Lunes, 22.07.2019 - 23:14 h
A través de las fundaciones de CDC

El juez cifra en más de un millón de euros las donaciones ilegales en el caso del 3%

Imputa a un total de quince constructoras y tres personas físicas, entre ellas el extesorero de CDC por cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

Registro de la Guardia Civil en la sede central de CDC
Registro de la Guardia Civil en la sede central de CDC. / EFE.

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la causa del 3 por ciento, ha imputado en el procedimiento a una quincena de empresas -entre ellas las constructoras Teyco, Copisa y Oproler además del extesorero de la extinta CDC  Daniel Osacar-, por su presunta implicación en esta trama con la que se efectuaron 'donaciones' irregulares ligadas a las adjudicaciones de las que fueron beneficiarios y que, de acuerdo con el juez instructor, ascenderían a más de un millón de euros.

El magistrado acuerda en una providencia adelantada por El Periódico la citación de todos ellos entre los días 3 y 5 del próximo mes por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de esta causa que investiga pagos vinculados a las fundaciones de la formación política antecesora al PDECat (Catdem y Fórum Barcelona). Entre los citados figuran Jordi Sumarroca, presidente de Teyco y vinculado a la familia Pujol y José Luis Quer, expresidente de la antigua Gisa, Infraestructuras.cat. 

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 expone que en muchas ocasiones los pagos de las empresas implicadas se producían específicamente como contraprestación de determinadas adjudicaciones aunque en otras ni tan siquiera existían las licitaciones y las donaciones se realizaban, "de acuerdo con los jerarcas políticos del partido" para crear o mantener una buena relación con la extinta Convergència. De este modo, bajo el control de Andrés Viloca Serrano, extesorero de la formación, se controlaron las licitaciones públicas que dependían de la Generalitat de Cataluña. 

El magistrado cifra en 218.759 euros el importe total de las licitaciones comprometidas entre los ejercicios que están bajo la lupa de los investigadores y recoge en su auto una serie de contratos por los que las empresas imputadas habrían pagado dichas comisiones a las fundaciones Catdem y Fórum Barcelona. De este modo, hace referencia a la adjudicación del contrato de recogida de residuos en el Ayuntamiento de Olot (Girona) de 2011 a la Fundación ACS (Urbaser) por 2,5 millones de euros. A cambio, la constructora abonó 60.000 euros justo antes de que se formalizara este acuerdo comercial. 

Con todo, no es la única donación registrada en los documentos incautados. Entre los años 2008 y 2011 las dos fundaciones recibieron de esta empresa un total de 390.000 euros. Además, los agentes se incautaron durante el registro en el domicilio de Jordi Durán Vall-Llosera, directivo de ACS, una serie de documentos que vendrían a demostrar esta práctica ilícita. Uno de ellos plasma el asesoramiento que presta Carles del Pozo Cerdà, gerente de CDC a Durán sobre lo que considera como la opción "más prudente y beneficiosa" para hacer llegar los pagos a la formación. "Para las dos partes es más prudente y beneficioso un donativo que un convenio", reza este correo electrónico intercambiado entre ambos.

Pagos fraccionados de hasta 45.000 euros

En la causa figuran igualmente cheques de los también imputados Grupo Soler, Copisa o Pasquina S.A. En relación a este último, destaca el juez los pagos de hasta 104.000 euros que los administradores de esta mercantil efectuaron a las fundaciones arriba mencionadas en el ejercicio de 2014 si bien los fraccionaron para no abonar cuantías superiores a los 45.000 euros. El auto recoge prácticas similares de Ayesa Engineyeria i Serveis S.A, Asteisa Tratamiento de Aguas, Construcciones ICMA Proakis y Elecor S.A todos ellos relativos al ejercicio 2010. 

Los contratos suscritos eran relativos a proyectos de nueva estación AVE Girona, de los centro de atención primaria Cap Ronda Prim de Mataró y de Prat de Lluçanes, de la construcción de tramos de carril bici en Barcelona ciudad, la remodelación de la avenida del Paralelo o la construcción del dique del este en el puerto. Precisamente, el magistrado instructor imputó al presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, tras asumir la competencia de este procedimiento que comenzó investigándose en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona).

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