El juez ha archivado el caso Púnica respecto a Ignacio García de Vinuesa, excomisionado del Gobierno madrileño para la atención de víctimas del terrorismo que dimitió al conocerse su imputación, al no haberse acreditado que existiese una "corrupta voluntad" de desviar fondos públicos en su beneficio. En un auto al que ha tenido acceso Efe este miércoles, el magistrado hace lo mismo respecto a dos imputadas en la pieza donde investigaba si se pagaron con dinero público servicios de reputación personal a Vinuesa en 2011, cuando era alcalde de la localidad madrileña de Alcobendas, prestados por las empresas de Alejandro de Pedro, considerado un "conseguidor" de contratos de la trama.
Según el juez, "no se ha podido acreditar que los servicios licitados" por el Ayuntamiento de Alcobendas a las empresas de De Pedro, cuya facturación alcanzó los 69.051 euros, no se prestaran o "que existiera una corrupta voluntad" de "desviar fondos públicos con la finalidad de atender a gastos de carácter particular". "Más de seis años después de iniciado el procedimiento (2014) en el que estos hechos estuvieron presentes desde el primer momento", dice el juez, no se ha probado que dichos servicios no se prestasen, como sospechaba la Fiscalía, de modo que "hasta el momento no se desprende indicio alguno de fraude".
Y "lo más llamativo" para el magistrado es que las acusaciones no hayan pedido diligencias para "fundamentar el indicio nuclear en el que se sustenta la acusación: la falta de prestación del servicio contratado". Respecto a los informes de reputación "online" de García Vinuesa elaborados en 2012 por una sociedad de De Pedro, el juez resalta la "dificultad en separar la promoción institucional del cargo, del prestigio personal del político", y vuelve a subrayar la falta de diligencias practicadas para determinar si esos trabajos "se refieren a aspectos privados de imagen personal del alcalde".
"Mucho menos se ha podido acreditar que estos informes se realizaron por encargo" de García Vinuesa, que ha sido representado por el letrado Ismael Oliver, ni que los pagos efectuados por el Ayuntamiento se realizasen para "mejorar" su reputación personal. De este modo, según el juez, la falta de indicios que permitan sostener un supuesto delito de fraude "debe arrastrar al resto de las infracciones": falsificación, prevaricación, malversación y cohecho. Por ello acuerda el sobreseimiento provisional de la causa para ellos, al no haberse justificado la perpetración de los delitos por los que se les imputó, "sin perjuicio de que las actuaciones pudieran ser reaperturadas en un futuro".
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