Adicae ya figura como víctima del caso Villarejo. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rectificado su decisión inicial y ha permitido que la asociación de usuarios de banca deje de figurar como acusación popular para ejercer en calidad de particular al entender que es una afectada directa de los espionajes que habría llevado a cabo José Manuel Villarejo desde sus empresas. Se trata de una decisión que respalda la Fiscalía Anticorrupción pese a que BBVA no solo no comparte ese criterio sino que sostiene que tratan de irrumpir en esta pieza del caso Tándem con fines "colectivos y difusos".
De acuerdo con la documental que obra en la causa, y a la que ha tenido acceso La Información, los hechos se remontan a julio del pasado año cuando la asociación que preside Manuel Pardo advirtió a la Audiencia Nacional que algunos de sus directivos habían sido víctimas de los espionajes del comisario jubilado. La solicitud se formuló amparándose en la existencia de un documento que remitió al banco el socio de Villarejo en Cenyt, Rafael Redondo. El receptor fue el entonces jefe de seguridad de la entidad, Julio Corrochano. El informe, que se envió en febrero de 2017 (año en que estalló esta causa) consistía en un documento de monitorización de cara a la Junta General de marzo de ese año.
"Todavía no se ha producido ningún hecho relevante, por lo que hemos aprovechado para identificar a los actores más activos", escribió Redondo a su interlocutor. El informe en cuestión identificaba "grupos activos de bajo seguimiento", entre los que se encontraba Adicae. El contenido analiza su perfil y concluye que su objetivo principal es luchar contra las cláusulas suelo y contra la venta de preferentes. El seguimiento que efectuaron les lleva a concluir que se produjo "una desaceleración en la intensidad y agresividad de sus acciones" a la par que también vaticinaron su previsible comportamiento de cara a la Junta de accionistas de marzo.
El informe se limita a recoger quienes integran la directiva así como sus acciones en redes sociales y en la vía judicial. No obstante, en su escrito remitido a la Audiencia Nacional, la asociación interpretó que había sido objeto de seguimientos de Villarejo y que tenía derecho a figurar como una víctima más de las que litigan en esta pieza novena del caso Tándem y entre las que se encuentran banqueros, empresarios o políticos. En un primer momento el juez admitió la personación como acusación popular (la cual no requiere una afectación directa) y les impuso el pago de fianza de 10.000 euros. Sin embargo, la asociación recurrió y el magistrado admitió su pretensión asegurando que se había tratado de un "error evidente".
Y ello pese a que el banco niega que, entre los servicios que contrataron con Cenyt, existiera alguno relacionado con el espionaje a esta asociación. "El contenido del informe permite constatar la ausencia de perjuicio irrogado a Adicae. La documentación obrante en las actuaciones no acredita la comisión de ningún hecho delictivo del que haya sido víctima dicha asociación. Por ello, no resulta procedente la admisión en condición de acusación particular", expuso la defensa de BBVA, la cual incluso asegura que "no se corresponde con la realidad" que el informe revele información sensible de los directivos puesto que, lejos de aparecer algún dato privado suyo, el seguimiento en cuestión se hizo de las redes sociales públicas de Adicae.
El expresidente Francisco González también se posicionó en la misma línea y dijo que, de una mera lectura del informe que envió Redondo al banco, se desprende que la actividad desplegada por Cenyt consistió "única y exclusivamente" en el análisis de la información obtenida en fuentes públicas, lo cual, no sería constitutivo de delito de revelación de secretos. De hecho, el escrito no se ciñe exclusivamente a Adicae sino que también pone el foco en otras asociaciones como Ecologistas en Acción, Komite Internazionalistak, la Plataforma Anti-Desahucios o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Despidos y cierres de oficinas
El informe aglutina no solo posibles asociaciones que podrían actuar contra el banco sino también situaciones que estaban teniendo lugar entonces y que podrían afectar a la Junta. En concreto detalla que el despido (que en algunos casos terminó en readmisión) de algunos empleados de BBVA así como la amenaza de cierre de oficinas podía ser motivo de protesta durante la Junta General. Por ello siguieron de cerca sus movimientos en redes sociales concluyendo que el sindicato CGT había manifestado su intención de acudir al acto y que estaba pidiendo la delegación de representación de accionistas. Igualmente también destaca las acciones de Kaos en la red (que define como "auto denominado medio de comunicación anticapitalista") por su campaña activa en redes sociales para atacar al banco que ahora preside Carlos Torres.
Con todo, entre los detractores a que Adicae obtuviera la condición de acusación particular no solo se encontraban los imputados en esta pieza. Luis Pineda, que figura como perjudicado por los espionajes de Villarejo, también se posicionó en la línea de la entidad y FG y expuso además que esta asociación no era tan beligerante en asuntos como las cláusulas suelo porque existía una relación entre las dos partes. En concreto hizo alusión a unos correos internos de la entidad sobre la existencia de un "primer contacto" con el secretario general de Adicae, Fernando Herrero, que, según considera Pineda, tendría como objetivo acabar con Ausbanc y con él mismo.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios