluyeron algunas pesquisas concretas del forensic.

Se trata de una petición que ha efectuado el magistrado 'in voce' durante la declaración prestada este lunes en sede judicial por el responsable de Forensic de PwC en España, Javier López Andreo. Esta es la segunda testifical que protagoniza el experto después de que el 20 de febrero compareciera por primera vez para precisar los métodos de realización de su trabajo, encargado por Garrigues al ser el despacho que ejerce la defensa penal de la entidad. En esta nueva sesión se le ha vuelto a preguntar por los mecanismos concretos de elaboración del forensic, según fuentes presentes en la testifical consultadas por este diario. Las mismas han explicado que los investigadores han elevado el tono recordándole que no le ampara ningún secreto profesional y que debe aportar al caso todo el trabajo realizado. 

El magistrado ya requirió 223 correos electrónicos que habría estudiado la firma y que no se incluyeron en estas primeras conclusiones preliminares del forensic. El motivo aducido por parte de PwC es que era secreto profesional y que no podía figurar en esta investigación penal contra su cliente. En respuesta, los fiscales Anticorrupción han recordado hoy que en su carta de encargo sobre este trabajo ya dejaron claro que colaborarían con la Justicia en caso de ser necesario. Finalmente el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha zanjado el asunto instándole a aportar todo el material que tenga sobre las pesquisas realizadas, con apercibimiento de desobediencia. 

Petición de los afectados

Se trata de una diligencia que viene a respaldar las peticiones que algunas acusaciones realizaron después de que el magistrado reactivara esta pieza del caso Villarejo tras la crisis del coronavirus. En concreto, algunos de los presuntos espiados desde el entramado empresarial de Villarejo como Luis del Rivero o Luis Pineda reclamaron que se aportaran todas las evidencias digitales que tenía la firma en su poder tras el exhaustivo análisis encargado por Garrigues. El presidente de Ausbanc fue más allá y pidió los discos destino que la firma guarda en cajas fuertes en su sede y que recogen la 'imagen forense' a partir de todas las evidencias digitales analizadas.

Estos requerimientos se efectuaron después de que en su primera visita en sede judicial Andreo explicara que de las primeras investigaciones excluyeron determinados 'hits', de manera que, pese a que desde PwC se recomendaron analizar unos 2,6 millones de ítems, la realidad es que se revisaron menos de 250.000, es decir, un 9% de todo lo propuesto. El banco, por su parte, matizó que no se llegó a excluir ninguna línea de investigación sino que se priorizaron algunas búsquedas ante la insistencia del magistrado de que se aportara a este procedimiento penal las primeras conclusiones sobre el estudio. El mismo se centran en indagar qué persona o personas fueron las responsables de la relación laboral entre Cenyt y el banco por la que éste último abonó 10,28 millones entre los años 2004 y 2017. 

Revisión del 'compliance'

En la sesión de este lunes, que continúa por la tarde, se le ha preguntado a Andreo también por si la firma revisó el modelo de 'compliance' del banco que preside Carlos Torres a lo que el perito ha respondido que efectivamente se hizo un 'testing' del mismo. Los investigadores sostienen que la entidad podría haber cometido delito de corrupción entre particulares, revelación de secretos y cohecho con sus encargos al entramado de Villarejo en tanto el agente estaba en activo en el cuerpo de la Policía Nacional en el momento de los hechos. Esto les llevó a imputar en esta pieza novena del caso no solo a una quincena de exdirectivos sino también al propio BBVA como persona jurídica precisamente porque no se habría cumplido lo expuesto en este sistema que recoge las políticas del buen gobierno corporativo. 

Otro de los aspectos por el que se le ha preguntado a Andreo ha sido precisamente por los modelos de pago al banco. La defensa de la entidad se desliga de estos encargos y los achaca directamente al exjefe de seguridad Julio Corrochano y al exdirectivo de Riesgos Antonio Béjar. La defensa de este último, que ejerce el exmagistrado Javier Gómez Berdúmez, le ha reprochado que los pagos no fueron automáticos, como sostiene el perito, porque los trabajos se abonaron como factura financiera y los mismos solo los podrían autorizar el interventor general del banco o el presidente. Cargos que, en el momento de los hechos, los ostentaron Ricardo Gómez Barredo y Francisco González, ambos investigados en esta pieza novena del caso Tándem. 

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