Juez Ruz insiste en sentar en el banquillo a responsables de Damm por fraude

Madrid, 6 nov.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha reafirmado en su decisión de sentar en el banquillo de los acusados al presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, y a su padre, por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

El magistrado desestima los recursos de reforma que ambos interpusieron contra el auto en el que el pasado julio transformaba las diligencias en procedimiento abreviado, dando el primer paso para la celebración del juicio.

A lo largo de su nueva resolución el magistrado va rechazando todos los argumentos esgrimidos por Carceller Arce y Carceller Coll, para los que la Fiscalía ya anunció que pediría 14 y 48 años y medio, respectivamente.

Y les recuerda que cerró la investigación una vez que el Tribunal Supremo anulara, el pasado 8 de julio, el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que había archivado la causa para el presidente de Damm.

El Supremo dio la razón a Ruz argumentando que Carceller Arce había participado activamente en la gestión del patrimonio de su padre, "especialmente en las inversiones en Arizona, articulando junto con los otros imputados, las estructuras societarias para ocultar todas las rentas generadas".

De la investigación del juez se desprendía una trama para defraudar a Hacienda en relación al IRPF, de patrimonio y de sucesiones.

Al menos desde el año 90 Carceller Coll habría ocultado su domicilio real, que estaba en España, con el objeto de esconder sus rentas y patrimonio mediante estructuras fiduciarias, radicadas la mayoría en paraísos fiscales.

Entre 2001 y 2009, la cuota diferencial, según los informes de Hacienda, supera los 66 millones de euros.

Carceller Coll pidió la nulidad del auto recurrido y una ampliación de los informes de los peritos de la Agencia Tributaria para que se pronunciaran sobre la titularidad de su patrimonio y la determinación de la procedencia de la exención de patrimonio de la participación en DAMM, debiendo posteriormente realizar una nueva liquidación de la cuota defraudada.

Ruz responde que esas cuestiones ya se trataron y que ya se han practicado todas las diligencias "necesarias y esenciales para acreditar la existencia de indicios de criminalidad" contra él.

A ello une el hecho de que los peritos propuestos por la defensa del imputado incurrieron en imprecisiones e incongruencias, poniendo de evidencia que habían acometido un "análisis meramente parcial" omitiendo el examen de "importante documentación que estaba a su disposición".

Ruz mantiene imputados también al "hombre de confianza" de Carceller Coll, José Luis Serrano Flórez, y al abogado del despacho Petrus Gabriel Ignacio Pretus Labayen, para quienes el Ministerio Público llegó a reclamar 19 y 42 años.