Por primera vez desde que estallara el caso 'Lezo' en abril del año 2017, los principales acusados de la trama, entre ellos Ignacio González, Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid, accederán a sus propias grabaciones telefónicas que obran en el sumario del procedimiento.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional un disco duro y hasta cinco pen drives con todas las escuchas efectuadas por los investigadores durante el tiempo de instrucción de esta causa relativa a presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II.
De acuerdo con varias diligencias a las que ha tenido acceso La Información, además de los audios, las partes implicadas accederán igualmente a la transcripción de todas las grabaciones aunque de las mismas se han excluido las relativas a conversaciones entre los acusados y sus abogados, a excepción de las efectuadas a Villar Mir.
Tras recibir todo este material, el juzgado da tres días a los letrados de los investigados implicados para que lo recojan en sede judicial. Ellos son, además de los arriba mencionados, los exdirectivos de OHL Felicísimo Damián, Tomás Garcia Madrid y Rafael Martín de Nicolás.
Adjudicación del tren de Navalcarnero
Todos están imputados en la pieza número 3 de la trama en la que se investiga el presunto pago de una comisión irregular de 1,4 millones de euros al Gobierno de Madrid en el año 2007 a cambio de adjudicarse el proyecto de cercanías entre los municipios madrileños de Navalcarnero y Móstoles.
En su declaración en sede judicial, negaron tener conocimiento alguno acerca de esta mordida que presuntamente se efectuó desde México a una cuenta bancaria en Suiza a nombre de Adrián de la Joya, también investigado en la causa. Precisamente, el empresario sí reconoció ante el juez que tenía que hacer llegar esa cuantía a Ignacio González pero que finalmente no transfirió los fondos porque tenía una cuenta pendiente que saldar con la constructora.
Querella en el Supremo
Las grabaciones en esta causa a Villar Mir provocaron una auténtica crisis dentro de la investigación después de que García Castellón, en connivencia con la Fiscalía Anticorrupción, decidiera no expurgar del sumario más de once horas de conversación entre el expresidente de OHL y su letrado.
La Sala de lo Penal respaldó su criterio al considerar que debía investigarse el contenido de la misma por si fuera constitutivo de delito. En su alocución, las partes hicieron referencia a una posible falsificación de un certificado médico para evitar acudir a una citación judicial.
En el lado opuesto se situó el Colegio de Abogados que respaldó de forma unánime al letrado de Villar Mir por vulneración del secreto profesional. Este, por su parte, fue más lejos y acabó querellándose contra el magistrado instructor ante el Tribunal Supremo, debido a su condición de aforado, por un presunto delito de prevaricación.
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