El juez ultima el fin del 'caso Iberdrola', reducido al jefe de Seguridad y Villarejo

El 'caso Iberdrola' parece ver el final. La Audiencia Nacional revisa los últimos flecos de la causa que se inició a finales de 2019 sobre los encargos que la compañía eléctrica hizo al comisario jubilado José Manuel Villarejo antes de decidir si da por finiquitada la instrucción. Según han informado fuentes cercanas a la investigación, el juez instructor está analizando si queda alguna diligencia pendiente para poder zanjar el procedimiento y plantear si los hechos relacionados con la contratación del polémico policía para el desarrollo de una serie de espionajes, entre ellos a conocidos empresarios como Florentino Pérez y Manuel Pizarro, deben ser juzgados.

Este último examen del sumario de la decimoséptima pieza separada de la macrocausa 'Tándem' (también conocido como 'caso Villarejo'), centrada en los pagos que desde el grupo eléctrico se hicieron a Cenyt, el entramado empresarial liderado por el espía, tendría lugar después de que la causa quedara reducida a los presuntos planes comerciales entablados entre el comisario retirado -que entonces seguía en activo en la Policía Nacional- y el que fuera jefe de Seguridad de Iberdrola y expolicía, Antonio Asenjo. 

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Todo ello, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya ratificado la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, de archivar el procedimiento con respecto al presidente de la multinacional vasca, Ignacio Sánchez Galán, así como a Francisco Martínez Córcoles, Fernando Becker y Rafael Orbegozo, que componían la cúpula directiva en la época de las contrataciones. Misma decisión se adoptó para la filial Iberdrola Renovables Energía, que abonó 29.500 euros en relación al último trabajo que realizó Villarejo para el grupo eléctrico, el 'proyecto Wind', por el que se espió a unos socios suizos para el desarrollo de un proyecto en Rumanía. En todos los casos el razonamiento fue el siguiente: hay indicios de la posible comisión de delitos de cohecho, falsedad documental y revelación de secretos, pero estarían prescritos.

Así, la investigación abierta sobre Iberdrola, una de las piezas del 'caso Villarejo' que más interés mediático ha tenido, ha quedado limitado a la presunta responsabilidad que pudieron tener el protagonista de la macrocausa, el comisario jubilado; el abogado de sus empresas, Rafael Redondo, imputado en la mayoría de las líneas de investigación sobre los negocios de Villarejo; y el exjefe de Seguridad de Iberdrola, que actuó como intermediario entre la compañía eléctrica y Cenyt. Este último reconoció ante el juez la manipulación de los conceptos de las facturas giradas para tapar los verdaderos cometidos del espía. 

La colaboración de un "testigo clave"

En toda esta encrucijada, el juez y la Fiscalía Anticorrupción han tenido muy en cuenta el relato del ex 'controller' de Iberdrola José Antonio del Olmo y el informe que entregó para denunciar prácticas irregulares en la facturación de los servicios de Villarejo. Esto fue lo que terminó de cerrar el círculo y provocó la imputación, durante un año, de Sánchez Galán y su equipo directivo. De este modo, el que fuera jefe de Control Corporativo de la compañía se convirtió, por un lado, en el 'enemigo público' de la eléctrica, que ha puesto en marcha su artillería legal en distintos juzgados para acusarle por el delito de falsedad; y, por otro lado, en un "testigo clave" para la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. 

De hecho, el exdirectivo fue incluido en la lista de imputados, si bien el juez instructor le libró hace unos meses. Aunque García Castellón rechazó aplicar la directiva europea de protección a denunciantes -conocida como 'directiva whistleblowing'-, que Del Olmo solicitó para evitar las "represalias" de Iberdrola por su actuación, le exoneró de cualquier tipo de responsabilidad penal, al tiempo que archivó la querella que el primer grupo eléctrico a nivel nacional interpuso contra él. 

No obstante, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio el visto bueno solo a parte de esta decisión, pues entendió que el delito de falsedad documental relacionado con el contenido del informe elaborado por Del Olmo -que estuvo 14 años depositado bajo notario- estaría prescrito, tal y como señaló el magistrado instructor. Sin embargo, a juicio de esta instancia superior, no habría ocurrido lo mismo con los delitos de revelación de secretos y revelación de datos reservados de persona jurídica atribuidos en la ampliación de querella presentada por Iberdrola. Así las cosas, ordenó que se enviara la parte de esta acusación a los juzgados de Bilbao, a los que considera competente por el lugar donde se habrían cometido dichos ilícitos.

Prórroga hasta enero de 2023

Con todo ello, y salvo por la aparición de nuevos indicios o petición de última hora para la práctica de nuevas diligencias, el Juzgado Central de Instrucción número 6 prepara el caso para darlo por terminado tras tres años de pesquisas. A partir de ese momento se abren dos posibilidades: proponer que los investigados sean juzgados o darle carpetazo y cerrarlo con un archivo, algo que varias fuentes jurídicas consultadas ven improbable si se sigue el camino de otras piezas separadas, en las que tan solo se han procesado al comisario jubilado y los jefes de Seguridad de las compañías contratantes.

Cabe recordar que el juez García Castellón acordó el pasado mes de julio prorrogar esta pieza hasta enero de 2023, después de que Anticorrupción solicitara tomar declaración a varios testigos para rematar las pruebas recabadas sobre el funcionamiento del departamento de Seguridad de Iberdrola. También para aclarar del todo si las facturas que la empresa proveedora Casesa emitió a la eléctrica en 2004 en realidad escondían servicios prestados por Villarejo, ya que coincidía con las fechas en las que el comisario comenzó a desarrollar el denominado 'proyecto Arrow', su primer trabajo para la cotizada, cuyo objetivo era superar los obstáculos que estaban surgiendo para la puesta en marcha de una central de ciclo combinado en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera.

Por otro lado, en la resolución en la que se acordaba ampliar el tiempo de investigación, el magistrado instructor también aceptó la petición del abogado de Asenjo de citar al Estado como posible responsable civil de los delitos que Villarejo habría cometido con sus espionajes privados mientras se encontraba en la Policía Nacional. Así, el juez emplazó a la Abogacía del Estado a que un "plazo razonable" tomara conocimiento de las actuaciones -parte de las cuales ya tiene constancia, ya que se encontraba personada como acusación hasta septiembre de 2021- y eventualmente presente alegaciones en su defensa.