El caso Villarejo ha tomado un fuerte impulso después de que el magistrado que dirige la investigación, Manuel García Castellón, haya puesto fin a una de las patas que integran este macroprocedimiento. El instructor ha dado por concluidas las diligencias que se seguían en la pieza número dos, relativas a un encargo de espionaje que gestionó José Manuel Villarejo desde el bufete de Herrero y Asociados, y lo ha hecho procesando a un total de 14 personas. Sin embargo, y pese a figurar imputado, el juez ha librado del procesamiento a un exalto cargo del BBVA que filtró información confidencial de clientes del banco.
En su auto, García Castellón explica que no se puede seguir actuando contra el que fuera jefe de seguridad de la entidad César Bilbao pese a que él mismo admitió en sede judicial que facilitó información confidencial de las personas que estaban en el foco del Grupo Cenyt. Los razonamientos del magistrado consisten en que no existen suficientes elementos como para sostener que éste lo hiciera a cambio de dádivas o regalos así como tampoco consta que conociera el motivo ilícito de este asunto.
Cabe destacar que el exalto cargo de la entidad dio orden a un requerimiento que provenía de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional si bien, de acuerdo con los correos que obran en el sumario del caso, no se trató de una petición formal puesto que la persona que le solicitó los datos bancarios confidenciales de los espiados es el inspector jubilado Constancio Riaño, el cual sí ha sido procesado. En las comunicaciones, que se produjeron entre los años 2012 y 2013, Riaño le pidió en nombre de la Policía, datos sobre "la salud financiera" de Balder IP Law, la empresa a la que Villarejo estaba espiando.
De este modo, Bilbao respondió a su interlocutor facilitándole la información relativa a transferencias o al estado de determinadas cuentas bancarias. En la interlocución, Riaño hasta se refirió al comisario jubilado Enrique García Castaño, alias 'El Gordo'. El que fuera jefe de la UCAO, que se desligó por completo del encargo pese a su procesamiento en esta pieza segunda del caso, aparece en los correos en un momento dado cuando Riaño le asegura a César Bilbao que su "amigo" le lleva "loco" con el asunto. El magistrado instructor, que también investiga a exaltos cargos del BBVA y al propio banco incluido en una pieza separada, traza la línea aquí en lo que a Bilbao respecta evitando de este modo dejarle a un paso del banquillo de los acusados.
Sin embargo, sí actúa contra Villarejo, García Castaño y otras doce personas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. Cerca de tres años después de que arrancaran las pesquisas, los investigadores culminan esta pieza y dan el primer paso para sentarles en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. El magistrado se pronuncia en su auto recordando que los ahora procesados era conscientes de que éste no se podía entender como un encargo privado 'al uso' puesto que en las actuaciones del ya bautizado como 'clan parapolicial' se incluyeron la obtención de datos tributarios, bancarios y de otra índole de manera ilícita.
Los 'aguinaldos' del BBVA
De hecho, recuerda el magistrado el 'modus operandi' del entramado de Villarejo consistente en obsequiar con dádivas a funcionarios públicos que colaboraron en la obtención de los datos requeridos por el despacho Herrero y Asociados. En la cuantía final de 302.500 euros que abonó el bufete en el año 2013 se incluía parte de las dádivas que fueron a parar a algunos agentes implicados en estos trabajos gestionados desde el Grupo Cenyt. En este caso concreto cobraron del bautizado como 'proyecto Iron' García Castaño, Constancio Riaño, el subinspector de la UCAO Javier Fernández, además del funcionario de Hacienda Antonio Chaparro. Todos ellos están procesados por este encargo.
Sin embargo, no es la primera vez que salen a relucir los regalos que habría recibido el entorno del agente encubierto en el marco de estas diligencias. De hecho, en la pieza en la que se investiga al BBVA por presunta corrupción en los negocios constan numerosos correos electrónicos que vendrían a probar la buena relación de la entidad con algunos funcionarios de la Policía que recibieron durante más de una década dinero en efectivo, regalos y "aguinaldos" por la presunta información confidencial que, a cambio, otorgaban al banco sobre determinadas personas o clientes de la entidad.
Tanto es así que uno de ellos se le atribuye al propio César Bilbao. En el mismo apuntó a su interlocutora que le informaba "de la distribución de aguinaldos" para sus "colaboradores externos" de la Policía. En copia de este correo figuraban el exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano y el jefe de auditoría interna, Joaquín Gortari, de acuerdo con la documentación que obra en el sumario de la causa y a la que ha tenido acceso este diario. Precisamente, fue PwC la que 'destapó' estas comunicaciones de acuerdo con parte del 'forensic' aportado a la causa y encargado por la actual cúpula de la entidad para esclarecer los detalles relacionados con la contratación del comisario ya jubilado.
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