En apenas unos días Francisco González ha pasado de estar fuera del caso Tándem a figurar como investigado en la trama por los pagos del banco que presidió durante 18 años al entramado empresarial de José Manuel Villarejo. En menos de 24 horas la petición de la Fiscalía Anticorrupción acerca de que declare como imputado se materializó en un señalamiento para el próximo lunes, adelantando en plazos al propio representante legal del BBVA, cuya comparecencia en la Audiencia Nacional se ha postergado hasta en dos ocasiones.
El motivo por el cual los investigadores han acelerado las pesquisas contra Francisco González y otros cinco directivos del banco además del inspector retirado Antonio Bonilla reside en el avance de las diligencias practicadas hasta el momento en esta pieza novena de la causa, la cual permanece bajo secreto de sumario. El análisis de toda la documentación requerida al banco así como la entregada por el exdirectivo de riesgos Antonio Béjar ha permitido poner el foco en la entonces cúpula de la entidad desde la cual salieron pagos superiores a los 10 millones de euros para el entramado del comisario jubilado.
De este modo, esta pieza separada del caso Tándem suma, al menos, un total de 15 personas físicas imputadas y la entidad como persona jurídica. A los ocho directivos imputados el pasado mes de julio hay que sumar a la lista Juan Asúa (actual asesor de cabecera del BBVA), Eduardo Arbizu (exresponsable de servicios legales), Manuel Castro (exjefe de riesgos), Eduardo Ortega y José Manuel García Crespo (servicios jurídicos). Además, el magistrado también ha imputado al inspector jubilado Antonio Bonilla, el cual ya figura como investigado en otras piezas de la causa.
Cédula de citación
Tras la petición formulada por Anticorrupción, el Juzgado Central de Instrucción número 6 emitió una cédula de citación para cada uno de ellos en la que les notifica su condición de investigados y la necesidad de comparecer en sede judicial con un abogado para tomarles declaración (repartidos entre el lunes, martes y miércoles de la semana que viene). Al tratarse de una pieza bajo secreto de sumario, el escrito remitido a los acusados únicamente advierte de la necesidad de que comparezcan en la Audiencia Nacional en la fecha señalada ya que, "de no hacerlo, les deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho".
Ante esta tesitura, los ahora investigados pueden optar por acogerse a su derecho a no declarar, aunque, en lo que respecta a Francisco González, todo apunta a que se desmarcará de la estrategia adoptada por exdirectivos ya imputados como el exCeo Ángel Cano o el exjefe de seguridad Julio Corrochano y se prestará a responder a las preguntas de los investigadores, según fuentes jurídicas consultadas por La Información. De hecho, aunque se trata de una diligencia reciente, lo cierto es que desde que se imputara al banco el pasado mes de julio, el cerco se estrechó sobre la figura de su expresidente, el cual ya se vio obligado a dimitir de todos sus cargos el pasado mes de marzo tras el estallido del escándalo.
De este modo, González ha tenido tiempo para preparar su defensa y, muy probablemente, apele en su cita judicial a su presunción de inocencia y al desconocimiento del asunto como ya ha expuesto en sendos comunicados enviados a la prensa desde verano hasta ahora. El último, conocido tras la petición del Ministerio Fiscal, insiste en que su interés es el de colaborar con la Justicia "con la mayor transparencia y objetividad" y que desde dentro de la entidad se impulsó una investigación interna para esclarecer los pormenores de las contrataciones con Villarejo, el cual entabló relación laboral con el banco en 2004 y la mantuvo hasta el 2017, año del estallido de la operación Tándem.
La versión del BBVA
El último investigado en desfilar por la Audiencia Nacional será el propio banco. El magistrado le ha citado a declarar el próximo miércoles 20 de noviembre tras la ronda de los anteriores directivos y después de suspender su declaración hasta en dos ocasiones. Esto es así porque aunque se le citó en un primer momento para el 24 de septiembre, el magistrado Manuel García Castellón postergó la comparecencia del representante legal del banco al siguiente mes. Sin embargo, aunque estaba prevista el 10 de octubre, el instructor la volvió a anular justo un día antes coincidiendo con la visita en sede judicial de Antonio Béjar.
Se trató del cuarto interrogatorio del que fuera presidente de Distrito Castellana Norte, también imputado en esta pieza por estar al frente de un departamento implicado en los pagos a Villarejo. Aunque Béjar mostró desde el primer momento su intención de colaborar con el juez y los fiscales Anticorrupción, lo cierto es que no fue hasta esta última comparecencia cuando aportó documentación de gran relevancia para los investigadores. Béjar, que llegó a afrontar una petición de fianza de medio millón de euros que se le fue retirada, ha ido desguazando en todas estas visitas a la Audiencia Nacional su conocimiento sobre unos hechos que han provocado un duro golpe reputacional a la entidad que preside Carlos Torres.
Su departamento era el encargado de revisar las facturas que emitía el grupo Cenyt relativas a investigaciones patrimoniales que años antes corrieron a cargo de la firma estadounidense Kroll. De este modo, su equipo era el responsable de supervisar facturas remitidas a Cenyt y otras sociedades del grupo (como V & V Development) y controlar que los conceptos se ajustaran a los verdaderos servicios prestados. Lo que se indaga, entre otros asuntos, es si inflaron las facturas desde la entidad para retribuir económicamente al comisario por otros servicios de dudosa legalidad y vinculados a un espionaje prolongado en el tiempo mientras Villarejo estaba en activo en la Policía Nacional.
Entre ellos destaca la bautizada como operación Trampa. La misma consistió en 'pinchar' miles de llamadas telefónicas y hacer seguimientos a políticos, empresarios y periodistas que pudieran tener conocimiento del intento de asalto de Sacyr al banco. Pero no solo eso sino que también se habría encargado a Villarejo que vigilara muy de cerca al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por su lucha encarnada contra la entidad por las cláusulas suelo. Cabe destacar que el litigio entre ambos no se ciñe a esta pieza ya que el propio BBVA lideró la acusación ejercida contra Pineda en el 'caso Néstor' y el por el cual afronta una petición de Anticorrupción de 119 años de cárcel. Tras tres años de instrucción, el banco anunció por sorpresa que se retiraba del procedimiento dejando a la Fiscalía el mando de la acusación coincidiendo con la crisis que afronta por su implicación en 'Tándem'.
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